Sin cabida la política partidista.

Para que la Legislatura pueda reorganizar la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), con la calidad y mística que la caracterizó por varias décadas desde sus orígenes, debe rescatar el postulado de que su personal no se involucre con actividades político partidistas.

El consejo lo da alguien con conocimiento de causa, la licenciada Rosa Bell Bayrón, que llegó a la OSL en 1969, como parte del equipo de asesores legislativos mayormente integrado por mujeres, hasta 1985, para luego trabajar durante dos años con la Comisión de Ética Gubernamental del Senado y de ahí pasar a dirigir, hasta el 1991, la División de Legislación del Departamento de Justicia bajo el secretario Héctor Rivera Cruz.

“El éxito de la OSL y del asesoramiento legislativo en general en aquellos tiempos -que la realidad era que jugaba un papel importante en el trámite legislativo se debía a que esos asesores legislativos eran personas que tenían como norte superar sus propias ideologías políticas, religiosas, que su trabajo fuera sólo estuviera guiado a proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, precisó.

La también ex vicepresidenta del Colegio de Abogados consignó que esos asesores legislativos “se esmeraban en que el legislador que les encomendaba una tarea quedara bien, sin importar a qué partido pertenecía”.

Consignó que la OSL recibió “un golpe de intervención político partidista”, después de 1993, en que por primera vez se despidieron asesores legislativos y personal de apoyo que llevaban años laborando allí, únicamente por su afiliación política”. Ese incidente, precisó, “marcó el inicio de la politización y la pérdida de confianza” en la OSL.

Bell Bayrón fue abordada por PRIMERA HORA ante el costo millonario, $42 millones, que la actual Asamblea Legislativa ha pagado en contratos de asesoramiento este cuatrienio, a pesar de tener la OSL.

Antes, recuerda la veterana abogada experta en trámite legislativo, los asesores legislativos realizaban su labor “anónimamente, porque no les gustaba ni querían salir en las noticias ni contestar a la prensa, a menos que tuviera la encomienda de quien les daba la tarea”.

“La carta constitutiva de la OSL tenía y decía que, entre los deberes de su personal, que no podían involucrarse en actividades político partidista y, ahora, es todo lo contrario”, afirmó.

Al alejarse la OSL de ese postulado, agregó, es que “se comenzó a perder la confianza” en esos asesores. “Lo más importante para el respeto recíproco entre el asesor y el legislador, que si es electo, era saber que su asesor superaba cualquier preferencia política personal”, dijo Bell Bayrón.

En aquellos años, indicó que era un prestigio ser asesor legislativo en la OSL, las consideraciones económicas eran secundarias y se ganaba igual o menos que en el resto de las plazas de asesores legislativos del Ejecutivo. “Eran puesto de confianza, no había permanencia, pero no estaban atados a partidos políticos. Había cambios de administración y los abogados de Servicios Legislativos se mantenían en sus empleos. Los nuevos legisladores que llegaban sabían que los asesores legislativos de la OSL les iban a servir bien”, recordó Bell Bayrón.

Hizo claro que cuando se hablaba de asesor legislativo, no necesariamente la preparación era de abogados ya que “había personas que por el tiempo que llevaban trabajando en la Legislatura, por el servicio profesional que tenían y la experiencia adquirida, se convertían en peritos en proceso y técnica legislativa, en ambos”.

Taller de educación.

La letrada dijo que la OSL era “un taller de educación práctica, porque en la oficina siempre había gente nueva, gente de mediana experiencia y gente con mucha experiencia”.

Las responsabilidades se compartían, relató, la encomienda que recibía uno de los asesore se consultaba con los otros asesores y el personal de apoyo, “casi en una experiencia colegiada y eso era el éxito”.

Explicó que para la experiencia que se repetía, que era recurrente, ya había unas estrategias y estudios previos que se podían suplir en poco tiempo al legislador de cuáles eran las debilidades y fortalezas de lo que quería plasmar en legislación.

“Había también mucha comunicación productiva entre los asesores legislativos de la Legislatura con los asesores legislativos que habían en las agencias del Ejecutivo”, puntualizo.

Sobre todo, dijo que esa apertura era “bien beneficiosa” cuando se trataba de proponer enmiendas o reformas a leyes muy técnicas, como las contributivas, la de seguro por desempleo, la de incentivos industriales, de sustancias controladas, en que “uno podía consultar a la agencia con jurisdicción y ellos advertían las dificultades que podía tener una enmienda que proponía el legislador”.

De antemano, agregó, se advertían los errores de la propuesta, la duplicidad, problemas de implantación, conflicto con otras leyes y programas, y si había que descartarla de plano por problemas de constitucionalidad, además del costo económico de su implantación versus el beneficio.