La Alianza de Autismo de Puerto Rico reconoció como un paso positivo la asignación de un millón de dólares otorgado a SER de Puerto Rico para fortalecer servicios dirigidos a personas con diversidad funcional.

Sin embargo, la organización advirtió que la respuesta gubernamental resulta insuficiente ante el aumento sostenido en los diagnósticos de autismo en la Isla.

La entidad señaló que en los últimos cuatro años la prevalencia del autismo ha aumentado un 181%, pasando de 1 de cada 38 niños de 8 años a 1 de cada 21 niños de 4 años, lo que refleja una demanda creciente de servicios especializados tanto en el sistema educativo como en la vida adulta.

En su pronunciamiento, la Alianza destacó además el incumplimiento en la implementación de la Ley 163 de 2024, la cual exige que las agencias del gobierno ajusten sus reglamentos a la política pública establecida en un término de 90 días desde su vigencia.

No obstante, la organización denunció que, a casi dos años de su aprobación, este proceso aún no se ha completado.

Asimismo, la entidad subrayó la necesidad urgente de mejorar las condiciones en las más de 800 escuelas del sistema público, incluyendo la creación de salones sensoriales, salones de seguridad y mayor disponibilidad de maestros certificados en autismo. Según indicaron, solo el 77% de los educadores requeridos ha completado el adiestramiento correspondiente.

La organización también alertó sobre el incumplimiento de derechos establecidos en la Ley 85 de Reforma Educativa, como el acceso a transportación adecuada, la disponibilidad de educación física adaptada y el desarrollo de salones de vida independiente para la transición a la adultez. Asimismo, insistieron en la necesidad de establecer escuelas especializadas en autismo en distintas regiones de Puerto Rico.

A esto se suma el señalamiento reciente de la Monitora del Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez, que indicó que cerca de 60 mil estudiantes de educación especial no están recibiendo los servicios establecidos en sus Programas Educativos Individualizados (PEI), permaneciendo fuera de ubicación o sin los apoyos requeridos.

Finalmente, la Alianza reiteró su respaldo a la inversión en servicios para personas con discapacidad, pero hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente y atender de forma integral las necesidades de la población con autismo en Puerto Rico, especialmente en áreas educativas, terapéuticas y de transición a la vida adulta.