Las agencias del componente fiscal del Ejecutivo se opusieron hoy a tres medidas legislativas que buscan eliminar o suspender el impuesto a los derivados del petróleo conocido como la crudita.

El Departamento de Hacienda, la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OGP) y la Autoridad Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), objetaron el Proyecto del Senado 776, el Proyecto de la Cámara 1903 y la Resolución Conjunta de la Cámara 574, medidas que fueron evaluadas en una vista pública ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

En una ponencia conjunta las agencias indicaron que “a pesar del fin loable común que comparten las tres medidas, en esta etapa, el Departamento de Hacienda, la AAFAF y la OGP no están en posición de endosar ninguna de las medidas, según están redactadas y sin estudios de impacto económico que las respalden”.

Recomendaron que previo a que la Asamblea Legislativa apruebe legislación de esta naturaleza realice un estudio ponderado de la realidad histórica, el trasfondo de los arbitrios, los impuestos de otras jurisdicciones de los Estados Unidos y obtenga un estudio de impacto fiscal y económico.

“De lo contrario se haría un flaco servicio a los puertorriqueños y podría dejar al Ejecutivo en una posición de indefensión en la eventualidad de que la Junta (de Supervisión Fiscal) determine impugnar la legislación”, dijo el subsecretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, quien leyó la ponencia. Le acompañaban, Nelson Pérez Méndez, sub director de AAFAF y Roberto Rivera Báez, director asociado del área de Política Pública y Legislación de la OGP.

Según Pantoja Rodríguez la imposición de estos arbitrios en Puerto Rico “existe en distintas formas” desde antes de la creación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en 1965 y reclamó también, que estados de los Estados Unidos tienen en sus esquemas contributivos arbitrios sobre la gasolina, el diesel y productos del petróleo crudo.

En torno al PS776, el funcionario dijo así mismo, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó en una carta al senador Juan Zaragoza Gómez, con fecha del 24 de agosto de 2022 que según su estimado preliminar, la medida tendría un impacto de $533.2 millones anuales y que la propuesta es inconsistente con la ley federal Promesa.

El PS 776, de la autoría del senador independiente, José Vargas Vidot, fue aprobado la pasada semana en el Senado; el PC 1903 es de los representantes populares, Ángel Fourquet Cordero, José Rivera Madera y Domingo Torres García y la RCC 574 del representante novoprogresista, Jorge Navarro Suárez.

Las medidas plantean que con el acuerdo de Alianza Público Privada entre la ACT y Albertis (Metropistas) para mejorar las carreteras de Puerto Rico y cubrir parte de la deuda de la corporación pública se hace innecesario mantener el impuesto a la crudita y mitigar el efecto del aumento en el costo de vida de los ciudadanos.

“De un análisis de estos tres proyectos, concluimos que es necesario ser más específicos sobre qué impuestos serán eliminados, pues hay distintos tipos de crudita, y si su reducción o eliminación pudiera ser parcial. La propuesta del Senado, específicamente, busca eliminar todos estos impuestos y arbitrios, lo que tendría un impacto negativo de mil millones de dólares al año. Sabemos que esto no cumple con lo estatuido en la ley PROMESA, y la Junta no le dará paso”, expuso Santa Rodríguez.

El legislador sostuvo que ninguno de los proyectos cumple con los parámetros de la JSF, pero dijo que serán referidas a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), para que realice un análisis sobre el efecto de la eliminación de, al menos, la última crudita aprobada en 2015. Agregó que esta ley produjo $127 millones en el año fiscal 2021 y $123 millones en 2022.

Santa Rodríguez dijo que espera tener un informe listo antes del 9 de noviembre de manera que la legislación, si alguna, pueda ser llevada a votación el último día para aprobar medidas en la presente sesión ordinaria.