La vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado sobre el Proyecto del Senado 931, que busca mitigar el aumento en el precio de energía con una transferencia de $145 millones del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) arrancó con una controversia entre el Negociado de Energía y la AEE, cuando el ente regulador sostuvo que la la corporación pública habría cobrado a los clientes $44 millones adicionales que no se habrían incluido en los cálculos para solicitar esos fondos.

De acuerdo con Edison Avilés, director del Negociado, desde marzo pasado la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) le notificó a la AEE que aumentaría la subvención a costos de combustible en emergencias de 75% a 90%, lo que se traduciría en unos $44 millones adicionales, que se le habrían podido dejar de cobrar a los clientes y que “se tiene que devolver”.

Detalló que a pesar que FEMA tomó la determinación del cambio en la cantidad de subsidio, no fue hasta el 8 de julio pasado que le informaron al Negociado de Energía.

Avilés agregó esa cifra de $44 millones, aunque no necesariamente en este momento esté en poder de la AEE, podría haberse incluido en las proyecciones, y la cifra a solicitar al Fondo del Seguro de Estado podría haber sido menor.

Estimó que los $44 millones bajarían la tarifa 1.4 centavos por kWh por los dos meses restantes del trimestre. Agregó que dicha cifra podría incluirse en las proyecciones si se hace una reconsideración acelerada, algo en el Negociado está en disposición de hacer.

Sin embargo, el director ejecutivo de la AEE, el ingeniero Josué Colón, argumentó que la información de que la corporación pública habría cobrado ese dinero era incorrecta, pues la AEE no tenía esos fondos y, en cambio, tendría que esperar a que concluya todo el proceso de reclamación a FEMA, que puede tardar varios meses.

“(El Negociado) no debe estar indicando en una comisión de esta envergadura que nosotros tenemos dinero que podemos devolver, porque eso induce a error a los senadores, a la prensa, y se sigue repitiendo que la Autoridad tiene $44 millones que puede devolver, alguien puede pensar que no hace falta este proyecto, cuando eso lo que incide es en nuestro ‘cash flow’ y lo que va a incidir es que nosotros no podamos pagar nuestras obligaciones”, sostuvo el director ejecutivo de la AEE.

Colón explicó que, de hecho, con el cambio que estableció FEMA, esos $44 millones se sumarían a otros $140 que están ya en reclamación y que corresponden al uso de combustible de emergencia por la emergencia de los terremotos del área sur. De aprobarse todo una vez termine el proceso de reclamación, como esperan que suceda, serían unos $184 millones que recibiría la AEE, y que “por supuesto se les devolverá a los consumidores, como se ha hecho ya en otras ocasiones”.

“Pero no podemos dar un dinero que lo que tenemos es una expectativa de que lo vayamos recibir”, afirmó Colón.

Sin embargo, Avilés afirmó que, aunque el dinero no esté en poder de la AEE, se podría diferir a los consumidores a través de un proceso de reconciliación, porque lo recibirían más adelante. Agregó que es un proceso que “se ha dado y se seguirá dando, si es en beneficio del consumidor”. Indicó que la AEE cuenta con suficiente reserva operacional y no creía que diferir esos $44 millones tuviera un efecto detrimental en la Autoridad porque “anteriormente hemos diferido mayor cantidad que eso”.

Suceda lo que suceda con el proyecto, Avilés indicó que “es altamente probable que tenga una reducción de 1.4 centavos por kWh en los próximos dos meses”, una vez se incluyan esos $44 millones en una reconciliación que haría el Negociado de Energía más adelante.

Por su parte, antes de deponer, el administrador de la CFSE, Jesús M. Rodríguez Rosa, adelantó que estaban respaldando la medida que transferiría $145 millones de sus cuentas a la AEE para mitigar el alza en los precios de combustibles. Indicó que para esa partida no se tocarían las reservas del Fondo ni se afectarían las operaciones de la agencia, y sostuvo que consideraba la acción como un beneficio para la ciudadanía y los negocios que son la misma población a la que el Fondo ofrece servicios.

Por otro lado, los directivos del Negociado, la AEE y la CFSE favorecieron la medida por el aspecto de que ofrecería un alivio inmediato al pueblo.

Avilés describió la situación como “una tormenta perfecta” en la que coinciden el precio más alto por kWh (33 centavos) en la época moderna en Puerto Rico, la temporada de consumo más alto de energía y otros aumentos inflacionarios que encara el pueblo.

Explicó que, incluso con la cifra de $145 millones no era suficiente para paliar el aumento en precios de combustible por los próximos tres meses, y el consumidor habría tenido que aportar 1.3 centavos de su bolsillo.

En ese caso, indicó, habría que determinar si se quiere cubrir de manera retroactiva el mes de julio, o si el alivio sería solo para los dos meses siguientes. En el segundo escenario, dijo estar “casi seguro” que los $145 millones serían suficientes para que el precio del kWh no aumentara.

Una posible enmienda que se ha sugerido al proyecto aumentaría de $145 millones a $205 millones la partida a entregar a la AEE para cubrir por este trimestre el alza en los precios de combustible por los tres meses, sin aumentar la tarifa con respecto al trimestre anterior.

En cualquier caso, Avilés insistió en que, “la única manera de atender (el asunto) de manera inmediata es una inyección de dinero”. Sin embargo, acotó, “no podemos limitarnos a dar soluciones inmediatas. Tenemos que combinarlas. Es una combinación de estrategias para que esto no se repita” y se pueda llegar a una tarifa de 20 centavos kWh o menos.

Por su parte, Colón, en respuesta a cuestionamientos de senadores y senadoras sobre si los $205 millones no serían mejor utilizados si se invierten en algo que provea una solución más duradera que un alivio para apenas tres meses, fue categórico en que “no hay otra manera” que no sea dar ese dinero a la AEE para poder ofrecer un alivio ahora, porque cualquier otra medida tardaría meses o años en tener un efecto, en el mejor escenario de que todo se haga sin inconvenientes.

“La solución al problema que tenemos hoy en día, inmediata, no hay otra manera de atenderlo que no sea mitigando ese costo de combustible. No hay otra manera”, afirmó Colón.

Mientras, el administrador del Fondo del Seguro del Estado, indicó que está de acuerdo con la medida, y aclaró que, según solicitaron, se modificó el lenguaje para que el dinero no saliera de la reserva actuarial del Fondo, que es de donde se han hecho antes extracciones similares, sino de una cuenta de reservas o ahorros de la Corporación.

“Estamos a favor. Nosotros aseguramos a más de un millón de trabajadores puertorriqueños, incluyendo a unos 70,000 patronos. Así que este beneficio, este en particular, no extracciones anteriores, yo lo veo como un beneficio hacia todos los trabajadores y todos los patronos que de un lado son los aportan a los ingresos de la Corporación y del otro lado son los que reciben los servicios”, comentó, Rodríguez Rosa. “Lo veo como un alivio a toda la población, y la población son todos los trabajadores y todos los patronos”.

Aseguró que sacar ese dinero de la CFSE no afectaría ni el presupuesto, ni las primas, ni las operaciones de la agencia, ni tampoco la reserva actuarial de la Corporación. Añadió que la cuenta que se usará para sacar el dinero tiene unos $465 millones disponibles.

Sin embargo, el administrador admitió que, en el pasado, los proyectos de extracción aseguraban unas fuentes de repago y nunca fueron repagadas. En este caso, “le impone al administrador que busque las vías” para asegurar el retorno, así que tendremos que preparar un plan para eso.

Además de los $145 millones que se transferirían de la CFSE a la AEE, según el texto del PS 931, también se entregarían otros $20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), para un total de $165 millones. Según se ha adelantado, una posible enmienda elevaría la cifra a entregar a la AEE a $205 millones, y mantendría los $20 millones para la AAA, para un total de $225 millones.

A pesar de las expresiones a favor del proyecto de parte del administrador de la CFSE, sus empleados no comparten su opinión y se expresaron en contra de la medida.

De acuerdo con el memorial presentado por la Federación de Empleados Gerenciales de la CFSE, “el sistema tarifario de la CFSE no está diseñado para generar grandes excedentes o sobrantes operacionales”.

Juan Osorio Flores, presidente de la Federación, agregó que ese sobrante operacional del que se está hablando “fue resultado de reducir hasta un 10% las tarifas de los médicos especialistas contratados, mantener puestos vacantes de los empleados retirados o producto de renuncias, la congelación de interinatos de los puestos vacantes, eliminar los pagos de licencia de enfermedad, reducir los días de vacaciones y no revisar los beneficios de compensación de los lesionados”, como parte de las medidas que se tomaron para atender la crisis fiscal del gobierno.

Explicó que la CFSE tiene “una responsabilidad fiduciaria por el bienestar económico de los lesionados en el transcurso de su rehabilitación y posterior a la misma”. Sin embargo, los beneficios de compensación no se revisan desde el año fiscal 2004, al mismo tiempo que durante esos 18 años el impacto inflacionario ha disminuido el poder adquisitivo de los lesionados.

“Es evidente que si la CFSE cumpliera con la política pública establecida por ley, no habría sobrantes operacionales”, afirmó.

Señaló además que el estado financiero auditado de 2019 revela que la CFSE tuvo una pérdida operacional de $104.7 millones, y el estado de situación auditado refleja que la CFSE tiene un déficit de $1,484 millones, relacionado a la quiebra de los Sistemas de Retiro, por lo que la Corporación “no tiene sobrantes para disponer de ellos sin aumentar el déficit financiero”.

“De la información financiera disponible no se puede concluir que existen $225.5 millones en sobrantes para regalar, y mucho menos sin reposición”, afirma Osorio Flores en su ponencia. “Concluimos que este Proyecto de Ley no cumple con los elementos básico de la sana administración pública y mucho menos con las mejores prácticas de la industria de seguros”.

Mientras, la Asociación de Empleados Gerenciales de la CFSE, a través de su presidente, José E. Ortiz Torres, expresó también su oposición a la medida.

De la misma forma, resaltó el “compromiso vitalicio” de la CFSE con los lesionados con un sinnúmero de servicios y beneficios, “hasta la muerte del trabajador lesionado”, y sostuvo que la Corporación “no puede comprometer su dinero para que sea utilizado en otras instancias o circunstancias, que no sea para los servicios de rehabilitación, compensaciones y beneficios para facilitar su vida como individuo y en sociedad”.

“Ese dinero deberá estar disponible cuando existan gastos no previstos, como lo son compras de equipos médicos de tecnología avanzada que agilice los procesos de rehabilitación de lesionados, así como también cierres patronales y despidos de empleados por desastres naturales causados por huracanes, terremotos o pandemias”, insistió.