El aumento en el número de familias que están sin un techo -en su mayoría en la zona sur- por los sismos que estremecen la Isla hace varias semanas colocan en la mirilla a miles de estructuras -declaradas o que están en proceso de convertirse en estorbos públicos- que pueden ser usadas para cubrir la necesidad de vivienda.

En todos los municipios hay casas y comercios abandonados, problema que se recrudeció luego de los huracanes Irma y María.

Al día de hoy se desconoce la cantidad exacta de estas estructuras -incluyendo solares baldíos- que no pueden ser habitadas y que presentan un problema a la salud y seguridad del vecindario.

La planificadora Luz Celenia Castellano indicó que hasta el 2017, el 22% del inventario total de viviendas en la Isla (344,694) estaba vacante. Esa cifra, dijo, pudo aumentar en un 10% si se considera el efecto de la emigración en años recientes.

Estimó conservadoramente que del total de vacantes un 15%, o unas 56,875 unidades, se pueden catalogar como estorbos públicos.

Actualmente muchos municipios trabajan en un inventario de esas propiedades.

En el caso de 17 alcaldes, estos contrataron a Universal Properties que identifica las estructuras abandonadas y completan todo el proceso para el municipio. La empresa -que provee abogados, tasadores e ingenieros, entre otros expertos- le cobra al municipio solo si la propiedad -que es tasada al valor del mercado- se vende, indicó Carlos Jiménez, director operacional de la empresa.

Para Castellano, la alternativa de reutilizar estas propiedades es “una buena manera de poner unidades rápidamente en disposición” del mercado.

“Hay un problema de carácter urbano y social con propiedades vacantes que no son cuidadas y que se usan con otros fines; esto le baja valor a las propiedades y no se estabiliza el mercado de viviendas hasta que no se ponen de nuevo en el mercado”, advirtió.

La planificadora aceptó que reponer una unidad no es tan rápido, porque hay que cumplir con una serie de requisitos bajo la Ley Núm. 31 del 2012, que establece un proceso “bastante arduo”, incluyendo declarar la propiedad como estorbo y luego resolver el caso en los tribunales. En ocasiones, esto podría demorar hasta más de un año.

Hay, de hecho, estructuras que llevan décadas abandonas y muchas veces los dueños no aparecen.

Para adelantar el proceso y que la gente tenga donde vivir, Castellano indicó que urge que “los tribunales tomen la iniciativa, aceleren los trámites y den una directriz de, ‘mira, trabájame esto de forma expedita’. Tiene que haber una voluntad de que las cosas se hagan”, aseveró.

Indicó que la ventaja de estas viviendas es que “ya tienes una unidad ubicada en un lugar, tienes infraestructura, permisos. Si no se cayó después del proceso natural del temblor, tiene un nivel de seguridad”.

Advirtió que tras evaluarlas hay que hacerle “cambios y mejoras de acuerdo a los códigos de construcción”.

Si pasa la evaluación, en meses “puedes repararla y ponerla en funcionamiento, probablemente a un costo menor o con ninguna inversión, que tener que remplazar una unidad nueva”.

Para el alcalde de Guánica, Santos “Papichy” Seda Nazario, usar los llamados estorbos es “una alternativa” para proveer viviendas a los damnificados. En este pueblo hay más de 1,000 viviendas afectadas por lo sismos.

Aunque tiene 15 estructuras identificadas como estorbos y en proceso de expropiación, más de 700 podrían ser declaradas posibles estorbos públicos. Seda Nazario reconoció que con las estructuras que están en terrenos municipales, el proceso -que incluye, notificaciones, emplazamientos, edictos y rotulación- “ha sido más fácil”.

“Es algo que el Gobierno va a tener que pensar, en ser más laso en cuanto al proceso (para) que los municipios puedan llevar a cabo (estas expropiaciones), porque el proceso es tan burocrático...”, expresó.

Aunque el alcalde aceptó que hay legislación para ayudar con todo lo relacionado a los estorbos públicos, dijo que “lo que necesitamos es que el proceso… en este caso la Oficina de Gerencia de Permisos sea más ágil”, y arguyó que “donde más se aguantan” estos casos es en los tribunales.

En el caso de Ponce, la falta de vivienda de interés social se agudizó por los sismos. El gerente de asuntos administrativos del Municipio, Gilberto Claudio, dijo que en solo tres edificios de vivienda pública hay 550 familias afectadas.

Además del edificio Darlington, Villa del Caribe y Miramar Housing, hay otros edificios más pequeños -bajo Sección 8- que están afectados.

Allí, al igual que en otros municipios, se busca que los titulares de la estructura la arreglen y limpien, y no necesariamente adquirirlas.

Claudio dijo que si en algún momento alguna estructura pasa al municipio, la alcaldesa María “Mayita” Meléndez tiene un plan “para que las viviendas que cumplan con los parámetros de interés social puedan ser sometidas bajo un proceso de ayudar a las familias de mayor necesidad de ese tipo de vivienda”.

Al momento, Universal Properties ha identificados en este pueblo unas 400 estructuras como posibles estorbos públicos, pero una vez se complete el inventario podrían sumar miles.

La situación en algunos pueblos es tan alarmante, como en Santa Isabel, que esta noche la Asamblea Municipal aprobó por unanimidad la Ordenanza Municpal Número 5 (serie 2019-2020) declarando estado de emergencia la situación de los estorbos públicos en municipio. El director interino del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) en ese pueblo, Johnny León Martínez, reconoció que “en el mismo casco urbano hay edificios en total abandono".

En marzo pasado, el alcalde Enrique Questell contrató a Universal Properties, que identificó unas 500 estructuras sobre las que pesa la intención de declararlas estorbos públicos. Una vez la compañía termine el proceso de identificación, la cifra podría alcanzar las 800, anticipó el también líder comunitario.

En Toa Baja, de las 33,000 estructuras existentes, unas 5,600 podrían ser potenciales estorbos públicos o un 17% y esa cifra podría aumentar, confirmó el alcalde Bernando “Betito” Márquez.

“En cada esquina de Toa Baja, no importa si es urbanización, barrio o sector existen estorbos públicos”, expresó Márquez, quien junto a la Oficina de Planificación y las comunidades trabajan en “identificar dónde están esos estorbos”.

En Bayamón -donde la situación no es tan distinta- los vigilantes ambientales están repasando el inventario. Ya unas 190 son estorbos públicos.

El vicealcalde Rurico Pintado dijo que en lo poco que han impactado hay sobre 600 estructuras, y una vez finalicen este año, unas 8,500 serían candidatas a ser declaradas como estorbos.