Los recientes casos de abuso infantil que han trascendido públicamente, entre ellos el de una adolescente de 13 años agredida sexualmente por su progenitor y el de una menor de 15 años que aparentemente la mantenían encerrada en su hogar bajo condiciones no adecuadas- son solo un reflejo de la crisis que atraviesa el país en este tema, advirtió un grupo de expertas.

“Luego de dos años de la muerte de Jeiden, la violencia infantil y juvenil continúa ascendiendo. Según datos del Negociado de la Policía en lo que va del año nueve menores de edad han sido asesinados en Puerto Rico, entre ellos una niña de dos años”, puntualizó Irene Rial, presidenta de la Coalición Paz para la Niñez.

Jeiden Elier Santiago, de 8 años, murió hace dos años tras recibir heridas de gravedad durante un incidente de abuso, por el cual su progenitor, Jonathan Santiago, se declaró culpable. El segundo caso al que hace referencia Rial, reportado en junio de este año, es el de una pequeña de dos años que falleció al ser sometida a un patrón de abuso sexual y maltrato por parte de su padre y madre.

Rial, junto a otros portavoces de la Coalición Paz para la Niñez, emplazaron ayer a la Asamblea Legislativa para que aprueben el Proyecto de la Cámara 1333, una medida para establecer, por mandato de ley, un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico.

“El proyecto de ley es un llamado, es un emplazamiento, es un trabajo de lo que hemos vivido, de lo que he conocido aquí, y es que la violencia sexual y la violencia infantil, la tortura contra la niñez, es parte de esta sociedad y hay que erradicarla”, señaló el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez, autor de la medida junto al representante popular Jesús Manuel Ortiz.

La medida, radicada hace dos años, está ante la consideración de la Comisión de Reglas y Calendario de la Cámara, lista para ser llevada a la consideración del pleno. Cuenta, además, con un informe positivo de la Comisión de Gobierno de dicho cuerpo legislativo. “Creo que es momento para que, de una vez y por todas, se lleve a votación este proyecto y se declare un estado de emergencia”, aseveró Márquez.

El Proyecto de la Cámara 1333, explicó el legislador, contiene un conjunto de mandatos al gobierno, incluyendo la recopilación de estadísticas precisas, el desarrollo de protocolos uniformes, condiciones dignas para los trabajadores, la creación de un consejo asesor y le ordena a las agencias públicas a trabajar en conjunto la problemática.

“A pesar de la legislación vigente para prohibir el maltrato infantil mediante la Ley 246, vivimos una crisis que aumenta vertiginosamente. Es imperativo que la Asamblea Legislativa, como parte de su compromiso de velar por el mejor bienestar de los menores y protegerle…apruebe el proyecto”, subrayó Rial.

Yanira Cardona, directora del Centro de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (Cimva) en el Hospital Pediátrico, destacó las secuelas de este tipo de violencia no solo en la vida y desarrollo físico y emocional de ese menor, sino también en la sociedad.

A corto plazo, señaló, las investigaciones apuntan a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y depresión, entre otras consecuencias. A largo plazo, no obstante, puede afectar la percepción que tiene esa víctima de sí misma, sus relaciones interpersonales, la confianza y el manejo de las emociones, así como puede implicar el desarrollo de trastornos de personalidad que pueden terminar en conductas delictivas.

“Veo como cada día hay unas situaciones más crónicas en nuestra sociedad como parte de no trabajar a tiempo las situaciones de violencia contra nuestra niñez”, dijo Cardona.

Datos del Instituto de Estadísticas, agregó, apuntan a que entre en 2018 y 2022 en la isla se reportaron más de 5,000 casos de maltrato. Mientras, para el 2021, la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía identificó 1,225 casos de abuso sexual contra niños, mayormente entre las edades de seis a 15 años.

“La violencia sexual contra los menores representa uno de los más importantes problemas que atenta contra la estabilidad social debido a su potencial de destrucción, dado que promueve y genera nuevos círculos de violencia que obstaculizan, distorsionan y alteran el desarrollo integral de los individuos por las consecuencias e implicaciones en la salud mental y física”, subrayó Cardona.

El grupo coincidió en que la “indignación” que ha causado en el país los recientes casos de maltrato infantil no puede quedarse en una emoción, sino que tiene que transformarse en acción.

“Cuántas Gabrielas y cuántos niños tienen que morir porque no hemos hecho nada. Tenemos que destaparnos los ojos. Se necesita la voluntad y la seriedad de los gobernantes para comprometerse a asignar los fondos y hacer lo que hay que hacer”, aseveró Brenda Mirabal, especialista en maltrato, al hacer referencia al caso de una menor de 13 años que fue llevada sin vida a un hospital de San Sebastián por un hombre de 27 años que alegó ser su pareja a pesar de que la menor no tenía edad para así consentirlo.