A petición de sectores que han expresado preocupación con el Proyecto de la Cámara 715, que busca clasificar como doble asesinato en primer grado la muerte violenta de una embarazada y el feto que lleva en el vientre, la medida se abrirá a vistas públicas a principios de junio.

Sin embargo, la pieza legislativa podría sufrir enmiendas en su trámite en la Comisión de lo Jurídico para sustituir la palabra “nasciturus” por “concebido”, el que se define como “un miembro de la especie Homo sapiens, en cualquier etapa de gestación que se lleva en el útero de una mujer, para propósitos penales del Artículo 93 (asesinato) del Código Penal”. También, se eliminaría el doble delito que se buscaba tipificar cuando se trata del asesinato de una embarazada.

La medida, que de ser aprobada se convertiría en la “Ley Keishla Marlen”, estaba incluida hoy en una vista de consideración final (mark up sesión), pero el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, dijo que ante la falta de un consenso entre el autor, el representante independiente Luis Raúl Torres y otros legisladores, así como de reclamos de organizaciones que abogan por los derechos de la mujer, la pieza legislativa será llevada a vistas públicas.

Torres Cruz radicó el proyecto de ley el 4 de mayo de 2021, pocos días después de que las autoridades federales acusaran al boxeador Félix Verdejo por el asesinato de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada.

El Código Penal de Puerto Rico clasifica este tipo de agresión violenta como un solo asesinato, delito que conlleva una pena carcelaria fija de 99 años, pero puede conllevar agravantes. Sin embargo, a nivel federal, la acusación contra Verdejo, además del asesinato de Rodríguez Ortiz, incluye el acto de “matar a un niño sin nacer”.

Torres Cruz dijo que no tiene reservas con las enmiendas, excepto con la que elimina el doble asesinato.

“Las enmiendas que ellos hacen a mí no me molesta ninguna, porque se atemperan al Código Penal, pero lo que sí me incomoda es que no se logra el propósito original de la medida que es que se considere como doble asesinato como en la jurisdicción federal”, indicó el legislador independiente. También indicó que solicitó a la Comisión que la medida vaya a vistas públicas para que todas las partes interesadas “a favor o en contra” tengan la oportunidad de expresarse.

“Hemos recibido bastantes preocupaciones de miembros de la Comisión y vamos a estar sacándolo del mark up que estaba propuesto y vamos a solicitar más memoriales de organizaciones que están interesadas en el tema y vamos a estar convocando vistas públicas”, dijo el representante Aponte Rosario.

Al preguntársele por qué la medida no se había llevado a vistas públicas, el legislador indicó porque inicialmente había un acuerdo con el autor “de hacerle unos cambios sustanciales de manera que pudiéramos respetar la intención del autor, pero a la vez, atender las preocupaciones de las personas que habían sido convocadas y los miembros (de la Comisión)”.

Sin embargo, sostuvo que “no fue posible conciliar la intención del autor de la medida con las preocupaciones de sectores que se han manifestado sobre el proyecto”.

Aponte Rosario mencionó que el Proyecto Matria expresó objeciones a la medida y algunos legisladores, que no quiso identificar.

En su carácter personal, el legislador popular dijo que la figura de nasciturus (por nacer) “trae mucha preocupación porque en el Código Civil se establece que es una persona que vive desprendida del vientre materno y en la medida en que se le reconocen derechos adicionales a esta figura trae controversia”.

Dijo que él comulga con “la intención de darle unas protecciones adicionales a la mujer embarazada, intensificando como un agravante el hecho de causarle la muerte o hacerle algún daño a una mujer embarazada, pero hay que tener mucho cuidado con las preocupaciones que traen los miembros de la Comisión y organizaciones de que se sigan reconociendo derechos a esa figura que se le conoce como nasciturus”.

Aponte Rosario también dijo que el Código Penal ya establece en un capítulo como agravante de cualquier delito el hecho de que la víctima esté embarazada. “Parecería que eso ya está debidamente regulado o protegido y que no hace falta enmendar el artículo que define el asesinato porque ya de por sí la mujer tiene una protección, pero el autor de la medida tiene el deseo que sea bien específico en cuanto al delito se asesinato se refiere”, indicó.

“En un tema tan complejo y que genera tanta discusión pública el que no se haya llevado a vistas públicas… es una forma de emular al Senado de Puerto Rico con el Proyecto 693 y segundo, cuando uno se lee la única ponencia disponible, que es la de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), esta levanta una serie de interrogantes sobre las consecuencias que puede tener este proyecto en términos de las definiciones que se establecen, los conflictos con el Código Civil y el tema constante del derecho de las mujeres de tomar decisiones sobre su cuerpo”, expresó, por su parte, el representante.

“Cómo es posible que este proyecto se haya llevado así, sin ningún tipo de vistas públicas. Me alegra que se comience un proceso de discusión”, cuestionó por su parte el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

Dijo que SAL, en una ponencia sometida a la Comisión, levanta “una serie de interrogantes sobre las consecuencias que puede tener este proyecto en términos de las definiciones que se establecen, los conflictos con el Código Civil y el tema constante del derecho de las mujeres de tomar decisiones sobre su cuerpo”.

Según la SAL, la medida legislativa tendría consecuencias drásticas sobre el derecho penal y va en contra del derecho al aborto. “Si el ánimo es prevenir actos extremos de violencia de género no tiene por qué arriesgar derechos fundamentales de la mujer en el camino”, sostuvo el organismo en el escrito.