Luego que el gobernador Pedro Pierluisi estableciera en la nueva orden ejecutiva con las medidas para combatir la pandemia que se exigirá a todos los empleados públicos que laboren de manera presencial en las agencias vacunarse contra el COVID-19, a excepción de aquellos que no lo hagan por razones médicas o religiosas justificadas, se quedó la puerta abierta para que los municipios siguieran ese paso, y varios alcaldes y alcaldesas se muestran inclinados a seguir los pasos del gobierno central y también requerir a los empleados municipales el certificado de vacunación, o pruebas que confirmen negativo al peligroso virus cada cierto tiempo.

El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, ya adelantó que su municipio solicitaría a todos los empleados municipales que estén vacunados o que hayan iniciado el proceso de vacunación para tan pronto como el próximo lunes 2 de agosto, cuando reinicien las labores administrativas.

Según trascendió, Ramírez Irizarry dio instrucciones a sus directores de departamentos para que se aseguren de que los empleados presenten su tarjeta de vacunación y, en caso que no lo hagan, se les orientes sobre alternativas para vacunarse.

Aquellos que por razones de salud o religiosas no se vacunen, deberán presentar una prueba negativa a COVID-19 y repetirla cada dos semanas.

Mientras, en Isabela, la alcaldesa interina del municipio, Mariluz Méndez, informo que el municipio reiniciará labores administrativas el 2 de agosto y solicitará a cada empleado que presenta su tarjeta de vacunación contra el Covid-19, sumado a resultados negativos recientes de prueba contra el virus, “ya que hay personas que aun vacunadas se han contagiado con el virus”.

“A todos los empleados se les orienta respecto a los servicios de vacunación que ofrece gratuitamente el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA). Continuamos promoviendo la vacunación en toda la población, e incluso los visitantes que llegan a Isabela en los días que queden de verano. CIMA atiende mediante cita previa en 787-609-6613 y 787-830-2705”, indicó la vicealcaldesa en declaraciones escritas.

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez informó el martes que arrojó positivo a COVID-19 y está recibiendo tratamiento para combatir el virus. Isabela, al igual que la mayor parte del área oeste, es uno de los municipios más afectados por el virus en estos momentos.

Mientras, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, indicó que el 83% de los empleados municipales ya se vacunó. Agregó que, comoquiera, se mantienen los protocolos recomendados para combatir el virus, así como los esfuerzos para orientar al 17% que aún no se ha vacunado para que así lo hagan.

“A ese 17% que no se ha vacunado, los vamos a orientar para que conozcan las alternativas disponibles de vacunación”, insistió la alcaldesa en declaraciones escritas.

Recordó que las opciones para vacunarse están disponibles y son gratuitas, y agregó que tienen como meta que para finales de agosto todos los empleados municipales ya estén vacunados.

Nazario Fuentes indicó que en Loíza el 68.7% de la población ya está vacunada, y agregó que “vamos a continuar con las clínicas y orientaciones a la población”.

Explicó que gran parte se ha vacunado en el Centro 330 (Concilio de Salud Integral), por lo cual es posible que el Departamento de Salud no tenga la misma información sobre el porciento de vacunados.

“Impropio” exigir la vacunación

Sin embargo, al menos un alcalde se expresó en contra de la medida promovida por el gobernador de exigir vacunación a los empleados públicos.

Javier Jiménez Pérez, alcalde de San Sebastián, considera “impropio” hacer tal exigencia a un ser humano y no contempla poner tal medida en su municipio.

“Es impropio obligar a otra persona a vacunarse, es violar su derecho. Hay que garantizar el derecho de un ser humano a que, si no quiere hacerlo (vacunarse), no lo haga. Entiendo que es impropio tú obligar a un ser humano a hacer algo que no quiera hacer con la salud de su cuerpo”, sostuvo Jiménez.

Sostuvo que hay personas que, por diferentes razones, no quieren vacunarse y que una medida como la que dispuso el gobernador podría llevar a la estigmatización y rechazo de aquellos no vacunados.

El alcalde afirmó que ha recibido muchas llamadas al respecto de ciudadanos preocupados por el tema y que han expresado que no desean vacunarse. Puso el ejemplo de una señora que dijo que dentro de su familia hubo una mala experiencia con una vacuna “y ella no quiere vacunarse, y ese es su derecho”.

“La alternativa que propone el gobernador es estigmatizarlos y obligar a las personas a llevar un certificado cada semana, que además no te garantiza que no se pueda contagiar luego de esa prueba”, sostuvo Jiménez. “Estigmatizar y marginalizar a un grupo de personas que por las razones que sea no quieren vacunarse, eso es muy peligroso en un sistema democrático”.

Cuestionó además hasta qué punto sería efectivo esa vacunación obligatoria cuando las cifras de su municipio indican que muchos vacunados arrojan positivo al virus.

“El epidemiólogo del municipio, que le pido los datos periódicamente, ayer cuando me dio los datos me sorprendo porque me señala que el 40% de los casos positivos a pruebas moleculares de julio son personas que se habían vacunado. Y esa data levanta muchas preguntas”, comentó.

Comoquiera, destacó el alcalde, el municipio de San Sebastián está número cinco entre los municipios con mayor cantidad de personas vacunadas.

“Como gobierno y como municipio, nuestra obligación es proveer las herramientas para que esos tratamientos que están desarrollándose estén disponibles para las personas y poder ofrecérselos”, afirmó Jiménez.

Cabe destacar que, aunque la orden del gobernador exigiendo vacunación a los empleados públicos ha generado controversia y opiniones a favor y en contra, los datos muestran que en muchas agencias la mayor parte de los empleados públicos ya se ha vacunado. Por otro lado, aun si la totalidad de los empleados públicos se vacuna, el efecto sería mínimo en el porciento total de vacunados en toda la población.