La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pagó $17,665 dólares de forma ilegal a un contratista que realizó mejoras de seguridad en la carretera 129, entre Arecibo y Lares, reveló la más reciente auditoría de la Contraloría de Puerto Rico (OCPR).

De acuerdo al informe de cuatro hallazgos, sobre el que la contralora Yesmín Valdivieso, emitió una opinión cualificada, los $17,665 por trabajos que no estaban incluidos en las partidas originales del contrato y que se realizaron antes de ser aprobados por el director ejecutivo. El contrato original firmado en el 2016 para realizar mejoras a la seguridad de la carretera PR-129 entre Arecibo y Lares era de $2,992,000, cantidad que aumentó a $3,784,018, tras la aprobación de siete enmiendas.

Otros hallazgos de la auditoría revelan que la ACT no mantuvo un control adecuado de los servicios subcontratados y realizados antes de ser aprobados. El director del área de construcción no se aseguró que el contratista cumpliera con lo establecido en el Manual de Especificaciones. Además, la Autoridad no obtuvo la evidencia de que el contratista haya cumplido con el Disadvantage Business Enterprise Program. Este programa del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, tiene el propósito de garantizar que no se discrimine en la adjudicación y administración de contratos de construcción.

Del examen realizado, se halló que la Autoridad no supervisó el cumplimiento del contratista ya que éste ajustó sin autorización el importe de los trabajos subcontratados, y remitió hasta tres años más tarde la evidencia de desembolso a los subcontratistas. Los funcionarios de ACT tampoco habrían cumplido con revisar la reglamentación interna de la agencia sobre estos proyectos. Además, la ACT pagó el trabajo de 12 proyectos relacionados con la montura de rótulos y señales viales entre el 2016 y 2017 sin la firma del inspector.

El administrador del proyecto tampoco habría preparado las minutas de las reuniones realizadas, y presentó el informe diario de actividades tres años y medio más tarde, incumpliendo con sus responsabilidades. Esta situación tiene el efecto de que la ausencia de estos documentos limita el alcance de los trabajos de la Oficina del Contralor y de otras entidades fiscalizadoras.

La auditoría de la OCPR comprende el periodo de años entre el 2015 al 2020.