El capítulo puertorriqueño de la organización Amnistía Internacional denunció hoy, jueves, que las medidas fiscales del actual gobierno podrían amenazar los derechos humanos.

Irma Lugo, presidenta de la organización, opinó que la acción del gobierno de priorizar en estándares cuantitativos e indicadores económicos por encima de las necesidades básicas de la población podría poner en riesgo los derechos humanos.

"Esto no es un asunto de recursos, sino de prioridades. Antes de pensar en carreteras, edificios, e infraestructuras tecnológicas, debemos enfatizarnos en garantizarles a los menos aventajados servicios de salud y educación de excelencia, una vivienda adecuada y un trabajo digno", manifestó en un comunicado en el que expresó solidaridad con la Asamblea de Pueblo convocada para el viernes.

Para Lugo, esa Asamblea es un reclamo valido contra medidas adoptadas por el actual gobierno que podrían ir en detrimento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales proclamados en la declaración universal.

Criticó que muchas de esas medidas adoptadas se basan en la premisa de que estamos en crisis fiscal y en que ello justifica reducir o minimizar la participación del pueblo en la toma de decisiones.

"No existe justificación económica que valide la violación de un derecho humano, de hecho es precisamente el cumplimiento de estos derechos a su cabalidad lo que nos puede garantizar sobreponernos a cualquier crisis, sea fiscal, económica, política o social", expresó.

La manifestación, convocada por la coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, está pautada para partir desde el Puente Dos Hermanos a las 11:00 de la mañana y marchar hasta el Capitolio.

Según la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, las políticas de Fortuño ponen en riesgo los empleos de decenas de miles de empleados públicos y atentan contra el patrimonio nacional por vía de la privatización.