En su ruta por terminar el contrato por servicios médicos que reciben los confinados a través de Physician Correctional, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones Rivera, reveló que hay unas 11 empresas interesadas en acoger el millonario acuerdo y que estas tienen hasta el próximo domingo, 20 de julio para presentar su oferta.

Con su expresión, el funcionario hizo constar que la demanda que presentó Physician Correctional el pasado lunes en la noche no ha detenido los planes del gobierno de buscar un sustituto.

“Nosotros no nos detenemos. No podemos descansar buscando lo mejor para la población correccional, sea en el tema de salud, sea en el tema de alimentos, sea en el tema de rehabilitación. Así que nosotros no vamos a descansar, seguimos para adelante”, aseguró el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en el Complejo Correccional Bayamón 501.

Fue el pasado 1 de julio que Corrección notificó a Physician Correctional los planes de cancelación del contrato. La empresa contrató el bufete de los abogados Antonio “Tonito” Andreu y Frank Torres Viada para defenderse.

Torres Viada informó a Primera Hora que esperan por una próxima citación del tribunal a una vista para que atienda con rapidez la parte en la que reclaman que se paralice el proceso que realiza Corrección de buscarle un sustituto a su cliente y “mantenga el status quo”.

Pero, el gobierno prosigue con sus planes para sustituir a Physician Correctional. El secretario Quiñones Rivera habló de falta de atención de la empresa situaciones médicas de los reclusos como excusa para cancelar el contrato. Hizo alusión al caso de un preso al que no se le atendía un problema con una muela.

“Yo no quiero tener que recibir en mi oficina una queja de una madre diciéndome que su hijo tiene hace un año un asunto en una muela, que no es atendido, y que se resuelve cuando el secretario decide a las horas de la noche ir a esa institución de Ponce, ir a la celda de ese confinado y al otro día se resuelve el problema. Yo creo que es innecesario”, precisó.

Sin embargo, la gobernadora Jenniffer González Colón dejó claro su malestar con la empresa por el incidente registrado en el caso de Hermes Ávila Vázquez, quien cometió un feminicidio conta Ivette Joan Meléndez Vega mientras disfrutaba de un pase extendido concedido por Corrección por unas condiciones médica que no padecía, como ser paciente de SIDA y ser parapléjico.

En la investigación del caso, trascendió que un panel de médicos de la empresa analizó el caso. Nunca detectaron que el hombre podía caminar y no sufría de enfermedades terminales.

“Salió una persona (Ávila Vázquez) por una negligencia de esta corporación, salió públicamente, y cometió un asesinato. Eso fue en materia de discusión, en debates a la gobernación. Quiero recordarlo, porque no podemos olvidarnos de eso ahora. En aquel momento, yo dije que claro que se tenían que evaluar y claro que se tenían que cancelar. Pero eso no ocurrió en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio. El secretario hizo todas las averiguaciones y constató lo que él entiende da margen a una cancelación. Así que yo creo que es muy natural que estas compañías busquen litigar estos casos en los medios y busquen crear controversias públicas. Si ellos dicen que van al tribunal, en el tribunal se resolverá. Así que cualquier cosa que añadamos no va a hacer que la vida de la mujer asesinada regrese a la vida”, sentenció la gobernadora.

En su demanda, Physician Correctional aludió represalias político partidistas, ya que sus directivos apoyaron a Pedro Pierluisi a la gobernación. Pero, la gobernadora y el secretario rechazaron los argumentos.

Se le preguntó a Torres Viada si hay una razón más allá de asuntos políticos, pero insistió en que “el tema de discrimen político y supresión de expresión política es un tema o una razón legal para no cancelar un contrato”.

Recalcó que un contrato “no se puede dejar sin efecto alegando que es una promesa de campaña de la gobernadora”.

Expuso que el contrato con Corrección, de unos $11 millones anuales y que estará vigente hasta el 2028, establece unos mecanismos para cancelar un contrato y para darle tiempo a Physician Correctional de corregir los señalamientos que haga la agencia en su contra. Sin embargo, señaló que ese proceso no se cumplió.

También alegó que hablar de un caso en el que un confinado sufrió un problema con una muela “va de lo sublime a lo ridículo. Una anécdota traída por los pelos”.

Torres Viada también aludió a que Physician Correctional recibió un premio a principios de mes que le concedió el National Commission on Correctional Health Care, específicamente el Pinnacle Award, por sus servicios de calidad a la población correccional en la Isla. Señaló que fue el único estado o jurisdicción que alcanzó este grado de cumplimiento máximo.