En momentos de estrechez fiscal y cuando faltan los subsidios gubernamentales para auspiciar torneos de pequeñas ligas y otras actividades de recreativas, la Cámara de Representantes evalúa un proyecto de ley que busca castigar con una pena fija de seis meses de cárcel a los padres de un menor de 14 años que participe en colectas o pida dinero en las vías públicas.

La Policía y el Departamento de la Familia favorecieron la medida, que ya fue aprobada en el Senado, aunque reconocieron que la penalidad es muy severa.

“Lo cierto es que estas colectas y ventas representan en algunas ocasiones la oportunidad de continuar participando en esa actividad extracurricular que tanto bien le hace a su salud y a su formación como ser humano. Estos menores y sus padres, con toda probabilidad, no realizarían las mismas, si contaran con el capital para costear los gastos de participar en la actividad de su selección o tuvieran otra forma de allegar los fondos necesarios”, indicó la secretaria de la Familia, Idalia Colón, en una ponencia escrita.

Colón sugirió que se provea a estos niños y jóvenes alternativas más seguras de recaudación de fondos y que se decrete una moratoria de 90 días para divulgar el alcance de las sanciones ya que la pena de reclusión significaría que los menores pudieran quedarse sin la presencia de su custodio o cuidador.

Anamar Guzmán Vélez, asesora legal de la secretaria de la Familia opinó que aunque el menor esté acompañado por un adulto, hay maltrato porque dijo que el niño está expuesto al peligro en la vía de rodaje.

No obstante, recomendó que la medida incluya una disposición para que el Departamento de Recreación y Deportes en conjunto con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) expidan ciertos permisos para la recaudación de fondos en lugares seguros.

“Hasta donde tengo conocimiento no he visto ningún caso en que el Departamento haya hecho una remoción de un menor que esté en una colecta en una luz”, dijo Guzmán a preguntas de la presidenta de la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza de la Cámara, Luisa “Piti” Gándara.

 La legisladora le pidió a la abogada que en un plazo de cinco días le provea esas estadísticas. Igualmente le requirió información a la Policía sobre arrestos de menores en dichas circunstancias.

El inspector de la Policía, Jorge Hernández dijo que la Ley 22 de Tránsito prohíbe “hacer colectas de cualquier índole” en las vías de rodaje, pero reconoció que el estatuto “es letra muerta”. Indicó que el DTOP no ha aprobado el reglamento de rigor.

“La ley lo prohíbe (las colectas), pero no establece penas… con honestidad no se está ejecutando la ley, se está orientando a las personas”, sostuvo Hernández. También dijo que algunos municipios tienen en vigor ordenanzas municipales que autorizan estas actividades.

La asesora legal de la Policía, Yashira Vega Montalvo, aunque reconoció que la pena fija de seis meses de cárcel es alta, dijo que el tribunal tendría la discreción de imponer la reclusión o una multa de $500.00.

El representante Luis "Junior" Pérez consideró como excesiva la pena y sugirió que se sustituya la sanción por trabajo comunitario.

 “La mayoría de los equipos de pequeñas ligas y sus líderes nos ayudan a fomentar una mejor sociedad y no veo nada de maltrato”, sostuvo el legislador estadista, quien criticó a “los gobernantes” que quitaron los donativos legislativos, que se conocían como “barril y barrilito” y que según él, suplían estas necesidades comunitarias.

El representante, Manuel Natal sostuvo que había que buscar un balance.

 “Se me hacen difíciles estas prohibiciones absolutas cuando en la práctica no se va a hacer valer la ley”, afirmó.

Mientras otro legislador, Waldemar Quiles, dijo que si la Policía no hace cumplir la ley “sería como predicar en el desierto”.