Al detallar cuáles fueron los procesos en los que adquirió las propiedades que aparecen bajo su nombre en el municipio que administra, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, rechazó este viernes haber creado una corporación para adquirir infraestructura declarada como estorbo público por el ayuntamiento.

Para probar sus argumentos, informó que suscribió una declaración jurada. Además, solicitó a varias agencias gubernamentales e investigadoras que inicie pesquisas en su contra para que se demuestre que no cometió ninguna irregularidad.

“Hoy estoy haciendo la solicitud formal al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico que investiguen dichas alegaciones. Quienes hacen las alegaciones, mi llamado es a que no se limiten a suposiciones, que presenten las pruebas que tengan. Ante un estado de ley y orden, no se puede estar mancillando reputaciones por puro gusto. Hacer pantomimas de fiscalización no le hace bien a nadie”, sostuvo en conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación de Alcaldes en San Juan.

También pidió al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que “haga investigación de las posibles propiedades de este servidor que puedan estar a nombre mío y su procedencia”.

Ortiz Velázquez indicó que “en la misma carta (que emitió a las agencias) estoy pidiendo que una vez hagan su investigación lo hagan público”.

El alegato del alcalde es que es víctima de un acto de “corrupción de la palabra” en la que se le achaca aprovecharse de su cargo para comprar propiedades que el municipio había declarado como estorbo público. Dijo que las alegaciones lo que buscaban era dañar su reputación.

Según desglosó el alcalde, en la actualidad posee ocho propiedades bajo su nombre, pero que en total llegó a tener 11.

Si el pueblo entiende que el alcalde, por haber comprado unas propiedades, no merece ser el alcalde del pueblo, pues el pueblo adjudicará.

-Rolando Ortiz Velázquez, alcalde de Cayey

Las dos propiedades en controversia fueron compradas a través de una corporación que creó el alcalde a principios de año, llamada MCBRIDGE, LLC. En varios reportajes periodísticos se alegó que tales propiedades habían sido declaradas estorbos públicos y que las adquirió mediante un acuerdo con el municipio que dirige.

La conferencia de prensa la hizo, de hecho, para aclarar el modo en que compró estas propiedades en el área urbana de Cayey, específicamente en las calles Núñez y José de Diego.

“Ninguna son propiedades abandonadas adquiridas mediante el municipio de Cayey”, sostuvo.

Explicó que ambas propiedades las adquirió mediante subasta pública, realizada por la empresa De Show. Dijo que no están en mal estado y que se rentarán a través de la corporación que creó, a recomendación de la cooperativa en la que hizo la hipoteca.

Además, posee una propiedad en el barrio Cercadillo, la cual compró “cuando era estudiante”. Dijo que la compró a la sucesión Martínez Burgado y que no puede utilizar. El área fue declarada reserva natural.

También posee propiedades en el barrio Sumido, la cual “adquirí en negociación con sus dueños”; una en el barrio Culebra, que “adquirí en venta de propiedades de De Show”, así como otra en el barrio Quebrada Arriba, que obtuvo mediante “negociación directa a través de financiamiento cooperativa”.

En el área urbana posee otras dos propiedades. Dijo que una la compró a una personalidad en su pueblo, conocida como Uvita, así como otra que adquirió de la sucesión de los hermanos Varela, que incluye al representante José “Conny” Varela.

Además, indicó que en el divorcio se quedó sin dos de sus propiedades durante la división de bienes gananciales. Estas eran en Praderas y en Jardines II. Mientras, informó que vendió otra propiedad que poseía en el barrio Carite de Cayey.

El hogar donde reside, en la barriada Polvorín en Cayey, sería la propiedad número 12. Sin embargo, no es de su dueño, sino es parte de una sucesión familiar en la que “tengo una participación”.

Tras hacer el desglose, el alcalde informó que no demandará a ninguna persona que haya transmitido información errónea sobre sus propiedades y la manera en la que las adquirió.

“La evaluación final será del pueblo. Si el pueblo entiende que el alcalde, por haber comprado unas propiedades, no merece ser el alcalde del pueblo, pues el pueblo adjudicará. Al final, a mí me corresponde haber aclarado una situación”, concluyó.