Un grupo de alcaldes asociados afirmó hoy que la respuesta a la anulación de la Ley 29 -luego de una reclamación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- la tiene que dar el gobierno central y no los municipios.

“Nosotros (los municipios) no somos parte de la demanda en la cual emite su decisión la jueza Laura Taylor Swain”, afirmó Joe Román, presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de San Lorenzo, en referencia a la decisión de la jueza nombrada por el Congreso para atender la quiebra de Puerto Rico, según las disposiciones de la ley federal conocida como Promesa.

Respondiendo a una demanda de la JSF, la jueza falló a favor de anular la Ley 29, que propiciaba un mecanismo para que el gobierno le pagara a los municipios el seguro médico de sus empleados y el retiro, bajo el sistema de “Pay Go”.

Ahora, los municipios tendrían que cubrir esos pagos lo que, según han advertido, colocaría a muchos de ellos al borde de un colapso económico.

“A quien la Junta demanda es al gobierno de Puerto Rico. Por ende, quien tiene que responder sobre la Ley 29 es el gobierno de Puerto Rico. Si el gobierno quisiera cobrarle a los gobiernos municipales, tendría que ir al tribunal para solicitar así que se le pague ese dinero, que le corresponde a los gobiernos municipales, porque el retiro los gobiernos municipales lo pagaron y los jubilados también hicieron sus aportaciones. Y número dos porque la reforma de salud la creó el estado, y le advertimos que si no tomaban las medidas necesarias se iban a quedar sin dinero, y nos impusieron una carga adicional a los gobiernos municipales”, afirmó Román.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, fue todavía más enfática en reclamar al gobierno que resuelva el asunto de la Ley 29, luego que “la Junta de Control (Supervisión) Fiscal en un acto caprichoso, abusador y prepotente, le dice a los municipios y el CRIM que tienen que pagar el dinero que el gobierno les dio para cumplir con sus obligaciones”.”

“Para que la gente en su casa lo entienda. Esto es como si usted cogía pon con su vecino, pero el vecino dejó de pagar el carro, y entonces el banco, en vez de ir conta el vecino, le dice a usted que usted le pague la cuenta al vecino, porque el vecino dejó de pagar el carro. Los municipios, nuestros préstamos están al día, pagados y prepagados. Aquí el que debe es el gobierno central”, afirmó Cruz Soto.

“La gobernadora (Wanda Vázquez) tiene que cumplir con su palabra. A ver si es capaz de hacer algo bien. Ella dijo que iba a resolver este problema a los municipios. Pues ahora que ponga su dinero donde puso su palabra, y que resuelva esta situación”, afirmó la alcaldesa de San Juan. “Llegó la hora cero para la gobernadora Wanda Vázquez”.

Los alcaldes asociados dijeron que estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en su desafío a la determinación de la JSF.