Luego de una reunión este jueves en la sede del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para analizar el futuro de los municipios tras la anulación de la Ley 29, un grupo de alcaldes federados expresó que intentarán lidiar con la situación usando la propuesta de una línea de crédito que ofreció la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aunque le pedirán que sea de $200 millones, en lugar de $100.

Los municipios enfrentan una situación de incertidumbre fiscal luego que la jueza Laura Taylor Swain, designada para atender los asuntos de la quiebra de Puerto Rico bajo las disposiciones de la ley federal conocida como Promesa, acogiera un reclamo de la JSF y anulara la Ley 29, que propiciaba un mecanismo para que le gobierno le pagara a los municipios el seguro médico de sus empleados y el retiro, bajo el sistema de “Pay Go”. Ahora, los municipios tendrían que cubrir esos pagos, lo que según han advertido colocaría a muchos municipios al borde de un colapso económico.

“Sabemos que hay mucha preocupación por parte de los alcaldes. Sabemos la importancia de este tema para cada uno de los municipios. Durante el día de hoy repasamos cuál es el cuadro que tenemos ante nosotros, e hicimos unos señalamientos con relación a lo que implica la determinación, la obstinación más bien, de la Junta de mantenerse en la línea que ellos nos presentaron”, explicó Javier Carrasquillo, alcalde de Cidra y presidente de la junta de gobierno del CRIM, agregando que de la reunión solo se aprobaron dos asuntos específicos.

“En primer lugar, se ratificó la decisión de la junta (del CRIM) de que una vez la Junta de Supervisión Fiscal le notifique al tribunal la falta de un acuerdo, si viene entonces un mandato que nosotros paguemos, y que ese mandato implica la aplicación de los $132 millones que tenemos de las transferencias del estado, pues decidimos que se iba a aplicar en igual proporción porcentual a todos los municipios como ya habíamos anunciado en nuestra comunicación a la Junta”, indicó Carrasquillo.

“Lo otro que resolvimos fue enviarle una comunicación a la Junta de Supervisión Fiscal solicitándole cuál es su posición en cuanto a la línea de crédito que nos habían ofrecido. Es evidente que si nosotros utilizamos $132 millones para el pago de abonar a la deuda, va a dejar al CRIM sin liquidez”, agregó el alcalde de Cidra.

Explicó que, de no darse la línea de crédito, tendrían que determinar cuanto antes de dónde sacarían dinero para poder enviar las remesas a los municipios, pues solo cuentan con los $132 millones, que están en el fondo de reserva.

Agregó que además resolvieron crear un comité con representante de la Asociación de Alcaldes, la Federación de Alcalde, el CRIM, y con un balance de representación de municipios grandes, medianos y pequeños, “para comenzar a delinear planes para el próximo año fiscal, porque este asunto solamente atiende este año fiscal”.

Explicó que, de prevalecer la decisión de anular la Ley 29, el fondo de equiparación volvería a nutrirse de aportaciones del gobierno, que serían cada vez menores, a tono con las exigencias del plan fiscal. Para el año, serían apenas $88 millones, lo que significaría que el presupuesto de por lo menos 15 municipios se reduciría a en 25%.

Carrasquillo recordó que, incluso si el gobierno decide apelar la decisión que anula la Ley 29, eso no detendría que se aplique, lo que dejaría a los municipios en el mismo dilema fiscal mientras el trámite legal sigue su curso. Agregó que las decisiones podrían resultar antipáticas, pero había que ser “prácticos” y buscar soluciones “más inmediatas para poder proveer a los municipios los recursos necesarios”.

“Por tal razón, tenemos que trabajar esto de batalla en batalla. Así que tenemos que atender este asunto, darle liquidez a los municipios, y negociar de buena fe para que también la Junta entienda la situación y autorice al gobierno a que nos otorgue la línea de crédito para poder cubrir este momento”, agregó Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, quien recordó que ya la JSF rechazó otras alternativas que propuso el gobierno.

Carrasquillo dijo que la visión de la JSF sobre los municipios “que en algunos aspectos es acertada y en otros se distancia de la realidad”. Mencionó, por ejemplo, la JSF cuestionaba por qué aumentaban los presupuestos, si la población había disminuido, pero cuando lo hacía no tomaba en cuenta que el estado renunciaba cada vez más a cumplir con sus obligaciones, y entonces tenían que asumir esa obligación los municipios, porque la necesidad del servicio no desaparece. Agregó que ya habían mencionado el asunto a la JSF, y les pidió un análisis para ver si los fondos para cubrir esas obligaciones podían pasar del estado a los municipios que las asumen.

La postura de los alcaldes federados contrastó con la de los alcaldes de la Asociación, quienes poco antes expresaron que la responsabilidad de todo el asunto debía recaer en la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico).