El Estado Libre Asociado debe incluirse en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras que permite a municipios y empresas públicas de Estados Unidos declararse en bancarrota para solucionar el problema de su deuda, según los abogados estadounidenses Clayton Gillete y David Skeel.

Los dos expertos legales señalan en un artículo conjunto difundido en la edición de hoy del diario "The New York Times" que la solución al problema de la gigantesca deuda de $73,000 millones que arrastra la isla pasa por la extensión del Capítulo 9 a Puerto Rico.

Gillete y Skeel, de las universidades de Nueva York y Pensilvania, respectivamente, recuerdan en el artículo que el Congreso estadounidense permite a los estados que autoricen a sus municipios y empresas públicas a declararse en quiebra, una posibilidad de la que Puerto Rico carece debido a una enmienda de 1984 a las leyes de bancarrota que dejó fuera a la isla.

"El Congreso podría mejorar enormemente las perspectivas de la isla para su recuperación mediante la ampliación del Capítulo 9", indican los abogados en el artículo.

Subrayan que si el Congresono da la posibilidad a las corporaciones públicas de la isla y sus municipios de poderse acoger a la bancarrota las probabilidades de que la solucionen sus problemas financieros "solo son remotas".

"La solución está en la ley de quiebras, que exige que todos los acreedores que acepten una reestructuración aprobado por la mayoría de los tenedores de deuda. El problema para Puerto Rico es que sin acceso a la quiebra los acreedores que no acepten una quita no pueden ser obligados a aceptar los términos de una reestructuración", destaca el artículo.

Se recuerda que algunos de los bonos de Puerto Rico están en manos de fondos que creen que la reestructuración se puede evitar, entre otras razones porque la Constitución de la isla establece como obligación el pago de su deuda.

El artículo se extiende además sobre la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla de crear una Junta de Control Fiscal que opere como una dependencia independiente que supervise la implantación del plan para salir de los problemas financieros de la isla.

Los abogados recuerdan que ese tipo de organismos ya fueron utilizados en situaciones parecidas, en concreto en los casos de Washington en la pasada década de los 90 y Nueva York.

Señalan que esos organismos pueden funcionar, pero que requieren de un alto nivel de eficiencia e integridad.

García Padilla propuso la pasada semana reestructurar una deuda por valor de $47,000 millones (el 65 % del total) y pidió a los titulares de bonos que se le exima de pagar en los próximos cinco años unos $13,000 millones, el 72 % de los que debería abonar en ese periodo.

El plan va acompañado de medidas como el cierre de decenas escuelas públicas, el recorte del gasto sanitario y la reforma de la legislación laboral.