La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a través de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, advirtió al gobierno que la Ley 22-2021, que crea la Oficina de Enlace de la Comunidad sorda violenta la Ley Promesa debido a su presunto impacto fiscal.

Según Jaresko, utilizando cifras de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, la ley costaría en su primer año entre $400,000 y $500,000 y, entre $1 millón y $3 millones cada año subsiguiente.

“La Oficina Enlace con la Comunidad Sorda costaría menos que el salario de Jaresko, menos que el salario de ejecutivos de LUMA, menos de la mitad de lo que le regalamos a HMS Ferries cada mes. Pero la Junta dice q no podemos darnos ese lujo”, sostuvo la autora de la medida, la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

La Ley crea una oficina especializada, con presencia regional, que brindará servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias.

La nueva oficina estará adscrita a la Defensoría de Personas con Impedimentos, pero tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa, según se indicó en un comunicado de prensa.

En una carta dirigida a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Jaresko sostiene que el gobierno no ha identificado la fuente del dinero a utilizarse para financiar la iniciativa.

“Si el gobierno entiende que debe implementar esta iniciativa loable, tiene que determinar cómo la va a financiar. Ningún gobierno puede financiar todos los programas que valgan la pena mientras mantiene responsabilidad fiscal, particularmente uno que está enfrentando una crisis, como es el caso del Estado Libre Asociado. La JSF insta al gobierno a tener conversaciones para encontrar los fondos necesarios para que la Ley 22-221 pueda ser implementada en una manera que no viole el plan fiscal certificado”, indicó Jaresko.

Jaresko da a entender en la carta que la postura del gobierno es que la nueva oficina será financiada con recursos de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Sin embargo, en una reunión el 22 de agosto, el defensor interino de las personas con impedimentos, Gabriel Corchado indicó que la dependencia que dirige no tiene el dinero suficiente para implementar la nueva ley. Corchado indicó en ese encuentro que advirtió que la nueva ley tendría impacto fiscal y tanto la Aafaf como la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que en previas comunicaciones indicaron al ente fiscal que la ley no tendría impacto fiscal, en la citada reunión reconocieron que sí lo tendría.

Desde ese encuentro, indicó Jaresko, no ha habido más comunicación entre el Ejecutivo y la JSF sobre este tema.

“La JSF nuevamente quiere expresar su apoyo a la comunidad sorda de Puerto Rico y el propósito detrás de esta ley. Sus determinaciones no pasan juicio sobre los méritos o propósitos de la ley. La JSF apoya los esfuerzos del gobierno en facilitar una mejor comunicación a través de la creación de la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda. Sin embargo, debido a la crisis fiscal actual, iniciativas loables e importantes del gobierno como esta deben ser ejecutadas con responsabilidad y dentro de los límites del plan fiscal certificado y el presupuesto certificado”, indicó Jaresko.