La crisis energética que vive el País no aparenta arrojar luz al final del túnel, pues la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) todavía no ha presentado la documentación requerida para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), autorice el desembolso de $9,600 millones asignados por el Congreso de Estados Unidos para la reparación y modernización del sistema eléctrico de la Isla.

Pero, eso no es todo, sino que, al cumplirse un año de la otorgación de la billonaria cifra tras el desastre de los huracanes Irma y María, la AEE tampoco ha entregado información alguna al Departamento de la Vivienda para la utilización de los fondos de construcción CDBG-DR para la fase energética.

Así lo denunció la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, quien hoy se reunió con todo el componente energético del País, incluyendo al Negociado de Energía de Puerto Rico y al coordinador federal de Recuperación en Puerto Rico, José Baquero, con el propósito de discutir la situación energética en que se encuentra la Isla a donde las constantes interrupciones del servicio mantienen airada a gran parte de la población.

“Como ustedes saben, el Gobierno Federal, luego de los huracanes Irma y María, logramos en el Congreso la aprobación billonaria de fondos federales para reparar, restaurar y modernizar nuestro sistema eléctrico en Puerto Rico. Hoy se cumplen cuatro años del paso de Irma y María, pero creo que es importante recordar que previo al huracán Irma y María, en 2016 hubo un apagón general en Puerto Rico producto de un sistema eléctrico frágil, un sistema eléctrico que colapsó y posteriormente con un huracán”, mencionó.

“Ante esta situación, como hemos visto en las pasadas semanas que las privatizadoras generadoras como AES y EcoEléctrica también han tenido fallas momentáneas en los pasados días y ver que esto no se normaliza, he pedido a todos los componentes que tuviéramos una mesa redonda para saber dónde estamos, qué falta, cómo se han utilizado los fondos federales, qué falta de asignación, cuánto se ha desembolsado y cuándo se repara el sistema eléctrico”, sostuvo al señalar la participación de las empresas privatizadoras y del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, entre otros.

Sin embargo, el gran ausente a esta convocatoria fue precisamente la AEE, que también está citada para una vista congresional pautada para el 6 de octubre, a donde también se requirió la presencia de LUMA Energy.

“Lamento mucho que, siendo la agencia generadora de electricidad, no hayan estado dispuestos a discutir dónde están o qué necesitan. La primera preocupación que tengo es que la AEE al día de hoy no ha recibido ni un solo centavo de fondos federales para los $9.6 billones de dólares que se asignaron porque ellos no han sometido a FEMA ningún plan para su uso, todavía no han peticionado el rembolso de esos fondos pues tienen que someter una documentación. Esto va a atrasar todo el proceso de arreglar las plantas en Puerto Rico”, denunció.

“Los fondos CDBG tienen seis años para ser utilizados. El gobierno de Puerto Rico va a presentar su plan de CDBG a enero del año que viene y se le pidió a la AEE entregar su información en una fecha que venció en agosto 30 y todavía no lo han sometido. Eso habla de cuán poco comprometida pudiera estar la AEE en hacer que las cosas pasen”, reveló.

Asimismo, González Colón reiteró que a la fecha, justo al cumplirse el cuarto aniversario del desastre ocasionado por María, la corporación pública no ha utilizado ni un solo centavo del dinero asignado.

“Me preocupa que de los $9,600 millones de dólares asignados se han usado cero al día de hoy y que no veo en un corto plazo la utilización de esos fondos hasta que la AEE someta esa documentación a FEMA y eso no ha ocurrido y le tomará un tiempo a FEMA para poderlo manejar”, expuso.

“Lo mismo ocurre con los fondos CDBG-DR de construcción para la fase energética que todavía no ha habido desembolso alguno federal porque la AEE no ha sometido al Departamento de la Vivienda la información necesaria para poderla someter”, agregó.

De otra parte, la comisionada residente adelantó que recomendará al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que comience a trabajar con los proyectos pequeños de mantenimiento, tales como el cambio de generadores, trasformadores y “cambio de ‘breakers’ de alta capacidad”.

“Logramos identificar áreas a donde hay mucha necesidad en Puerto Rico, y le voy a recomendar al gobernador es que en lugar de apuntar a los proyectos de reparación grandes de AEE y LUMA, es que empiecen a trabajar con los proyectos pequeños de mantenimiento como la transformación de cambio de generadores, cambio de transformadores, cambio de ‘breakers’ de alta capacidad y no esperar a la instalación de plantas costosas o de sistemas nuevos de energía que pudieran tardar demasiado tiempo en estar en efecto”, manifestó.

“Son cosas que hay que hacer de manera inmediata y que hay que mandarlas a hacer… no es que estén disponibles en el almacén para instalarse inmediatamente”, agregó al mencionar que la petición de estos materiales no es tan fácil como parece pues algunos “hay que mandarlos a hacer y pueden tardar hasta un año”.

Por su parte, el coordinador federal de Recuperación en Puerto Rico aclaró que luego de la asignación de $9.6 billones el año pasado, la AEE deberá someter los alcances de trabajo que definen exactamente qué proyectos van a hacer.

“Esa fase que ellos están haciendo de diseño lo que le permite es someter un alcance de trabajo más completo que pueda ser evaluado por FEMA. Ya la parte de asistencia pública está aprobada, lo que hay que ver es que cumplan con las leyes ambientales que es un requisito de FEMA y, de ahí cuando ellos someten eso, subastan, empiezan a someterle a COR3 solicitudes de rembolso que van contra esos $9.6 billones”, explicó.

“Usualmente los proyectos de FEMA tienen un término de cinco años desde que es obligado y nosotros sabemos en FEMA que muchos proyectos que tiene la Autoridad que son complejos y que van a tomar más tiempo y al término de cinco años se consideran solicitudes de extensión de tiempo para esos proyectos complejos”, detalló el término de cinco años comenzó en septiembre del 2020.