Cuando arranque la Orden Ejecutiva 2022-019 del COVID-19 el próximo jueves y el gobierno deje sin efecto los mandatos de vacunación, el uso obligatorio de mascarillas y la declaración de viajero, ¿qué pasaría con los casos pendientes en los tribunales?

La nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi entrará en vigor el 10 de marzo, el mismo día en que Zulma Figueroa Córdova y su esposo Luis Colón Colón deberán regresar al Tribunal de Primera Instancia de Carolina ante la imputación de violar la Orden Ejecutiva 2021-081 el pasado mes de enero.

A juicio del abogado y exfiscal Ernie Cabán, el matrimonio podría solicitar desestimar dicha violación, pero los cargos no relacionados a la orden ejecutiva continuarían su curso en el tribunal. En enero, el juez Wilfredo Viera Garcés encontró causa para arresto contra la pareja por rehusarse a completar la declaración de viajero, bajo el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al impedir a los funcionarios o empleados públicos el ejercicio de la autoridad de las obligaciones de su cargo. Actualmente están libres bajo fianza.

“Las órdenes ejecutivas, igual que las leyes, se aplican de manera prospectiva, pero cuando hay una ley o una orden ejecutiva que beneficia a la persona afectada por la implementación, el beneficio se aplica de manera retroactiva”, explicó.

“En este caso, la orden ejecutiva está dejando sin efecto la obligatoriedad del uso de mascarilla, el cernimiento, etcétera. Entonces, todo aquel ciudadano que esté en un proceso judicial o administrativo por violación a la orden ejecutiva vigente al día de hoy, puede reclamar el beneficio de la orden ejecutiva que empieza jueves para que se exima de responsabilidad, porque no se justifica que se imponga una sentencia o multa administrativa en un momento donde la conducta no está tipificada como delito”, abundó.

Puede que la conducta estuviera “tipificada como delito en el momento en que se cometió el acto, pero al momento de imponer la pena, ya esa conducta no constituía delito, y por tanto el afectado puede pedir que se le aplique la más beneficiosa, que es la vigente en el momento, que sería la del jueves”, precisó Cabán.

“Eso provocaría la desestimación de los casos administrativos que se estén viendo y que no sea final y firme la multa impuesta, y aquellos casos que estén en el tribunal en proceso relacionado a la orden ejecutiva, sobreviven los demás cargos que no tengan que ver con la orden ejecutiva”, dijo.

“No se dejen engañar”

Para la abogada Atabey Lamela Gandía, quien ha litigado en contra de la obligatoriedad de la vacuna, los reclamos aún no terminan pues Pierluisi no le ha colocado el punto final al estado de emergencia, como ya lo hicieron decenas de países y 28 estados de los Estados Unidos. “Los que han optado por mantenerlas, están en espera evidente del Plan Biden (National Covid Preparedness Plan) por sus beneficios económicos”.

“Al leer el comienzo de la Orden Ejecutiva 2022-019 del gobernador Pedro Pierluisi, resalta a la vista que declarara que desde 12 de marzo de 2020 ‘nos encontramos en un estado de emergencia’. Por tanto, la misma no pone fin a la emergencia local, como muchos esperábamos”, expresó.

“Aunque se sintiera en todo Puerto Rico un cierto alivio, descansó su decisión meramente en un razonamiento del ‘momentum’ sobre la taza de positividad de 4.28% y hospitalizaciones entre un 1 a 3%. Como cuestión de hecho, so color de ley 20-2017 no delegó la continuación de medidas en la Asamblea Legislativa, sino decidió delegar en el secretario de Salud, la continuación de guías, protocolos, futuras medidas en otros espacios, y se reservó las determinaciones sobre la vacunación de niños. Posteriormente, se recurre al lenguaje de las recomendaciones, no basadas en el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), para que tanto entes gubernamentales como privados ejecuten por medio de su propia discreción, abriendo la puerta a un arcoíris de reglas por establecimiento, incluida la posibilidad de continuar el cernimiento como el VACU-ID y las pruebas. La Sección 8 conserva el poder sobre las futuras órdenes ejecutivas y determinaciones de la emergencia en un consorcio entre el secretario de Salud, la Secretaría del Gobernador, y legales, de alguna manera conservando para ellos la revisión judicial”, explicó Lamela Gandía.

“El ‘show’ no ha terminado hasta que cante la última el Congreso o nuestra Legislatura. Ya 22 estados han prohibido por legislación el que se requiera prueba de estado de vacunación en cualquier escenario, y 17 han prohibido que se exija vacunación de estudiantes. No podemos dejar descansar nuestro estado de derecho en la Orden 19. Normalidad, uniformidad y la igual protección de las leyes es a lo que debemos aspirar como sociedad”, urgió.

“Muchos falsamente se sentirán confiados de abandonar sus reclamos, pensando que son académicos. No se dejen engañar. La Orden 19 le ha abierto las compuertas a la incertidumbre, a la subjetividad de las decisiones de la empresa privada, y un adiós a los derechos oponibles al Estado. Sin educar a la población de que omicrón y su progenie ya no representa una amenaza mortal a la población, le hemos dado la bienvenida al miedo individualizado, y a una venidera avalancha de demandas entre individuos, patronos y negocios por ejercer su ‘discreción’. El lavado de manos de Poncio Pilato llegó con la Orden 19 del desorden post-COVID-19″, manifestó la abogada.

Ayer el gobernador omitió su opinión en cuanto a la demanda que presentaron las legisladoras del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz, y su posible eventualidad de que también se torne académica.

“Yo no voy a opinar en cuanto al caso, ese caso ahora sigue su curso, los abogados lo atenderán”, dijo Pierluisi sobre la demanda a la que se unió la Cámara de Representantes.

“Hemos prevalecido en todos los casos, hemos sido muy juiciosos, se ha hecho el estudio legal antes de yo emitir cualquier orden ejecutiva sobre este tema, como digo en todos hemos prevalecido, así que en ese estoy seguro que ese será el caso”, sostuvo en conferencia de prensa.

La Comisión de Derechos Civiles ha reiterado a la Legislatura que atienda los parámetros de las órdenes ejecutivas relacionadas al coronavirus, pues según el ente gubernamental, ponen en entredicho los derechos civiles y constitucionales.