La vista pública ante la Comisión de Gobierno del Senado sobre la Resolución 32, que ordenó una investigación sobre la implantación de la Ley 80 del 2020 y que establece el Programa del Retiro Incentivado y de Justicia para los servidores públicos, dejó como resultado una imagen de ineficiencia gubernamental que fue, precisamente, lo que los tres funcionarios que acudieron en representación de sus respectivos jefes de agencia dijeron una y otra vez ante los legisladores que no querían que se llevaran como impresión.

A pesar de sus reclamos de buenas intenciones y de que están decididos a trabajar en favor de los empleados públicos, la realidad que se vio a través de las ponencias, comentarios y respuestas, tal como señalaron los cuatro senadores que participaron en la vista, fue que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) no cumplieron con entregar la información que les habían solicitado sobre la implementación de la Ley 80 y, en cambio, se culparon unos a otros por la falta de cumplimiento.

La Ley 80 ofrece un programa de retiro incentivado a servidores públicos que cumplan con ciertos requisitos, otorgándoles una pensión de retiro vitalicia de 50% de su salario más alto en cualquiera de los últimos tres años previo a acogerse al programa, $100 mensuales para el seguro médico del participante hasta que cumpla 62 años, y la liquidación de licencias de enfermedad y vacaciones acumuladas al momento de acogerse al programa.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó su oposición a esta ley por considerar que era onerosa e inconsistente con el plan fiscal, y solicitó al gobierno más información sobre su impacto. Luego de recibir informes del gobierno, para agosto del año pasado, la JSF consideró que la información no era y solicitó al gobierno no dar paso a la implantación del programa de retiro incentivado.

Así las cosas, al momento, la implantación de la Ley 80 se encuentra detenida hasta que se precise cómo se cumplirá con la legislación sin afectar el funcionamiento del gobierno.

“El asunto que atiende la Resolución (32 del Senado) está mayormente ligado a la jurisdicción de la AAFAF, del Departamento de Hacienda, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la JRG (Junta de Retiro del Gobierno). Respetuosamente sugerimos a la Honorable Comisión que se solicite el análisis y los comentarios a los organismos aludidos”, dijo Dilia Nieves, asesora legal de la OATRH, al final de su ponencia.

“En aras de enriquecer el trámite legislativo de esta medida, recomendamos muy respetuosamente que esta Honorable Comisión solicité el insumo de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, así como la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por ser las entidades en mejor posición para abundar en torno a la implementación de la Ley 80-2020, una vez la JSF retire sus objeciones a la legislación”, dijo Jean Peña, asesor especial de la AAFAF, en la conclusión de su presentación.

“En estos momentos, la OGP se encuentra en el proceso de revisión, depuración y tabulación de la información provista por las agencias. Igualmente, la ASR (Administración de los Sistemas de Retiro) se encuentra validando que la información provista sea certera. Al culminar este proceso se le estará presentando a la JSF los hallazgos recopilados para que estos evalúen si la implementación de la mencionada Ley es consistente con el Plan Fiscal Certificado”, declaró Roberto Rivera Báez, asesor legislativo de la OGP.

A los senadores no les agradó que no se proveyera la información solicitada, que las agencias concernidas se pasara unas a otras la responsabilidad, y que no acudieran los jefes de agencia a dar explicaciones y en cambio enviaran representantes, uno de los cuales apenas llevaba dos meses en la agencia.

“Es importante esta vista porque vemos que cada agencia descarga responsabilidad sobre otras, y mientras, muchos servidores públicos que vieron en esto una oportunidad no pueden hacerlo”, reclamó el senador Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, añadiendo que muchos empleados incluso habían agotado días de vacaciones y hecho otros ajustes contando con que el plan de retiro incentivado se pondría en marcha.

Ruiz Nieves cuestionó además por qué las agencias tardaban tanto en suministrar la información, toda vez que los empleados interesados habían llenado un formulario, “y ha pasado un año de eso” y “esa data se debió someter a la JSF”. Agregó que “no podemos echar la culpa a la Junta cuando el gobierno no cumplió con entregarle la información adecuada”.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén sostuvo que “nos llamó la atención que en cada ponencia se echaban entré sí culpas”. Cuestionó además por qué no se daba un proceso de conversación y coordinación entre las agencias, y por qué no se establecía cuáles eran los servicios esenciales que debían recibir prioridad al momento de poner en práctica el programa de retiro incentivado.

“En el caso de AAFAF, me llama mucho la atención que la ponencia va citando legislación previa. Pero en lo que se refiere a la Ley 80, habla de la oposición de la Junta. Pero la misma Junta lo que dijo es que quería saber cómo se iba a hacer... y ahora es que se está diciendo cómo se va hacer, ahora es que se está haciendo el análisis del impacto”, condenó Rivera Lassén.

En términos similares se expresó la senadora Nitza Morán al señalar que “tenemos varias agencias que no se han comunicado entre ellas... tenemos que buscar la manera y las agencias tienen que cumplir con dar esa información”.

“La pregunta es cuánto tiempo le puede tomar a cada agencia recopilar esa información. Eso son cosas que creo que recursos humanos tiene. Tenemos que esforzarnos. No podemos cumplir con hacer justicia porque no podemos dar una información básica... Con lo que he vista en estas ponencias, que cada agencia mira a la otra y ni saben cuáles son las posiciones esenciales. Esto es cosa básica de economía y presupuesto”, reclamó Morán.

El senador Gregorio Matías también arremetió contra los deponentes y, tras indicar que más allá de cuestiones partidistas, “no estoy satisfecho con el trabajo de ninguna agencia”, afirmó que lo que veía era que se estaban pasando “la papa caliente”.

Matías también condenó la manera “caprichosa” en que la JSF continuaba pidiendo información para justificar su oposición a la Ley 80.

“Los empleados públicos están cansados de pensar que los estamos engañando. Vamos a implementar la ley y si (la JSF) quieren que vayan a los tribunales. Y si nos derrotan en el tribunal, pues nosotros los legisladores buscaremos otra forma. Pero vamos a luchar, como dijo el presidente (Ruiz Nieves) en un frente común. ¿Cuál es la lentitud? ¿Cuál es el miedo? ¿Eso es lo que esperan los empleados? Ya no más papeleo. Vamos a poner acción, vamos a enfrentarnos a ellos”, reclamó Matías. “Y yo los respeto, pero la próxima vez quiero ver a los jefes de agencia aquí”.

La Comisión dio a las agencias un plazo de cinco días laborables para que entregaran información sobre los empleados que se acogerían al programa, aquellas agencias que han fallado en proveer la información sobre esos empleados, el posible impacto de ese retiro potencial de sobre 10,000 empleados, el ahorro que supondría, así como otras cifras e información relacionada.