El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, insistió este miércoles en la necesidad de que se impongan mayores controles a las auditorías que realiza la Oficina del Contralor, y reclamó ante el Senado la aprobación de un proyecto de ley que obligaría a esa entidad a utilizar exclusivamente los estándares que utiliza el gobierno estadounidense al examinar el manejo de fondos federales. 

Por entender que añade certeza y uniformidad a los procesos, Rodríguez defendió el Proyecto de la Cámara 1824, que extendería a la Contraloría las normas de auditoría recogidas en la publicación “Generally Accepted Government Auditing Standards” (GAGAS), conocida también como el “Yellow Book”.

“Somos los primeros en reconocer que la Oficina del Contralor es una piedra fundamental en la vigilancia de una adecuada administración de los fondos públicos. Pero toda facultad, todo poder, debe tener unos pesos y contrapesos. Estos no pueden estar sujetos a la arbitrariedad y a una descontrolada discreción de un investigador o auditor sin que preexistan bases concretas y preestablecidas que fundamenten esa opinión”, argumentó el ejecutivo municipal durante una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado.

“Es altamente necesaria la aprobación de u a ley que requiera en forma compulsoria una evaluación programada, preestablecida y periódica de la administración de los fondos públicos y que esa legislación establezca con toda claridad lo que se espera de los resultados obtenidos como producto de esa auditoría”, abundó Rodríguez, quien acudió acompañado del abogado y exsecretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz.

En una comparecencia previa, la contralora Yezmín Valdivieso, rechazó la propuesta legislativa del representante Efraín De Jesús al argumentar que atenta contra la independencia y las facultades fiscalizadoras de esa entidad, garantizadas por la Constitución del Estado Libre Asociado. La funcionaria dijo al organismo legislativo, a finales de septiembre, que las normas de auditoría que utiliza la oficina que dirige toman algunos conceptos de los estándares federales.

Sin embargo, el alcalde de Mayagüez criticó este miércoles que las unidades auditadas por la Oficina del Contralor no tienen certeza, durante el proceso, de las normas que aplicarán, e insistió en que las GAGAS proveerían unos criterios claros que fomentarían que se respete el debido proceso de ley en las auditorías. 

Según Rodríguez, las fallas procesales que podrían ocurrir por falta de transparencia en las auditorías del Contralor podrían provocar que no prosperen en los tribunales los casos en que se señalen posibles violaciones de ley en el manejo de los fondos y de la propiedad pública. Mencionó que, en una ocasión, solicitó que se le detallaran las normas que regirían a los auditores, y se le negó la petición.

“Necesitamos una Oficina del Contralor que fortalezca las investigaciones criminales y que no las afecte por haber viciado, envenenado o dañado las fases iniciales de dichas investigaciones”, subrayó Rodríguez, quien ha reclamado que se acojan las reglas federales desde la década de 1990.

La excontralora Ileana Colón Carlo, quien ocupó el puesto entre 1987 y 1997, se opuso tajantemente al proyecto con el argumento de que las limitaciones que impondría a la Oficina del Contralor violentan la Constitución y representan una intervención impropia.

“La Constitución y la Ley 9 (Ley Orgánica de la Oficina del Contralor) dan amplia facultad al Contralor, no excluyen ni imponen el uso de normas o estándares específicos que limiten de forma alguna los criterios de este para realizar el programa de intervenciones de la oficina. La limitación que se pretende es inconstitucional e impropia. Es como si se enmendara la Constitución con una ley, lo cual no es propio en derecho”, sostuvo Colón Carlo. 

El senador popular Ángel Rosa, presidente de la comisión legislativa, dijo que la comparecencia del alcalde mayagüezano le aclaró algunos puntos relacionados con la intención de la pieza legislativa, y adelantó que le incluirá enmiendas -que no precisó- antes de llevarla a votación. 

“Creo que ahora tenemos una idea más clara del alcance e intenciones del proyecto. Vamos a intentar hacerle una serie de enmiendas a ver si podemos tenerlo listo antes del término de la sesión”, dijo el legislador a este medio.

La sesión legislativa concluye el 17 de noviembre, pero el último día de aprobación de medidas es el 12 de noviembre.