De las 65 querellas activas que tiene la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el 34% son contra servidores y exservidores públicos de alto perfil, incluyendo alcaldes y jefes de agencias imputados de incurrir en actos de nepotismo, obviar información en sus informes financieros y usar propiedad pública para un beneficio personal, entre otros señalamientos.

Así se desprende de un análisis realizado por Primera Hora, el que detalla que 22 de las 65 querellas están relacionadas con figuras de alta jerarquía dentro del gobierno, una situación que formará parte hoy en la Legislatura de la discusión del Proyecto de la Cámara 552, el cual busca fortalecer las garras fiscalizadoras de la OEG.

Entre ese 34% de querellas activas vinculadas a figuras de poder dentro de ente gubernamental, se incluyen a siete jefes de ayuntamientos de los cuales dos todavía están en el poder: Marcos Cruz Molina (Vega Baja) y José G. Rodríguez Rodríguez (Mayagüez).

Al ejecutivo municipal de Vega Baja se le señalan violaciones éticas por un caso de nepotismo, al otorgar entre 2013 a 2015 unos $18,700 en contratos a la esposa de un director de un programa municipal; mientras al alcalde de Mayagüez se le encontraron también faltas de nepotismo por autorizar varios nombramientos -durante los años 2001, 2013, 2017 y 2021- a su hermano (Osvaldo Rodríguez) sin solicitar la debida autorización de la agencia.

De otra parte, de las querellas vinculadas a figuras jerárquicas solo una corresponde a una mujer: Sally López, la extitular de la Administración de Desarrollo Laboral, a quien se le encontraron cuatro faltas a la ley por actos cometidos entre 2013 y 2014 cuando aceptó regalos y beneficios por parte de Anaudi Hernández y por suscribir contratos a favor del empresario mediante soborno en 23 ocasiones. Ambos son convictos a nivel federal por estas imputaciones.

Según explicó a este diario el director de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, estas características son compatibles con el último informe de la Radiografía de la Corrupción III que se dio a conocer a principio de año, donde se señala que los hombres son los que cometen más actos corruptivos en violación a la Ley de Ética y que el 35% de las querellas corresponden a actores de alto perfil.

“Fallan en lo fácil”

“Definitivamente, sigue el mismo patrón de lo que habíamos informado en la Radiografía donde se destacaba que en términos de puestos afectados el 35% son alcaldes o jefes de agencias. Y si bien es cierto que tenemos 78 alcaldes y ciento y pico de jefes de agencias, para mí esto es un número considerable... y estamos viendo que son señalados por asuntos variados, pero que son situaciones que se les explican en las charlas que se les dan a estos alcaldes, jefes de agencias y otros servidores públicos antes que inicien sus funciones. Son herramientas que se les han dado para que puedan hacer una buena función en el gobierno. Pero vemos que fallan en estos asuntos o en su toma de decisiones. Y vemos que, en muchos casos, están fallando en lo básico y fácil pues, literalmente, son cosas que uno no esperaría a estas alturas del juego”, sostuvo Pérez Vargas.

Sobre esas fallas “que se caen de la mata” mencionó el caso de Sergio Ortiz Quiñones, el extitular de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, quien enfrenta una querella ética por, alegadamente, apropiarse de propiedad pública (dos aires acondicionados) durante una mudanza ocurrida en la oficina regional de Arecibo. La querella indica, incluso, que Ortiz Quiñones -quien fue legislador por el Partido Popular Democrático- emitió dos cheques de su cuenta personal a favor de una persona privada para que removieran los aires y le dieran mantenimiento. La OEG alega que las unidades estaban en funcionamiento, que solo tenían dos años de uso y contaban con garantía.

Otro dato singular de la Radiografía -y que se constata entre los violadores de ley de alta jerarquía- es que el 41% de los infractores llevan apenas laborando entre meses y cinco años en la agencia, corporación pública o municipio, seguido con un 20% a funcionarios que llevan hasta 20 años ejerciendo funciones gubernamentales.

“Estamos viendo que caen al principio que entran (en puestos políticos) y eso significa que vienen con la mente hecha o con la mente podrida; o caen después que tienen un montón de años en servicio. Esto lo hemos visto con varios alcaldes que después que llevan mucho tiempo en su posición, caen... yo no sé si es que entienden que no los van a coger o que no les pasará nada... y uno lo dice, y es lamentable porque estos alcaldes y jefes de agencias reciben orientación constantemente. De hecho, este año la charla fue grabada (por circunstancias de la pandemia) y entre las frases que le dije al grupo de alcaldes incumbentes y funcionarios electos para este cuatrienio fue lo siguiente: ‘uno de ustedes no va a acabar el cuatrienio... yo quisiera equivocarme, pero uno de ustedes no terminará’. Y es que yo sé que alguien se va a escocotar y va a tener que salir del puesto, o se lo van a llevar arrestado. Y esto es bien lamentable”, manifestó el director de Ética Gubernamental.

Entre los servidores públicos que incurrieron en actos contrarios a la normativa de la agencia -algunos constitutivos de corrupción- se encuentran funcionarios que apenas comenzaban funciones en sus puestos, como lo fue el caso de Sally López o el del exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado, quien a meses de ocupar el puesto -en febrero de 2019- autorizó el uso de una embarcación arrendada por el estado para el traslado para Vieques de una carga con materiales y suministros para la boda de una pareja adinerada. Se desprende de la investigación que permitió el uso “exclusivo, preferente y privilegiado” para la carga para la boda y se excluyó a residentes de Vieques y otros ciudadanos que aguardaban por trasladarse a la isla municipio, en momentos en que había una crisis de transportación marítima porque había embarcaciones averiadas. Tras lo ocurrido, Maldonado tuvo que renunciar a su cargo.

En cambio, otros eran “veteranos” que llevaban años en sus posiciones, como es el caso del exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, quien ocupó la poltrona municipal entre 2005 y 2021, y a quien se le imputan dos querellas por violaciones a la Ley de Ética. Las querellas están vinculadas a hechos en que el exalcalde declinó rendir informes financieros correspondientes a 2016 y 2017; y a un caso relacionado a nepotismo por haber concedido 14 contratos a parientes de la persona que ocupaba el puesto de directora interina de finanzas del municipio.

En el mismo renglón de alcaldes con años de servicio se destaca una querella contra el exejecutivo municipal de Adjuntas -Jaime Barlucea Maldonado- quien estuvo al frente del ayuntamiento desde 2005 hasta 2020 y a quien se le señalan tres violaciones a la Ley de Ética luego que, presuntamente, presentara una certificación con información falsa en documentos oficiales, por omisión en el cumplimiento del deber y por poner en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Se alega que luego de una auditoría se detectó que después que un estudiante adjunteño canceló su participación a un viaje estudiantil, el dueño de la agencia de viajes contratada por el municipio, supuestamente, incorporó a su esposa en un recorrido por España, Marruecos y Portugal, aun cuando los pasajes, estadías y alimentos eran pagados con fondos municipales. Los costos de viaje fueron de $5,280. También se alega que la hija del alcalde participó del viaje estudiantil, pero este no la incluyó en el informe que debía entregar para auditoría. De hecho, se señala que Barlucea Maldonado certificó como viajando al estudiante que había cancelado la travesía. Sobre estos hechos, la exsecretaria de Justicia, Inés Carrau Martínez, determinó no recomendar un Fiscal Especial Independiente (FEI).

“El caso de Barlucea es importante mencionarlo porque, aunque algunos casos que son investigados en la agencia no prosperan a nivel de Departamento de Hacienda o de Justicia, sí proceden a nivel de nuestras investigaciones en la Oficina de Ética Gubernamental”, explicó el director ejecutivo de la agencia fiscalizadora.

Las violaciones a la Ley 1 o Ley 12 de Ética Gubernamental no caducan. Las resoluciones culminan con multas y procesos de restitución de dinero para los infractores.

“En ese proceso es que vamos a entrar ahora con estas 22 querellas de servidores y exservidores públicos de alto perfil. La investigación finalizó y nuestros abogados entendieron que hay material para querella y por eso se presentaron. Ahora están en el proceso de adjudicación, entiéndase de descubrimiento de prueba, citar testigos, fijar audiencia y otros trámites administrativos regidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Una vez esto culmine, se activa la multa para la resolución final del caso”, acotó Pérez Vargas.

Otros jefes de agencias o alcaldes que figuran entre las 22 querellas a personas de alto perfil en el gobierno son Uroyoan Walker, el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, a quien se le imputan violaciones éticas por hechos vinculados al Programa de Becas Presidenciales otorgadas en el año 2015 a dos personas que, aparentemente, no cumplían con los requisitos para ser escogidos. A nivel penal, Walker salió absuelto de los cargos que se le imputaban relacionado a estos hechos. En cambio, ahora deberá enfrentar el proceso administrativo en la OEG.

También figuran entre las querellas, Rafael Batista, quien presidió la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública; Luis Burdiel, expresidente del Banco de Desarrollo Económico; José Román Abreu, exalcalde de San Lorenzo; Alberto Cruz Albarrán, excomisionado de Bomberos; Eric Alfaro, exadministrador de la ADSEF; Elí Díaz Atienza y Yoniel Arroyo, expresidente y exvicepresidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; Douglas Vélez, expresidente de la Legislatura Municipal de Vieques; Luis Matta Donatiu, presidente de la Legislatura Municipal de Fajardo; Oscar Santiago Martínez, exalcalde de Vega Alta; Iván Cordero, comandante del Cuerpo de Bomberos; Juan Rodríguez Pérez, exalcalde de Ciales; y el exalcalde Jorge Santini, cuya querella se le impuso por violaciones éticas cuando trabajaba para la Guardia Nacional. A Santini se le señala por supuesto cobro como asesor del Senado mientras estaba activado como abogado en la Guardia Nacional para la época del huracán María.

Buscan más garras en ley para atacar la corrupción gubernamental

El escenario es claro: constantemente hay servidores públicos cometiendo acciones que constituyen corrupción en el gobierno de Puerto Rico. Pero algunas de estas, se pudieran evitar si la OEG tuviera más garras para fiscalizar, sostuvo a Primera Hora el director ejecutivo de la agencia, quien se dispone a presentar hoy en la Legislatura una ponencia que favorece el Proyecto de la Cámara 552 el cual busca reformar la Ley de Ética Gubernamental. El proyecto es de la autoría de los legisladores Rafael “Tatito” Hernández y de Héctor Ferrer.

Según explicó Pérez Vargas, entre las enmiendas que sugiere la OEG se destaca, por ejemplo, que se le impida ocupar algún cargo político a una persona que tenga dos o más querellas éticas. “Si tiene dos, tres o más querellas pues, mire, esa persona falló y tiene que separarse de su cargo y no puede aspirar a una posición pública”, subrayó.

Otra enmienda significativa es la que buscaría prohibir que todo jefe de agencia participe de actividades político-partidistas. Actualmente, la ley contempla solo a cuatro jefes de agencias: el Departamento de Hacienda, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia y al Comisionado de la Policía.

“Yo sé que esto va a levantar ronchas y que habrá personas que dirán que tienen libertad de asociación y afiliación y demás... pues, mire, ustedes lo ejecutan con lo que es el derecho al voto. Pero en su función como jefe de agencia no debe estar participando de actividades político-partidistas. Y si se hizo con cuatro patrones de agencia, ¿por qué no hacerlo extensivo a todos? Al final, yo estoy haciéndole un favor al jefe de agencia y lo estoy liberando de esa tensión para que se concentre en su trabajo”, sostuvo Pérez Vargas.

Otro cambio a la ley está relacionado a evitar los casos de nepotismo en los municipios.

“Ahora mismo, entre esas 22 querellas con personas de alta jerarquía, vemos que hay cuatro de nepotismo, incluyendo en alcaldías y legislaturas municipales. Esto es algo que hay que trabajar, pero la ley no me da las garras porque estamos teniendo un asunto particular en el que se nos va por el lado la Ley del Código Municipal donde se establece que la Legislatura Municipal y el Municipio son dos entes diferentes. El problema que estamos viendo es que ahora los familiares del Municipio los nombran en la Legislatura y viceversa y eso puede rayar en un asunto de nepotismo... otra cosa que estamos viendo es que utilizan a las agencias de colocación de empleos, como Manpower, Kelly Services, entre otras, para llevar a familiares a los municipios. Y esto también se presta para nepotismo. Lo que estamos haciendo es que incluimos en el borrador ese lenguaje para que no ocurran estos sucesos”, explicó el jefe de OEG.

Aludió que todas estas enmiendas fueron presentadas el cuatrienio pasado, pero no prosperaron. El asunto se quedó colgando y tan pronto comenzó este cuatrienio en la OEG se retomó la lucha.

“Estamos con un pie en la batalla y haremos nuestra lucha en la vista de la Cámara (de Representantes) y lo moveremos al Senado. Sabemos que esta sesión legislativa es corta, pero mi aspiración es que la aprueben antes de noviembre para que pase al Senado en enero. Yo sé que es una medida controversial, pero mi confianza es que antes que finalice el 2022 estén todas introducidas en ley”, aspiró Pérez Vargas.

Visitará a los alcaldes

Mientras, a corto plazo su plan anticorrupción incluye visitar a los 78 alcaldes para recordarles -junto a un grupo selecto de sus directivos municipales- cuáles son las normas que rigen sus posiciones en el gobierno.

“Esas charlas las voy a dar yo y comenzaré en enero por las más de 30 alcaldías que tienen nuevos incumbentes. Será una charla al alcalde con su director de recursos humanos, el jefe de obras públicas, auditores, director de finanzas, entre otro grupito de confianza. Les vamos a hablar de lo que estamos viendo (a nivel de faltas o violaciones a la ley) y cuál es la capacidad que tienen como figuras de gobierno para proteger y conservar la propiedad pública. Nuestro interés es que mantengan un control y no se metan en problemas. Y que si tienen dudas que nos llamen porque para eso está el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético y a eso se le agrega asesoramiento jurídico”, puntualizó.