En una vista pública que reveló lo que un legislador describió como “una crasa negligencia en el cumplimiento del deber” por parte de los funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quedó claramente establecido, por las propias admisiones de los funcionarios que el procedimiento que se seguía para multar a los centros de inspección de vehículos por sus incumplimientos, al menos por los últimos cinco años, estaba fuera de ley y se cometieron numerosas irregularidades.

Todavía más, luego que se destapara el escándalo que ha desatado al menos dos investigaciones por el Departamento de Justicia y el proceso en la Cámara de Representantes que ha conducido a estas vistas públicas, quedó también claro que, desde julio pasado, cuando removieron al entonces director de Investigaciones e Inspección del DTOP, Arturo Deliz, no se están haciendo investigaciones a los centros de inspección, más allá de confirmar que tienen sus permisos al día, en lo que el DTOP corrige sus procesos para evitar que se repitan las irregularidades reveladas.

A la acalorada vista evitaron comparecer tanto el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, como el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, algo que fue catalogado de “inaceptable” por el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, el representante José “Cheíto” Hernández.

Inclusive, en una misiva que envió González Montalvo, y que leyó, el secretario asociado del DTOP, Marcos García, advirtieron que no estaban autorizados a declarar o contestar preguntas sobre asuntos que pudieran afectar de alguna forma las investigaciones en curso en el Departamento de Justicia, lo que provocó un receso para que los miembros de la Comisión dialogaran sobre cómo proceder. De acuerdo con los funcionarios, recién se habían enterado, por una carta que envió el Departamento de Justicia, que estaban llevando a cabo una investigación contra Deliz.

A la larga, sin embargo, los funcionarios sí contestaron prácticamente todas las preguntas.

Durante parte de los intercambios, García, y Marie Fuster, directora de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), admitieron que las multas, y en algunos casos suspensiones, que se emitieron contra al menos 68 centros de inspecciones se hicieron sin seguir el reglamento.

Reconocieron que, en muchos casos, no se le dio al dueño del centro copia de la hoja de inspección, no se le dio la posibilidad de ir a una vista administrativa, no se le presentaban los hallazgos de la investigación, entre otras situaciones que iban en contra del reglamento del DTOP.

Además, admitieron que, más allá del secretario o secretaria, no había ninguna otra persona facultada para ordenar el cierre de un centro.

Asimismo, establecieron que los investigadores no sabían cómo se establecían las multas, pues no participaban del proceso. Además, establecieron que tampoco podían negociarse las multas emitidas para que se hiciera un pago menor, como en efecto ocurrió en muchos casos.

En el caso particular de Fuster, quien está en el DTOP desde 2021, y fue supervisora de Arturo Deliz, indicó que su supervisión se limitaba a asuntos administrativos, y no intervenía en los asuntos investigativos, de manera que Deliz prácticamente no tenía supervisión alguna en cuanto a las investigaciones que llevaban a cabo contra los centros de inspección, y las multas que se imponían.

Por otro lado, según describieron funcionarios de Hacienda, el proceso de pago de la multa a Hacienda se hacía bajo un código que no permitía dar la visibilidad adecuada para saber que se trataba de una multa por faltas o incluso delitos de parte del centro.

Inclusive, los funcionarios del DTOP ni siquiera pudieron establecer si había un récord claro de los pagos de esas multas.

“Podemos ver que admiten que los procesos fueron irregulares, que no se cumplió con el debido proceso de ley ni el reglamento, como por ejemplo que ningún miembro del DTOP puede llegar a un centro de inspección y cerrarlo porque meramente haya encontrado alguna falla, y eso ocurría. Admiten que en efecto eso ocurrió, y que no debió ser así”, comentó Hernández, en un aparte con la prensa.

“También, los procesos que tuvieron con vistas administrativas, con las rebajas, que las rebajas de multas no son permitidas ni en ley ni en reglamento, y eso ocurrió también con los centros de inspección”, agregó.

“Así que yo puedo ya certificar que todo el proceso que tuvo el DTOP con los centros de inspección fue irregular, incorrecto y que posiblemente se violó o se violentó la ley y el reglamento, posiblemente no, se violentó la ley y el reglamento en este proceso”, sentenció. “Aquí se estaban dando negociaciones ilegales, sin dudas. Y lo puedo certificar porque no hay en reglamento y ley nada que permita que haya una negociación de multas, y sí las hubo. Y eso está claro, y está documentado por parte del DTOP. Así que evidentemente aquí hubo unas negociaciones ilegales”.

Particularmente sobre el tema de la negociación de multas, sostuvo que si algún funcionario del gobierno validó de alguna manera esa acción, como pudo haber sido el caso de la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, que figuraba como propietaria de un centro de inspección en Yabucoa, eso podría constituir un posible referido a las autoridades.

Hernández agregó que, no obstante, “los centros de inspección posiblemente incurrieron en faltas administrativas y en posibles comisiones de delitos”, algo que investigarían y darían a conocer en el informe que rinda la Comisión.

Sostuvo además que pedirían al secretario del DTOP “que cambie totalmente el reglamento, que haga uno nuevo”, y someterían sus observaciones a esos fines, como que las inspecciones a los centros sean más frecuentes y no una vez al año como supuestamente se estaba haciendo.

A la pregunta de cómo se podría proteger al público para que no sea víctima de prácticas indebidas en los centros de inspección, mientras toda esta situación se dilucida, Hernández afirmó que “tenemos que enmendar leyes y reglamentos”.

Aseguró que, más allá de todo este proceso, buscan asegurar que “la gente tenga certeza de que cuando van a un centro de inspección no están haciendo nada ilegal, y que tengan tranquilidad de que si tienen un accidente van a estar cubiertos porque hicieron los pagos”.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón afirmó que, “en esta etapa, lo que veo es una crasa negligencia en el cumplimiento del deber por parte de los funcionarios del DTOP en todos los niveles”.

“¿Es que no hay nadie en el DTOP que no sepa cómo se llevan a cabo los procedimientos de imposición de multas administrativas? ¿Qué no hay nadie que lo sepa? Es que es una vergüenza”, cuestionó el legislador independentista, visiblemente molesto, indicando que “ahora acaban de descubrir lo que, con una mirada, cualquier estudiante de derecho, o cualquier división legal podía haber descubierto que es que no se podía hacer así”.

“Yo estoy no solo sorprendido, también indignado. Qué bueno que van a corregir los asuntos. Pero esto tiene unas consecuencias para el erario, para los procedimientos, para reclamaciones”, sostuvo Márquez Lebrón, indicando que, por un lado el gobierno podría haber obtenido miles de dólares en multas que podría tener que devolver toda vez que están admitiendo que las multas se impusieron de manera irregular, y por el otro, si en efecto había conductas ilegales de los centros, que debían probarse siguiendo el debido proceso de ley, probablemente se trate de delitos que ya habrían prescribieron y entonces “pues no hay nada que hacer”.