A seis años del azote del huracán María, y a un año del paso del huracán Fiona, miembros de la Asociación de Alcaldes denunciaron este jueves que las trabas burocráticas e incertidumbre en torno a la aprobación y el desembolso de los fondos de recuperación y otras dificultades, como el aumento en los costos de construcción, provocan un retraso en el proceso de reconstrucción de la Isla.

Según expuso el presidente de la Asociación y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, esas trabas impuestas a Puerto Rico y sus municipios -luego del embate de María- para recibir el desembolso de los fondos por parte de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) llevaron a que en 2021 acudieran a Washington en un frente común para conseguir que se modificara el proceso de desembolso y se permitiera el adelanto de capital para los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, resaltó, en ese momento ya había un atraso de cuatro años que mantenía detenida la recuperación.

“Si tuvimos que esperar hasta el 2021 para que se pudieran cambiar las reglas de juego y se adelantara la reconstrucción, pues ya saben que las subastas que comenzaron después del 2021 todas tienen cuatro años de atraso, lo que conlleva un aumento dramático en costos de construcción”, afirmó el alcalde de Villalba, agregando que “muchos municipios hemos tenido que celebrar diversas subastas porque, o no vienen compañías de construcción a participar, o las que vienen, vienen por el doble de los precios, e incluso hay subastas que se han ido por el triple”.

Para paliar esa situación, “estamos pidiéndole al gobierno federal que revisen los costos de construcción aprobados hace seis o cinco años, que imposibilitan la reconstrucción en nuestros municipios en gran parte de los proyectos”.

Otra dificultad que encaran los municipios, alegó, es “que no hay certeza de qué pasará con los proyectos de María que fueron afectados por Fiona. Con el atraso de la aprobación y el desembolso de proyectos, otro huracán nos impactó y afectó proyectos que no habían comenzado”.

De forma similar, aseguró, “no hay certeza del desembolso de fondos de Fiona en los proyectos permanentes”, pues según se ha dado a conocer el fondo federal para atender las emergencias se estaría agotando y hay instrucciones de paralizar los desembolsos.

Asimismo, hay “una lentitud en el proceso de rembolso”, luego que los municipios usaron “dinero que no teníamos para poder atender la emergencia de Fiona, y el gobierno nos había prometido $1 millón y todavía lo estamos esperando. Nunca llegó el millón de dólares que se nos había prometido y que el gobernador (Pedro Pierluisi) había firmado por un proyecto de ley. Ese dinero nunca llegó y el rembolso del dinero todavía no llega en gran parte de los municipios. Y ahora con las circunstancias que tenemos del tranque que hay en el Congreso y el detente en el dinero prospectivo, pues estamos enfrentando un reto serio”.

También, denunció el alcalde de Villalba, la asignación de fondos de CDBG-DR para rehabilitación de cascos urbanos, “está paralizada, por la permisología y la burocracia del proceso de aprobación de proyectos. Casi ningún municipio… ha podido comenzar un solo proyecto de ‘city revitalization’, porque nosotros tenemos que enviar los proyectos a (el Departamento de la) Vivienda, para que ellos lo gerencien. Tenemos que esperar que ellos lo validen. Y hasta ahora ese proceso ha sido exageradamente burocrático”.

Hernández Ortiz alertó que, de no actuar con celeridad, hay fondos que corren el riesgo de perderse, como sería el caso del dinero para revitalizar cascos urbanos, que expiran en 2025.

La senadora Marially González, quien preside la Comisión de Cumplimiento y Restructuración, se unió a las denuncias y comentó que en vistas públicas ha trascendido que, en lo que respecta a la reconstrucción de instalaciones deportivas, “tenemos que decir que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) no se ha movido en nada”.

Agregó que, en esas vistas públicas, alcaldes y alcaldesas tanto de la Federación de Alcaldes como de la Asociación de Alcaldes, han destacado que enfrentan “problemas de permisología y contratación por falta de mano de obra”. Agregó que una situación adicional es que la mayor parte de las regiones de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) tienen directores interinos, “lo que afecta la continuidad de evaluación de proyectos.

Asimismo, indicó, los municipios encaran la dificultad adicional de que no se les permite pagar con cheques las solicitudes de permisos, y tienen que hacer los pagos a través de tarjetas de crédito.

De manera similar se pronunciaron los representantes Jesús Hernández Arroyo y Juan José Santiago Nieves, así como la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán; el acalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina; y el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina.

No obstante a las dificultades, Hernández Ortiz resaltó que los municipios sí han logrado algunos avances para poder atender mejor la recuperación luego de desastres, como es el caso de los acuerdos colaborativos con el Departamento de Transportación y Obras Públicas para “trabajar el despeje de las carreteras”, con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para “atender el tema de los generadores en los sistemas de bombeo”, y con el Departamento de la Vivienda para “manejar mejor la administración de los refugios”. Además, están en proceso de pactar un acuerdo colaborativo con LUMA Energy, cuyo nuevo presidente reconoce que los municipios pueden hacer arreglos al sistema eléctrico tras las emergencias, pero quiere que se haga con una “mejor comunicación”.

Todavía más, Hernández Ortiz aseguró que, pese a los retos, “los municipios, dicho por el propio gobierno, aceptado por FEMA y aceptado por el COR3 (Oficina Central de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia), han sido los únicos que han adelantado en algo la reconstrucción en fondos de FEMA. Porque el gobierno estatal no es que esté lento, está paralizado”.

Como ejemplo para respaldar esa afirmación, Hernández Ortiz mostró una “información de la página oficial del gobierno”, que indica que el Departamento de Educación, “de $1,700 millones asignados solamente han gastado $19 millones, a seis años del huracán. Eso es 0.11%, no llegan ni al 1%. Estamos hablando de que de 2,023 proyectos Educación solo ha hecho 127 proyectos”.

También mostró el ejemplo de la situación en el área de energía, donde “de los $11,000 millones asignados a la Autoridad de Energía Eléctrica, solamente tienen $500 millones en construcción. Eso es 0.45%”. Y en el Departamento de Vivienda, de $35,000 millones asignados, solo han gastado $7,900 millones, es decir, un 22.19%.

Por otro lado, más allá de las denuncias, la Asociación presentó un paquete de recomendaciones específicas que consideran ayudarían a atender esta situación:

• Ya hay un estudio de aumento en costos (creado por COR3) para revisar los PW (proyectos permanentes) aprobados hace años y que por esa razón no han logrado los municipios adjudicar sus subastas. La Asociación acudirá a la capital federal junto a COR3 para solicitar la revisión de los costos.
• Generar un plan uniforme para revisar e inspeccionar proyectos relacionados al paso del huracán María, que fueron afectados luego por el huracán Fiona.
• Agilizar los reembolsos de categoría A y B, así como trabajar en equipo la aprobación y desembolso de proyectos permanentes de Fiona.
• Usar el modelo de consorcio de terremotos para adelantar proyectos de fondos Community Development Block Grant - Disaster Relief (CDBG-DR), en la modalidad ‘city revitalization’, que se encuentra detenido por permisología y burocracia.
• En el caso se energía, clasificar el modelo del consorcio energético como programa piloto para las mini redes en las comunidades.
• Descentralización de los fondos FEMA del Departamento de Educación, y entrar en acuerdos con municipios para adelantar las subastas, como en temas de los aires acondicionados, para citar un ejemplo.
• La oficina de proyectos en el DE no puede con el cúmulo de gestiones pendientes y no ha demostrado sentido de urgencia. La meta es que el próximo comienzo de clases por fin se acabe el problema en las escuelas.
• Convocar una reunión urgente para formar un acuerdo de colaboración con sectores de construcción, a los fines de resolver el tema de la visibilidad de subastas y contratación de compañías.