La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), recomendó hoy que antes de establecer un seguro para proteger a los ciclistas de todo accidente en las vías públicas, se haga un estudio que determine la situación social y actuarial, y se considere la cubierta que la “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”, ya provee. 

En una audiencia de la comisión cameral de Transportación e Infraestructura de la Cámara, la ayudante especial de la ACAA, Zamary Solivan Cartagena, dijo que toda iniciativa debe considerar la cubierta que ya ofrecen y cómo se implementará lo propuesto de forma efectiva, sin afectar la situación fiscal de esa entidad.

“La ACAA concede una cubierta de beneficios a los ciclistas y a los peatones… Apoyamos la legislación que beneficie tanto al ciclista como al conductor. Pero debe hacerse un estudio de necesidad y otro actuarial, para saber que impacto tendrá la cubierta”, dijo la funcionaria.

 A juicio de Solivan Cartagena, optar por un seguro al ciclista la prima debe ser justa, “pero no puede afectar los ingresos del Gobierno”.

Datos suministrados por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito revelan que en lo que va de año, cuatro ciclistas han muerto en las carreteras de Puerto Rico. Sin embargo, no se informaron cifras sobre ciclistas involucrados en accidentes.

La comisión analiza la propuesta de los representantes José Luis Rivera Guerra, Norman Ramírez Rivera y Héctor Ferrer Ríos,  que crea la “Ley para la Protección Social por Accidentes de Ciclistas”.

De hecho, Rivera Guerra fue atropellado hace varios meses cuando corría bicicleta en un sector de Aguada, como parte de su entrenamiento para un evento de tríalo.

La legislación faculta a la Administración de Accidentes de Automóviles a establecer una póliza especial de seguro dirigida a proteger a los ciclistas, de todo accidente sufrido en las vías públicas de Puerto Rico.

Se establece que tendrá derecho a los beneficios que establezca la ACAA, toda persona natural que sufra daño corporal, enfermedad o la muerte resultante de estas, como consecuencia del uso de un vehículo o bicicleta en una vía pública. Dicha persona será denominada de aquí en adelante “la víctima”.

De igual forma, se dispone que los beneficios recibidos por el ciclistas nunca serán menores a los que hoy reciben las víctimas de accidentes automovilísticos bajo la “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”.

Todo lo dispuesto en ese estatuto relacionado con beneficios, beneficiarios, tratamiento, negligencia, reclamaciones, exámenes y rehabilitación de lesiones, será de aplicación a los ciclistas que estén cubiertos con la presente póliza especial.

La aportación anual que determine la Administración, para los ciclistas será la misma,  que pagará el dueño de cada vehículo de motor o arrastre para poder transitar por las vías públicas. Tal pago se hará en los lugares y en las formas que establezca la Junta, en coordinación con los Secretarios de Hacienda, de Transportación y Obras Públicas o de cualquier agencia o entidad.

Todo ciclista se acogerá voluntariamente a dicha póliza y la misma será extensiva al ciclista. Para este fin la Administración establecerá una identificación con el número de póliza y los datos personales de la persona.

En torno a la pieza que enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito”, para supeditar la expedición y renovación de licencia para conducir vehículos de motor a que todo conductor tome un curso sobre los cambios a la Carta de Derechos del Ciclista y la obligación de compartir las vías públicas con los que practican el ciclismo, Solivan Cartagena dijo que coincide con las disposiciones federales.