En un reto a las políticas antiinmigrantes aprobadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, el municipio de Aguadilla aprobó una ordenanza en la que se declara una Ciudad Santuario y prohíbe a sus empleados a colaborar con redadas o investigaciones contra personas con estatus migratorio no definido.

La legislación municipal fue aprobada por la Legislatura Municipal y firmada por el alcalde Julio Roldán el pasado 26 de junio, pero no es hasta hoy, jueves, que se da a conocer.

Se explicó, en declaraciones escritas, que la medida se aprobó para reafirmar el compromiso de Aguadilla con los derechos humanos y la protección de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

“Hoy nos posicionamos en el lado correcto de la historia. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, expresó Roldán.

La medida aprobada es la Ordenanza Número 82, Serie 2024-2025. La misma establece“una política de no colaboración con agencias federales de inmigración en acciones orientadas a la persecución de personas por razón exclusive de su estatus migratorio, except cuando exista una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública”.

También destaca que “nada en esta resolución limita la colaboración con agencias federales en investigaciones o intervenciones relacionadas con amenazas comprobadas a la seguridad pública, incluyendo casos de terrorismo, crimen organizado o narcotráfico, siempre y cuando exista una orden judicial válida”.

Esta política se aprobó pese a la amenaza del gobierno de Trump de cancelar fondos federales a aquellos que no sigan su directriz antiinmigrantes.

Además, se da a conocer días después de que la agente especial a cargo del HSI en la Isla, Rebecca González Ramos, lanzara una advertencia pública contra persona que intente obstruir o evitar arrestos migratorios.

“Los ciudadanos que interfieran con nuestro trabajo, y pongan a nuestros agentes en peligro van a ser procesados criminalmente”, advirtió en X.

Pese a las amenezas, el alcalde explicó que impulsó su propuesta para establecer protocolos que limitan la cooperación con agencias federales de inmigración como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), que opera bajo el HSI, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés).

“Esta iniciativa busca ofrecer una respuesta estructurada, solidaria y efectiva ante intervenciones del ICE en la región”, precisó el ejecutivo municipal.

En la explicación remitida a los medios de comunicación, el alcalde de Aguadilla detalló que la redacción de la ordenanza se guió por dos modelos diseñados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico. Explicó que el objetivo es la protección de los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes.

“A lo largo de este año Puerto Rico ha sido testigo de detenciones ilegales de personas inmigrantes, con un trato cruel e inhumano. Con el diseño de estas ordenanzas que tenemos disponibles para los 78 municipios de Puerto Rico, buscamos contrarrestar esa realidad”, sostuvo la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU.

“Apelamos al sentido de solidaridad que caracteriza al pueblo puertorriqueño, que no quiere ser cómplice de violaciones a la dignidad humana de nadie. Como organización no partidista, exhortamos a los alcaldes y legislaturas municipales a promulgar ordenanzas como las aprobadas por el municipio de Aguadilla. El momento histórico que vivimos requiere acciones urgentes y voluntad política fuera de líneas partidistas”, añadió.

De acuerdo con cifras oficiales del ICE, desde enero y hasta finales de junio los agentes federales habían arrestado al menos 716 personas inmigrantes, la inmensa mayoría sin récord criminal.

Un número indeterminado de detenidos ha sido llevado a Aguadilla, donde el ICE opera un centro temporero de detención. También en Aguadilla, el ICE operaba un centro de procesamiento que fue cerrado hace más de una década por alegadas violaciones de derechos humanos y civiles.

Roldán explicó que estas mismas denuncias hechas contra el ICE fue lo que llevó a la ACLU a contactarlo para diseñar esta ordenanza. La misma busca garantizar la confidencialidad de la información personal de los residentes y prohíbe expresamente la utilización de recursos municipales para apoyar operaciones migratorias arbitrarias, como las que se han reportado en Puerto Rico desde finales de enero.

Entre los aspectos destacados de la ordenanza se encuentran:

• Prohibición a empleados municipales de colaborar con redadas o investigaciones basadas únicamente en el estatus migratorio de una persona.

• Creación de un protocolo para el manejo de solicitudes de información por parte de agencias federales.

• Compromiso con el acceso igualitario a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

• Capacitación permanente del personal municipal sobre derechos de los inmigrantes y aplicación de la nueva política.

• La administración municipal reafirma con esta medida su visión de una comunidad que se construye desde la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, y se une así a decenas de jurisdicciones en los Estados Unidos que han adoptado políticas similares a favor de las comunidades inmigrantes.

Pero, la propuesta va más allá de limitar la cooperación con las agencias federales mencionadas. Crea un Equipo de Trabajo de Respuesta interdisciplinario que será activado cuando se identifiquen redadas o intervenciones con inmigrantes.

Este grupo se creó mediante la Ordenanza Número 83 y responderá ante cualquier tipo de redada o intervención indebida, con el objetivo de velar por los derechos de la comunidad de inmigrantes aguadillana.

Roldán Concepción indicó que el equipo estará compuesto por representantes de diversas dependencias municipales y tendrá como objetivo principal coordinar acciones de apoyo, orientación y protección a las personas impactadas por estas operaciones.

Entre sus funciones principales, el equipo deberá:

• Diseñar un Plan de Respuesta y Protocolo de Manejo ante redadas, en colaboración con organizaciones comunitarias y expertos legales.

• Brindar asistencia directa a personas detenidas o en riesgo, incluyendo acceso a servicios legales, sociales y programas de apoyo infantil.

• Coordinar acciones inmediatas tras redadas, incluyendo divulgación de derechos y apoyo a familias afectadas.

• Establecer canales de comunicación con otras oficinas municipales para ampliar la red de apoyo.

“Este equipo es una herramienta de justicia y humanidad. Aguadilla no permitirá que el miedo ni la incertidumbre desintegran a nuestras familias ni vulneren los derechos de nuestros residentes”, concluyó Roldán Concepción.