“Nosotros estamos claros y sé que vamos a prevalecer”.

Estas fueron las palabras del saliente alcalde de Ciales, Luis “Rolan” Maldonado Rodríguez, al salir ayer, martes, del Tribunal de Arecibo tras haber sido citado a comparecer a una vista en la que se determinaría si se paralizaría permanentemente el proceso de aumentos de sueldos a empleados de confianza que inició el pasado viernes.

La vista en contra de Maldonado Rodríguez responde a una petición de interdicto temporero presentada por el entrante alcalde popular Juan José Rodríguez Pérez, en la que se alega que el actual mandatario municipal había convocado una sesión extraordinaria en la Legislatura Municipal con la intención de aprobar una ordenanza que le permitiera ubicar en plazas permanentes a sus empleados de confianza y aumentarles el sueldo.

“En ningún momento hemos estado creando plazas nuevas, no estamos haciendo nombramientos, ni estamos atornillando a nadie”, aseguró Maldonado Rodríguez.

“Cuando yo entré (como alcalde) no pudimos traer gente de afuera y lo que hicimos fue coger personal de carrera y ponerlos en puestos de confianza, y ahora le estamos devolviendo su trabajo original con un diferencial de hasta un 10 por ciento. Eso no viola ninguna ley”, explicó el alcalde penepé, que tomó las riendas del municipio cialeño en el 2004.

No obstante, la posición del alcalde electo es que durante el período de veda electoral no se puede dar aumentos de sueldos a empleados de carrera.

“Al mover empleados de confianza a empleados de carrera, automáticamente aplica el principio de méritos y ese aumento sería ilegal porque ocurriría durante la veda electoral”, dijo Francisco del Valle, abogado del candidato popular. “El cambio de personal se puede hacer, lo que no se puede hacer es aumentarle el sueldo”.

Por su parte, el abogado de defensa, Manuel Herrero García, aseguró que no se le estaría aumentando el sueldo a los empleados una vez fueran reinstalados en sus posiciones antiguas, sino que más bien se podría ver como un incentivo para compensar la diferencia en salario que tendrían.

“Una vez estos empleados sean devueltos a sus posiciones de carrera, su sueldo jamás se podría comparar con el que tenían en sus puestos de confianza, así que esto es un mecanismo para que no se vean afectados”, explicó en sala. La bonificación, dijo, no representaría mayor inconveniente para el presupuesto municipal puesto que se trata solamente de un grupo de 15 empleados.

Mientras, el señalamiento por parte de Rodríguez Pérez se fundamenta en el Artículo 11.014 de la Ley de Municipios Autónomos que exige a las autoridades nominadoras a abstenerse de “efectuar cualquier transacción de personal que envuelva las áreas esenciales al principio de mérito tales como nombramientos, ascensos, traslados, descensos, reclasificaciones, cambio en sueldos y cambios de categoría de puesto y empleados” dos meses previos a los comicios generales, y hasta después del mes de enero siguiente a las elecciones.

Otra de las preocupaciones del alcalde electo es saber cómo se verán afectadas las finanzas del Municipio -que actualmente presenta un déficit que ronda los $4 millones- con estos aumentos de sueldo.

“Entendemos que el daño está en que el presupuesto del municipio va a ser grabado, se va a hacer una derogación de fondos contraria a la ley en pleno procedimiento de transición cuando todavía no se nos ha brindado la información de las arcas municipales y cuán afectado se verá el presupuesto”, agregó.

El juez Santiago Cordero Osorio se reservó el fallo y emitirá por escrito a las partes su resolución del caso durante los próximos días.