Los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, Luis Javier Hernández y Ángel Pérez, respectivamente, exigen que el gobernador Pedro Pierluisi retome la dinámica que había en la administración pasada donde se incluían a los ejecutivos municipales en las mesas de diálogo para tomar decisiones sobre posibles cambios en las órdenes ejecutivas relacionadas al control de contagios de COVID-19.

“Hace mucho tiempo que no se nos pregunta o no se nos pone en la mesa de discusión para ver cómo se está comportando la pandemia en cada municipio”, dijo Hernández, quien también es alcalde de Villalba.

Agregó que se reúnen bisemanalmente con el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, pero es meritorio reuniones periódicas con el Primer Ejecutivo, en particular si se van a hacer cambios en las órdenes ejecutivas.

Hernández sostuvo que, a diferencia de la dinámica que había establecida con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, con el gobernador Pierluisi no han podido dialogar ni en una sola ocasión desde que asumió el cargo en enero.

“Ciertamente, las mesas de trabajo y de discusión tienen que volver... pido que se retome eso, que se integre nuevamente al sector epidemiológico en la toma de decisiones y se escuche lo que está pasando en cada municipio”, acotó.

Precisamente, el reclamo surge en momentos en que se refleja en la isla un considerable repunte de casos y hospitalizaciones de COVID-19, con cifras que duplican los números ofrecidos por el Departamento de Salud a mediados de marzo. De hecho, la tasa de positividad aumentó de 5% a un 10.1% en dos semanas. Mientras, el Puerto Rico Public Health Trust informó en su dashboard que 31 pueblos tienen una positividad mayor a 10%, mientras 41 mantienen una positividad de entre 5% y 9.9%. Solo seis pueblos mantienen un porcentaje por debajo de 5, la cifra recomendada por la Organización Mundial de Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, Pérez dijo que desde que asumió el cargo de presidente de la Federación (el pasado mes de febrero) no ha tenido reuniones con el gobernador para discutir cambios en las órdenes ejecutivas.

“No nos hemos sentado a discutir órdenes ejecutivas. Ahora que se ve un repunte, que en efecto hay un informe del grupo de epidemiólogos que no sabemos que contiene, que fue lo que nos indicaron, creo que es de suma importancia que nos podamos sentar, dialogarlo y las medidas que se tengan que tomar en favor del pueblo se puedan tomar”, indicó el también alcalde de Guaynabo.

Ambos reclamaron que las causas de contagio en San Juan, no necesariamente refleja lo que ocurre en Orocovis pues cada pueblo tiene sus circunstancias particulares.

“Estamos en el mejor momento para retomar los puntos de diálogo y obviamente escuchar las recomendaciones que haga el sector salubrista por encima de todo”, añadió Hernández, por su parte.

La actual orden ejecutiva, que está vigente hasta el próximo lunes 11 de abril, mantiene el toque de queda desde las 12:00. a.m. hasta las 5:00 a.m. y la apertura de los establecimientos comerciales y restaurantes hasta las 11:00 p.m. Los comercios, restaurantes y cines están autorizados a operar con un 50% de capacidad.

Además, se permitió la reapertura de teatros en un 30 por ciento, sujeto al cumplimiento de un protocolo aprobado por el Departamento de Salud. Los coliseos y lugares para eventos más amplios no estarán autorizados en esta orden, cónsono con la directriz del gobernador de no permitir las aglomeraciones.

Se supone que el gobernador anuncie la nueva orden ejecutiva entre jueves o viernes.

Piden extensión del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos

De otra parte, los líderes de los alcaldes sostuvieron una reunión con personal de Salud para solicitar que se garantice a los municipios la extensión del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), cuyos fondos están disponibles hasta el 30 de junio, fecha que concluye el año fiscal.

“Es importante que el gobierno haga gestiones para que de los fondos que se reciban se adjudiquen al sistema de rastreo hasta diciembre”, dijo Hernández sobre la reunión en la que no estuvo Mellado, pues estaba reunido en Fortaleza con el gobernador.

Los costos del SMICRC son de $50 millones anuales, pero los alcaldes advirtieron que necesitarían más dinero para cubrir gastos de la vigilancia escolar (asumida por el programa) y en la coordinación que realizan los municipios en los eventos de vacunación.

Asimismo, solicitan que se cumpla con la promesa de retornar a pruebas masivas de COVID-19 en los municipios.

“Queremos retomar nuevamente la defensiva para que de alguna manera se aumente el número de pruebas que se hace por municipio...por lo menos una de las peticiones nuestras es que recibamos 3,000 pruebas para comenzar a trabajar”, dijo Hernández al augurar que a mayor pruebas que se lleven a cabo la positividad podría bajar en muchos municipios.

“Por eso pedimos que se sentaran con los municipios, especialmente con las oficinas de rastreo, Yonaica Plaza que es la que dirige a nivel de país con el Departamento y nos hagan las recomendaciones”, alcalde de Villalba.

En la reunión estuvo Yonaica Plaza, directora SMICRC; Omar Negrón, enlace entre los municipios y Salud; la doctora Iris Cardona, directora del Programa de Plan de Vacunación de COVID; Mariluz Cintrón, Secretaria Auxiliar de Salud Familiar.

Posterior a la reunión de los alcaldes con personal de Salud, Mellado tuvo un encuentro con la prensa en el que expresó que ya se le otorgaron a los alcaldes “los fondos garantizados hasta junio”.

Manifestó que se hacen gestiones para extender el programa hasta diciembre a través de los fondos de la Ley American Rescue Plan Act (ARPA). “Cuando lleguen las guías (de uso de estos fondos) ahí habrán más fondos hasta que se acabe la pandemia”, agregó Mellado quien opina que el SMICRC es un programa que debe permanecer fijo en todos los municipios.