Los alcaldes de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, de Bayamón, Ramón Luis Rivera y de Aguadilla, Julio Roldán no se presentaron hoy a una vista pública de la Comisión para la Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara de Representantes que lleva a cabo una investigación sobre las llamadas corporaciones municipales.

El presidente de la comisión legislativa, Ángel Fourquet Cordero excusó al alcalde mayagüezano, pues este reclamó que no podía acudir a la Legislatura porque es objeto de una investigación que comenzó en el Departamento de Justicia y ahora está en manos de un Fiscal Especial Independiente (FEI).

En los casos de Bayamón y Aguadilla, Fourquet Cordero dijo que los alcaldes volverán a ser citados y de no asistir, no descartó iniciar el proceso para obligarlos a comparecer so pena de desacato.

El legislador indicó que Bayamón reclamó que “fue citado con poco tiempo de antelación”, mientras que Aguadilla tenía una actividad “bastante compleja que había organizado de antemano”.

La figura de la corporación municipal cobró notoriedad con el caso de Mayagüez, donde las autoridades investigan un alegado esquema de fraude que involucra a varias empresas municipales, entre ellas, el Mayaguez Economic Development Inc (MEDI) en el uso de fondos públicos y de instalaciones públicas.

Fourquet Cordero detalló que, como parte de la investigación legislativa, la Comisión le hizo un requerimiento “amplio” de información a los 78 municipios, de los cuales, 50 contestaron y 26 no han respondido. Agregó que “hay dos que deben información, pero están bajo solicitudes de prórroga”.

“El requerimiento fue amplio, desde certificaciones que existen o no, documentos que pasan por las asambleas municipales, informes, documentación de propiedad. Para nuestra sorpresa, un poco hay confusión. Muchos de ellos no sabían a ciencia cierta determinar si había o no (corporaciones municipales) y no podían acceder a documentos”, indicó el legislador popular.

Dijo que muchos alcaldes entrantes, de nuevas administraciones, tenían mucha dificultad en acceder a documentos, citaron un pobre proceso de transición y documentos que no les hicieron llegar. “Aparentemente en muchos municipios no existe documentación de esta figura (empresas municipales), corporaciones y precisamente es lo que la Cámara quiere investigar, cómo estas figuras operan y a quién le rinden cuentas”, agregó.

Sostuvo que “muchas veces no están rindiendo informes, no hay documentación y cuando vamos al Departamento de Estado uno ve que están registradas, pero más allá de meramente registrarse no hay un seguimiento, no hay cumplimiento con los documentos”. También dijo que algunas de estas figuras “ya están disueltas y no hay una evidencia más allá de un proceso interno municipal”.

“Legislativamente queremos atender la definición de empresa municipal, cómo la distinguimos y cómo vamos a entrar a lo que es una corporación , empresas sin fines de lucro, con fines de lucro, una empresa endosada, todas las variantes que puedan existir y qué mecanismos podemos poner para fiscalizar y que rindan cuentas a alguien porque están por la libre ahora mismo”, expresó.

No pudo precisar de la información que está en poder de la Comisión cuántos municipios no tienen corporaciones municipales. “Hoy por hoy no estamos claros porque no todos los municipios han contestado o han podido contestar y muchos a ciencia cierta no saben cuántas tienen y ese es parte del problema que queremos solucionar con legislación para que esto no siga sucediendo”, indicó Fourquet Cordero.

“Tenemos certificaciones por municipio, pero no tenemos el número total”, dijo para agregar que Bayamón es un ejemplo de que no tiene (corporaciones municipales), pero en el Departamento de Estado demuestra tener otra figura que es la corporación especial.

“Quiero investigar bien el tema porque filosóficamente no tengo nada en contra de la figura de la empresa municipal porque bien llevada, bien administrada puede ser un recurso valioso para cualquiera de los municipios. Lo que tenemos que ver es a quién le rinden cuentas, cómo se fiscalizan y cómo obligamos el fiel cumplimiento y sana administración de las mismas”, dijo.

“No quiero entrar en demonizar la figura porque yo no tengo ningún problema filosófico con la figura. Creo que puede ser de mucho beneficio, utilidad y de mucho provecho económico si se lleva a cabo de una forma correcta, bien fiscalizada y bien administrada. El problema aquí quizás no ha sido la figura, sino su definición, su alcance y a quien le rinde cuentas”, agregó el legislador.