El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo se opuso hoy a la confirmación del abogado Gabriel Maldonado González como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

El líder sindical sostuvo en una vista pública ante la Comisión de Nombramientos del Senado que de la trayectoria laboral de Maldonado González surgen interrogantes que deben ser tomadas en cuenta a la hora de evaluar el nombramiento.

“Específicamente, el señor Maldonado ha participado de algunas de las administraciones que han tenido como saldo histórico la mayor cantidad de eliminación de derechos laborales para la clase trabajadora puertorriqueña. Específicamente, cabe recordar que bajo la administración de Luis Fortuño la clase trabajadora sufrió un golpe brutal tras el despido masivo de empleados públicos. A su vez, bajo el mandato de Ricardo Roselló se aprobó la Ley Núm. 6 de 26 de enero de 2017. La ‘Desreforma Laboral’”, dijo Figueroa Jaramillo, quien pidió a los senadores un voto en contra del nominado.

En enero pasado, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nombró a Maldonado González, en sustitución del renunciante, Carlos Rivera Santiago. El nominado fue evaluado en una primera vista pública el pasado mes de marzo.

Figueroa Jaramillo dijo que al momento “no existe indicio alguno” de que el designado Secretario del Trabajo se posicione conforme los deberes según enumerados en la Ley Orgánica del DTRH. “Muy al contrario, a lo que nos enfrentamos es a otro Secretario más por la línea de Carlos Saavedra, Briseida Torres Reyes y el saliente secretario Carlos Rivera Santiago. En otras palabras, es la continuación del Departamento de la Administración de Recursos Humanos y no el Departamento del Trabajo que en su momento se creó con el fin de ofrecer mayores protecciones a la clase trabajadora”, reclamó el dirigente de la UTIER.

Sobre el desempeño que ha tenido el nominado hasta el momento en el DTRH, Figueroa Jaramillo dijo que “cuando la gestión no es visible es más de lo mismo”. Recalcó que Maldonado González “viene de una administración donde ha hecho una política pública en contra de la clase trabajadora y tampoco ha asumido posturas”.

“No se trata, al presente, de intentar ser un ente conciliador. Se trata de buscar las maneras en que se fomente el desarrollo pleno de la calidad de vida de la clase trabajadora del país”, expresó Figueroa Jaramillo en la vista pública, que fue presidida por el senador Ramón Ruiz Nieves, en el Salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio.

“Recomendamos que no se confirme la designación de Maldonado como Secretario del Trabajo y se busquen alternativas cuyo historial muestren una defensa de los valores de la Carta Orgánica del Departamento que puedan garantizar un ambiente de paz laboral”, sostuvo Figueroa Jaramillo.

Por su parte, la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, preguntó a Figueroa Jaramillo cuáles son los criterios mínimos que espera de un Secretario del Trabajo y que el nominado no tiene.

“La trayectoria debe ser importante, no es cualquier puesto de gabinete, la ley define su rol, si realmente su trayectoria le permite en su conciencia poder cumplir con esto”, dijo el líder obrero. También, dijo a preguntas de la senadora que no se ha reunido en ninguna ocasión con el nominado.

En su turno, el senador y portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, preguntó al líder sindical por los beneficios laborales que en medio de la crisis económica la clase trabajadora ha perdido. “Tenemos que ser más exigentes como en el pasado, la excusa de la situación económica es relativa, ha sido para quitarle a la clase productiva del país”, dijo Figueroa Jaramillo.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkol indicó que el Secretario del Trabajo debe ser un puesto clave e el gabinete, pero “desafortunadamente se ha convertido en un puesto de segunda categoría”.

“Es una posición que debe cumplir con la defensa de los derechos de los trabajadores. La Constitución en la Carta de Derechos reconoce como un derecho constitucional, el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente, a negociar colectivamente, a la huelga y establecer piquetes”, sostuvo Bernabe Riekhol.

Aunque no compareció a la vista pública, la Central Puertorriqueña de Trabajadores envió una misiva a la Comisión de Nombramientos, en la que manifestó no tener razones para apoyar dicho nombramiento.