La administración del presidente Donald Trump planea hacer más difícil obtener ayuda alimentaria a través del gran programa federal de asistencia alimentaria que atiende a aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses.

El gobierno afirma que la norma propuesta cerraría una laguna jurídica al dejar de permitir que algunas personas que reciben prestaciones del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) también califiquen automáticamente para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que es independiente.

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., que administra el programa, alrededor de 6.3 millones de personas podrían dejar de cumplir con los requisitos para recibir el SNAP para el año fiscal 2029 si el cambio propuesto entra en vigor. Esto se suma a los 5.5 millones de personas que ya han perdido los beneficios del SNAP durante el último año.

El plan se detalla en una propuesta de norma publicada el martes sobre cómo administrar el SNAP, y el gobierno está recabando comentarios del público hasta el próximo mes. Si se aprueba, la norma no entraría plenamente en vigor hasta dentro de unos dos años.

La propuesta aborda el vínculo entre dos programas federales

Se trata de dos programas federales distintos. El programa TANF otorga subvenciones federales a los estados, los cuales establecen sus propias normas de elegibilidad para distribuir dinero en efectivo y otros beneficios a las familias de bajos ingresos con hijos. Los ingresos de los beneficiarios varían según el programa y el estado.

Las normas federales suelen limitar los beneficios alimentarios del SNAP a quienes ganan menos del 130% del nivel de pobreza, lo que equivale a poco más de 1,700 dólares al mes para una persona o casi 3,600 dólares para una familia de cuatro miembros. Para reducir la burocracia innecesaria, el gobierno federal permite que las personas que ya reciben prestaciones del TANF califiquen automáticamente para el SNAP, aunque aún así deben presentar una solicitud.

Algunos estados han aprovechado esa elegibilidad automática para ampliar los beneficios del SNAP a personas que, de otra manera, tal vez no cumplirían con los requisitos. En 2009, la administración del presidente Barack Obama alentó a los estados a brindar a las personas un beneficio mínimo financiado por el TANF, como un folleto informativo o una línea telefónica de ayuda, como una forma de que pudieran calificar para el programa de alimentos.

Según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) del año pasado, cuarenta y un estados y el Distrito de Columbia cuentan con algún tipo de elegibilidad categórica de base amplia para el programa SNAP.

El primer gobierno de Trump propuso tomar medidas enérgicas contra esas tácticas en 2019. Sin embargo, esa propuesta fue retirada por el gobierno del presidente Joe Biden en 2021.

La última propuesta es más amplia y podría impedir que los estados basen la elegibilidad para el SNAP en prestaciones financiadas por el TANF, como la asesoría laboral o los vales de uso único para reparaciones de vehículos que permiten a las personas llegar al trabajo, señaló David Super, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown que ha estudiado el programa de ayuda alimentaria.

“El gobierno está proponiendo, básicamente, eliminar la flexibilidad que el Congreso otorgó a los estados para atender a las personas trabajadoras de bajos recursos”, dijo Super.

El programa SNAP también está vinculado a otros programas para personas de bajos ingresos

Formar parte de un hogar que recibe prestaciones del SNAP también hace que los niños en edad escolar tengan derecho a comidas gratuitas. El Departamento de Agricultura afirma que casi 1.8 millones de niños perderían ese derecho si su familia dejara de recibir el SNAP, pero que el 97% de ellos seguiría reuniendo los requisitos para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido a través de otro proceso.

Sin embargo, el gobierno afirma que algunos de los niños no recibirían los almuerzos, aunque cumplan con los requisitos, si sus familias no presentan la solicitud.

La propuesta llega en un momento en que el número de personas que reciben la ayuda ha disminuido drásticamente, y justo después de que los demócratas obtuvieran amplios avances electorales en todo el país.

“El público ha dejado claro que quiere que sus representantes electos se enfoquen en hacer que la vida sea más asequible”, señaló el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un instituto de investigación de políticas de tendencia izquierdista, en un análisis de la propuesta. “Sin embargo, la administración de Trump insiste en ponerles más difícil a las personas alimentar a sus familias”.

Ha sido un período de cambios para el programa de ayuda alimentaria

En julio, el Departamento de Agricultura, que administra el SNAP, informó que 36 millones de personas recibían la ayuda. Esa cifra representaba una disminución del 13% respecto al año anterior. Durante ese tiempo, otro requisito federal amplió la obligación de trabajar a más beneficiarios, incluyendo a quienes tienen entre 55 y 64 años y a los padres cuyos hijos menores tengan al menos 14 años.

La gran ley fiscal y de políticas de Trump de 2025, que amplió el requisito de trabajo, también exige que los estados comiencen a asumir aproximadamente tres cuartas partes del costo de su funcionamiento, en lugar de la mitad. Además, tendrán que pagar parte de los costos de las prestaciones si sus índices de error superan ciertos umbrales. Los demócratas del Congreso están presionando para que se retrase la implementación de ese cambio.

La nueva norma propuesta por la administración de Trump “es solo una de las muchas cosas con las que los estados están lidiando en este momento y que reducirían el acceso al SNAP”, dijo Carolyn Vega, directora de análisis de políticas del grupo de defensa Share Our Strength.

Al Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas le preocupa que el cambio en los requisitos de elegibilidad pueda provocar un aumento en las tasas de error de los estados, lo que los obligaría a asumir una mayor parte del costo de las prestaciones.

Patricia Anderson, profesora de economía en Dartmouth College, señaló que, de las diversas medidas que ha tomado el gobierno para reducir el SNAP, “esta parece la más razonable”, ya que algunas personas con ingresos más altos cumplen con los requisitos gracias a la elegibilidad categórica.

Pero dijo que se puede tener una conversación diferente sobre si los criterios de elegibilidad del SNAP son demasiado estrictos.