Un agrimensor declaró hoy que en los terrenos del Camino del Indio, en y fuera de la Reserva Estuarina, en Bahía de Jobos en Salinas, “no hay parcelas, sino invasiones y segregaciones ilegales” y las agencias del gobierno encargadas de la otorgación de permisos no han tomado ningún tipo de acción.

“Que me desmientan con un permiso de uso o de segregación. Es bien sencillo…, legalmente no son parcelas, básicamente son invasores todos” dijo el agrimensor Carlos Vega Santos, quien trabaja por contrato desde 2011 con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y en 2016 rindió un informe que advertía sobre las ilegalidades.

“El Estado ha errado en este caso desde sus orígenes. Lamentablemente ha sido así, han arrastrado los pies desde 1971 (cuando comenzó la ocupación de los terrenos)”, sostuvo Vega Ramos, quien declaró bajo juramento ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara. Añadió que en el lugar se realizaron “segregaciones clandestinas ilegales y las personas, compraron sabiendo o no”.

El agrimensor explicó que se sometían autorizaciones, no permisos de construcción. “Es el Municipio el que endosa la actividad y OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos) es quien da los permisos”, dijo.

Vega Santos sostuvo que para efectos legales los terrenos en controversia solo constituyen una finca y dijo que las personas que actualmente ocupan solares en y fuera de la Reserva Estuarina no son propietarios, sino “comuneros”, porque los terrenos son parte de una misma finca que no ha sido segregada.

Recalcó que, aunque algunos de los lotes y casas quedaron fuera de la Reserva cuando el DRNA adquirió los terrenos en 1981, todas las construcciones en el Camino del Indio están dentro de la zona marítimo terrestre.

“Mi análisis es que nada de lo que está construido después de la comunidad Las Mareas debía estar ahí”, sostuvo el agrimensor, quien advirtió en el informe sobre las segregaciones ilegales, pero dijo que en las agencias del gobierno hubo “resistencia” a los hallazgos que plasmó en el documento. “La realidad legal es que esas personas nunca debieron estar ahí. Obviamente ocuparon, construyeron con ayuda o no del Estado. ¿Debieron estar allí? La contestación es que no”, reiteró Vega Santos.

“Es inacción de varias agencias del Estado que fueron cómplices de lo que tenemos hoy día allí”, dijo a preguntas del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El agrimensor detalló que de los 57 solares que hay en la finca, 20 están dentro de la Reserva Estuarina, pero hizo claro que ninguno de los lotes ha sido segregado “y todas las construcciones están en la zona marítimo terrestre”.

Mostró en la vista pública un plano que preparó de los terrenos, que ubican en el barrio Aguirre en Salinas. Explicó que el origen de la finca, denominada Monte Manglar, se remonta a 1898. Dijo que el predio comprende 1,148 cuerdas, de las cuales el DRNA compró 1,147 cuerdas.

En el turno de preguntas del representante novoprogresista Joel Franqui Atiles, Vega Santos dijo que en 2013, él mismo radicó una querella en OGPe por deforestación, relleno, corte de mangle y construcción de de rampas de muelles, pero no se atendió.

“El boom de la construcción allí comenzó en 2014. Se vio que las intenciones eran desarrollar el área y desde entonces, básicamente, se levanta bandera, pero eso no quiere decir que en la comunidad no haya habido otras invasiones”, sostuvo el agrimensor.

“Que se den a respetar, que tomen acción. Las agencias están dormidas”, dijo Vega Santos a las preguntas del representante independentista Denis Márquez Lebrón en torno a qué acciones se deben tomar.

Antes de declarar, el agrimensor pidió que la vista no fuera pública sino ejecutiva, porque dijo que eventualmente habría un caso ante el tribunal, pero la comisión legislativa determinó que prestara su testimonio públicamente.

Vega Santos culminó su testimonio cerca de la 1:00 de la tarde. La vista pública continuará a la 1:30 de la tarde con el DRNA, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y OGPe.

En la mañana, al iniciar la audiencia, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano, reclamó que “en los pasados días este asunto se ha tratado de politizar y hay que hacer la distinción entre los terrenos privados y públicos”.

Feliciano le otorgó un plazo de 24 horas a la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, para que presente pruebas de presuntas actividades sobre narcotráfico en Las Mareas y de políticos vinculados a esta actividad ilegal, como ha denunciado.