La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) rechazó este martes la propuesta de reactivar el centro de detención de inmigrantes de Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico, por ser una amenaza directa a los derechos y a la dignidad de las personas migrantes en Puerto Rico y el Caribe.

“La migración no es un delito. Exigimos soluciones humanas, no castigos disfrazados de logística”, aseveró la ACLU en un comunicado tras las declaraciones de Rebecca González, agente del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de Estados Unidos en Puerto Rico, sobre la posible reapertura de las instalaciones, como parte de una estrategia federal para acelerar procesos de deportación.

“Reabrir un centro de detención masivo en nuestra región representa un retroceso moral, legal y humanitario. Lo que se busca con esta actuación es legitimar la iniciativa del presidente Trump de criminalizar a las personas migrantes en violación a la Constitución de los Estados Unidos”, esgrimió el documento de la unión.

En este sentido, la ACLU denunció la “autodeportación” como una política promovida con incentivos monetarios.

A su juicio, “llamar voluntario a un proceso impulsado por miedo, precariedad y falta de opciones legales reales es cruel. Toda persona tiene derecho al debido proceso, al acceso a representación legal local y a que su caso sea atendido con la rigurosidad que merece, no con la premura de una cuota no reconocida oficialmente”.

“Puerto Rico no debe convertirse en un enclave estratégico para la detención y deportación de comunidades vulnerables del Caribe y América Latina”, zanjó la ACLU.