La representante Jenniffer González, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo, la emprendió nuevamente este domingo contra la secretaria de la Familia, Idalia Colón, al alegar que en el 2008, por instrucciones de una de sus actuales asesoras, se ordenó el cierre del “mayor número de casos” de maltrato supuestamente sin investigar.

González sugirió que ese es el origen de las cerca de 42,000 querellas sin evaluar que fueron archivadas durante el pasado cuatrienio y que hoy son investigadas por la administración de Colón. De acuerdo a la información que ha trascendido sobre los resultados preliminares de la investigación, la mayoría de los casos dejados sin investigar por la pasada administración datan del 2010 y el 2011.

La expresidenta cameral presentó durante una conferencia de prensa un documento fechado el 13 de junio de 2008 en el que dos supervisoras de la Administración de Familias y Niños (Adfan), por instrucciones de la entonces administradora de esa agencia, Carmen Nazario, ordenaron el cierre de los casos en un periodo de dos semanas.

Nazario se desempeña actualmente como asesora de la titular del Departamento de la Familia.

“Ese documento es la mejor evidencia de que todo lo que hemos estado viendo en los pasados cinco meses es un montaje político para echarle la responsabilidad a la pasada secretaria (Yanitsia Irizarry)”, manifestó González, quien suministró copia a la prensa del referido documento.

La comunicación escrita, con el título “Cierre de casos”, precisa que el cierre de expedientes se limitará a aquellos casos que lleven “más de 18 meses abiertos”, “ que su último contacto sea desde hace dos meses” , y “que no tenga referidos pendientes”.

“Tenemos dos semanas para hacer este trabajo, serán cierres administrativos siempre y cuando las circunstancias del caso lo permitan”, reza el documento.

Lymari Vélez, portavoz del Departamento de la Familia, aclaró que la comunicación “tiene que ver con casos abiertos, que no es lo mismo que referidos sin investigar”.

“Los casos abiertos son aquellos que ya la agencia trabaja. La recomendación en la comunicación de junio de 2008 lo que solicita es que se visiten a aquellas familias que no se visitan hace más de seis meses para saber si la familia cumplió o no con el plan de servicio. Si lo cumplió, el caso se cierra, si no, sigue abierto, y el departamento sigue proveyéndole herramientas a la familia”, indicó Vélez a este medio.

La secretaria de la Familia ha estimado que la pesquisa sobre las 42,000 querellas requerirá que se asignen alrededor de $16 millones, pero a juicio de González, esos recursos se utilizarán para costear un contrato millonario con la firma RCórdova Trabajadores Sociales, propiedad de Rita Córdova, quien actualmente encabeza la investigación de los casos.

Para la representante del PNP, la contratación de Córdova supone la privatización de los servicios de trabajo social en la agencia.

“La contratación de Rita Córdova no es otra cosa que la privatización de las funciones de los trabajadores sociales y la duplicación de servicios. Es decirles a los trabajadores sociales que no saben hacer su trabajo”, sostuvo la representante.

“En lugar de premiar a Rita Córdova por su reclamo público y ataques a la pasada administración con $16 millones, lo responsable es contratar nuevos trabajadores sociales que nutran y refuercen el área social del Departamento de la Familia y adquirir nuevos vehículos para estos”, puntualizó.