Los propietarios o administradores de alquileres a corto plazo en San Juan tendrían que pagar entre $100 a $500 por un permiso para operar en la capital, si se llegara a aprobar una medida municipal radicada por el alcalde Miguel Romero Lugo.

Así lo informó el Primer Ejecutivo Municipal a miembros de la prensa en una mesa redonda en la que trascendió que en San Juan hay actualmente 3,792 alquileres a corto plazo activos, tan solo en plataformas como Airbnb y Vrbo. Se aclaró que del total de propiedades, el 83% opera bajo Airbnb, un 4% con Vrbo y un 13% en una combinación de ambos.

La información, obtenida por el alcalde a través de la base de datos digital AirDNA, destaca que entre las propiedades hay 3,225 que son alquiladas completamente como casas o apartamentos. El restante son cuartos alquilados dentro de una propiedad habitada por el dueño o arrendador. Se señala, además, que en promedio la tarifa diaria por noche fluctúa en $150 y el ingreso medio de estos alquileres es de unos $2,434 mensuales o casi $30,000 al año.

“Esta iniciativa busca armonizar y crear un balance entre esta actividad económica y los intereses de las comunidades donde ubica...quiero aclarar la medida no busca proponer un impuesto ni arbitrio sobre lo que generan las personas que realizan estos alquileres. Lo que queremos es establecer una licencia y un registro que nos permita velar porque se cumpla con las leyes y propiciar que estas actividades se puedan dar de manera ordenada”, sostuvo el alcalde de la capital al agregar que el registro también permitiría que el municipio vigile que los alquileres a corto plazo cumplan o no choquen con los reglamentos de asociaciones de residentes de urbanizaciones o condominios.

Esta no es la primera vez que se intenta regular la operación de los alquileres a corto plazo en la capital pues, el pasado presidente de la Legislatura Municipal en San Juan bajo la administración de Carmen Yulín Cruz, Marco Antonio Rigau, presentó en 2019 un proyecto de ordenanza similar, sin embargo, no prosperó.

Entre otras cosas, la ordenanza que presenta Romero Lugo divide las licencias en dos tipos: unidad de residencia compartida (el anfitrión alquila solo una porción de su propiedad residencial) y unidad no compartida (el anfitrión no está presente durante la estadía y la unidad es alquilada en su totalidad).

El reglamento propuesto indica que la licencia y registro para una persona que tenga un cuarto para alquilar en su casa sería de $100 anual. Mientras, la persona que alquile una residencia o apartamento completo en la modalidad de “corto plazo” tendría que pagar $500 al año.

“Este costo de licencia es significativamente inferior a otros municipios como Dorado donde se cobra entre $1,000 y $3,000″, sostuvo Romero Lugo.

Con el cobro de licencias el gobierno municipal de San Juan generaría ingresos mínimos de $1.6 millones al año. El alcalde insistió en que estos ingresos se utilizarían para los gastos de recogido de desperdicios sólidos en las unidades registradas, seguridad, así como para el mantenimiento de la plataforma de registro.

El proyecto de ordenanza dispone también que no se permitirán eventos comerciales en las propiedades para alquiler a corto plazo, esto para proteger las normas de convivencia y el carácter de las comunidades.

De aprobarse el proyecto -que se presentaría a la Legislatura Municipal mañana- se disponen 180 días para establecer el andamiaje administrativo para implementar el reglamento. Luego, los propietarios tendrían 180 días adicionales para cumplir con el requisito de licencia y registro. La idea es que se pueda realizar el proceso en línea y con poca burocracia.

“Durante ese proceso, la medida propuesta dispone que no se detendrá ni establecerá moratoria alguna sobre los alquileres a corto plazo en San Juan”, sostuvo Romero Lugo.

Asimismo, destacó que una vez el reglamento arranque se establecerán multas para los infractores.

Por ejemplo, una primera infracción conlleva una multa de $500. En caso de una segunda infracción el monto se eleva a $1,000 con la posibilidad de revocación de la licencia por un año. Si la persona incurre en una tercera infracción, la penalidad aumenta a $2,500 y se revocaría la licencia hasta por un periodo de tres años.

Hasta el momento, los alquileres a corto plazo están regulados por el Reglamento de Hospederías de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. El documento exige a estos alquileres 15 requisitos, entre los que se destaca el pago de “room tax”.