La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, informó que una auditoría ordenada por ella reveló que la pasada administración del alcalde Heriberto Rodríguez Adorno, pagó irregularmente casi $4 millones a los empleados municipales al cambiar el pago de nómina de quincenal a bisemanal.

En declaraciones escritas, la ejecutiva municipal expresó que el caso fue referido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, quien por su parte dijo que "Esta determinación de la pasada administración del Municipio de Morovis se realizó sin la aprobación de la Legislatura Municipal, lo que en efecto fue un aumento de un mes de salario al año a cada uno de los empleados municipales. Además esta acción fue contraria al Plan de Clasificación y Retribución Municipal", expuso la Contralora en una misiva.  

Se informó que de la auditoría se desprende que la pasada administración moroveña tampoco aprobó una ordenanza municipal para otorgar un aumento de salario de esta magnitud.

"Con relación al cálculo aritmético, se llama la atención que la Administración Municipal no proveyó una base legal o jurídica en el cómputo de 13 pagos mensuales en vez de 12", menciona el documento del Contralor.

La Contralora expone además que la legalidad o ilegalidad de esta decisión "se dilucidan en otros foros con la evidencia adecuada". La contralora Valdivieso recomendó a la nueva administración municipal moroveña que investigue el caso y presente la evidencia correspondiente al Departamento de Justicia, a la Administración de Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Oficina del Comisionado de Asuntos Muicipales".

Por su parte, la alcaldesa Carmen Maldonado dijo que procederá a someter el informe a las autoridades pertinentes, aclarando que este asunto es otro ejemplo del desastre administrativo que prevaleció por varios cuatrienios en su municipio.

"Es insólito que el Municipio perdiera millones en fondos públicos por esta irregularidad, y sería injusto además culpar a los empleados públicos municipales por este tema. De decisión final estará basada en lo que concluya el Departamento de Justicia de Puerto Rico", concluyó Maldonado.