A juzgar por el desenlace hoy del proceso evaluativo liderado por el Senado, el proyecto de ley que pretender retirarle un mínimo de $165 millones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para mitigar temporeramente el alza en los servicios de agua y luz, podría tener las horas contadas.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) y presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, confirmó que la medida se llevará mañana, martes, a votación, pero anticipó que la pieza legislativa no tiene los votos necesarios para su aprobación.

“Mañana este proyecto estará en proceso de votación en el pleno del Senado. Yo vislumbro, por lo que veo, que este proyecto no tiene los votos”, señaló Aponte Dalmau.

Sostuvo que la medida no cuenta con el aval de la delegación de PPD. Tampoco cuenta con el de los senadores y senadoras del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ni de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). La principal reserva de los legisladores está dirigida a que la medida no identifica una fuente de repago de los fondos que se le pretenden retirar a la corporación.

“A todas luces no es un proyecto que tiene el aval del Senado”, insistió Dalmau tras concluir la vista pública celebrada en conjunto con la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por Ramón Ruiz Nieves.

A la vista pública de hoy fue convocado el componente fiscal que estuvo representado por Roberto Ramos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y Jean Peña Payano de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFFAF). El Departamento de Haciendo no participó.

Durante la vista pública, los legisladores intentaron sin éxito que los representantes del Ejecutivo identificaran cuál sería esa fuente de repago para devolverle a la CFSE los $165 millones que se le transferirían a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar los aumentos por el próximo trimestre. Esta cifra podría elevarse a $225 millones de concretarse una enmienda que presentó la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Alta.

Tanto Ramos como Peña Payano argumentaron que la CFSE cuenta con ingresos estables y reservas sólidas que exceden las cantidades necesarias para hacerle frente a sus obligaciones. Insistieron, además, que la extracción de este dinero no afectará los servicios que ofrecen a los trabajadores lesionados, el plan de retribución y clasificación para los empleados y, “mucho menos”, la operación de la instrumentalidad.

Aponte Dalmau sostuvo, sin embargo, que la CFSE tiene una deuda estructural de $1,400 millones, resultado, precisamente, de “malas decisiones como esta”. “Con todas las historias de horror financieras de administraciones de todos los partidos, vamos a volver a hacer lo mismo estando en un proceso de quiebra”, cuestionó.

“Aquí ustedes no han dicho de dónde va a haber una fuente de repago. Aquí, hay una excusa para regalarle $200 millones al gobernador para que baje la luz por tres meses…esta Asamblea Legislativa no le va a regalar ese dinero al gobernador”, subrayó Aponte Dalmau al señalar que el país está “harto” de garantías.

Peña Payano respondió que no se trata de un obsequio al gobernador, sino que están buscando “atender, implementar y controlar el alza del precio del combustible. “Sin duda alguna, hay personas que necesitan y dependen de este ajuste para comprar sus medicinas…y yo creo que eso hay que evaluarlo también”, insistió el representante de AFFAF.

Al momento el único lenguaje que incluye la medida va dirigido a facultar al administrador de la CFSE a “tomar aquellas medidas que sean necesarias para recuperar la inversión que autoriza esta Ley y/o tomar aquellas medidas necesarias en aras de garantizar la estabilidad fiscal de la Corporación”. Para algunos, estas oraciones no son suficientes.

Ruiz Nieves, por su parte, dirigió su línea de preguntas a la posibilidad de identificar otras partidas que pudieran reducir sustancialmente la cantidad de dinero que se le retiraría a la CFSE, como podría ser el uso de fondos federales. No obstante, los representantes del Ejecutivo indicaron que los $88 millones disponibles en fondos ARPA –utilizados previamente para estos fines- ya están destinados a otras finalidades.

El senador popular recordó, además, que, en una vista pública en la Cámara de Representantes sobre una versión previa de la medida, el administrador de la CFSE, Jesús M. Rodríguez, advirtió que hacer un movimiento de dinero de esta magnitud crearía “inestabilidad” en la dependencia. Entonces, el titular también sugirió un lenguaje que establecía que el gobierno respondería por el dinero retirado a través del Fondo General.

“Imagino que milagrosamente el administrador cambió de parecer…y todo lo que dijo en la Cámara desapareció por arte de magia”, añadió la senadora de MVC, Ana Irma Rivera Lassén. “No hay duda de que el cambio tiene que haber sido para que la Junta (de Supervisión Fiscal) no se metiera”, agregó.

Nitza Morán, la única legisladora del PNP que participó de la vista pública, argumentó que administraciones pasadas han retirado dinero de la CFSE para otros fines y, entonces, no se exigieron fuentes de repago. “Esto no es cuestión de colores, esto es cuestión de que estamos viviendo, entiendo yo, momentos muy difíciles…se trata de poder subsanar un servicio que ha aumentado nuestro costo de vida”, señaló la legisladora.

“El gobierno no puede seguir parchando. Tenemos que buscar alternativas reales para evitar esto”, enfatizó Ruiz Nieves.