El Tribunal de Apelaciones desestimó hoy un recurso que buscaba paralizar la orden de un juez superior que obliga a la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones a entregar a la Cámara de Representantes el informe sobre el almacén de suministros sin repartir develado en Ponce.

El foro apelativo resolvió que no tiene jurisdicción en la controversia y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para la continuación del pleito, que instó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez contra Longo Quiñones quien se negó a producir copia del informe para una comisión especial amparándose en que el documento era confidencial.

Pero, el Panel de San Juan, del Apelativo, integrado por los jueces Irene Soroeta Kodesh, Misael Ramos Torres y Luisa Colom García denegó el recurso de certiorari del procurador general, Isaías Sánchez Báez, que buscaba paralizar el dictamen del juez superior, Anthony Cuevas Ramos, quien el pasado 26 de febrero le había ordenado a la Secretaria de Justicia la entrega del informe.

“En atención a los principios antes enunciados, se desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al ser prematuro”, dice la sentencia de los jueces de Apelaciones al tiempo que dejaron sin efecto la paralización de los procedimientos que habían decretado mediante resolución el 28 de febrero.

El panel de jueces indicó que no podía acoger la petición del Procurador General porque una moción de reconsideración que presentó Justicia ante el fallo adverso del foro de primera instancia no se consideró al proseguir con la vista de desacato pautada para el 28 de febrero, que tampoco llegó a celebrarse.

“Nuestro ordenamiento jurídico promueve y exige que las mociones de reconsideración se resuelvan en términos claros y contundentes, de forma tal que los foros apelativos no ejerzan sus funciones revisoras a destiempo. Lo anterior, además, les imparte certeza a las partes y a los tribunales en torno a los procedimientos judiciales ante su consideración. De hecho, en su posterior Resolución del 28 de febrero de 2020, el TPI expresó que dejaba en suspenso y consideraba prematura la moción de reconsideración”, señala la sentencia del Apelativo.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz insistió hoy en que el Departamento de Justicia debe hacer público ya, el informe que la gobernadora Wanda Vázquez Garced le encomendó al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el escándalo del almacén de suministros sin repartir de Ponce.

“Yo fui fiscal, ese informe no tiene ningún secreto militar. Ese informe a mi modo de ver, yo no conozco el contenido, pero a mi modo de ver no debe incluir información que sea ultra sensitiva”, dijo Rivera Schatz a preguntas de periodistas en el Capitolio sobre la negativa de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones de entregarle el informe a una comisión especial de la Cámara de Representantes.

Rivera Schatz sostuvo de que en caso de el informe tuviera algún tipo de información senstiva, el Departamento de Justicia podría entregarlo a la Cámara haciendo las advertencias de rigor. “Podría advertirle a la Cámara, ‘aquí está el informe, pero en esta área del informe hay una información sensitiva que puede afectar una investigación que está en curso y le pedimos que tenga prudencia. Estoy seguro que la Cámara tendría la prudencia y protegería la parte que requiera algún tipo de protección”, indicó el líder legislativo.

“No hay ninguna razón, ninguna justificación para que no se entregue el informe. Si después de todo, imaginemos que presentaran acusaciones o denuncias o que finalmente digan que no las presentarán, (el documento) va a ser público. Lo que levanta suspicacia, intriga es que haya una resistencia a entregar un documento que estimo contiene las instrucciones que dio el encargado de la investigación y los documentos y testimonios que recopiló en 48 horas. Mi opinión es que debe entregarse. La Secretaria de Justicia puede entregarlo ya hay un orden de un tribunal”, dijo Rivera Schatz.

Cuando se le indicó que la gobernadora dijo que no puede ordenarle a la Secretaria que lo entregue, el Presidente del Senado recalcó que la información pública es pública.

“Los asuntos de interés público requieren que se atiendan de esa manera, el informe que se produjo luego de las alegaciones que hubo, no hay ninguna justificación para no entregarlo ya. Se está convirtiendo en una distracción totalmente innecesaria. El esfuerzo que se está invirtiendo en eso es esfuerzo que se está perdiendo para atender el coronavirus y otros problemas apremiantes que tiene Puerto Rico. No hay razón para que no se entregue ya debería entregarse y ponerse punto final al asunto”, agregó.

Dijo que la investigación cameral sobre la controversia con los almacenes de suministros “ya está provocando insinuaciones contra todas las partes, contra mis compañeros de la Cámara, contra el Departamento de Justicia contra todas las partes involucradas y la manera de ponerle fin a eso es mostrando el informe”.

Esta semana el portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló anunció que la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones podría ser referida a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por supuestamente mentir bajo juramento a la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, que investiga el escándalo del almacén de los suministros de Ponce.

Rodríguez Aguiló sostuvo que también podrían referidos al Departamento de Justicia y a las agencias concernientes, el nominado secretario de Estado, Elmer Román, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), José López y el encargado de logística del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Luis Cruz.

“Si nosotros corroboramos como aparentemente corroboró la jueza de primera instancia (Lauracelis Roques Arroyo) en el caso de la prensa que le mintieron en el tribunal y que nos mintieron a nosotros aquí, no hay una segunda oportunidad, voy a pedirle a esta comisión hacer un referido directo a la Secretaria de Justicia y a todos los funcionarios que nos mintieron. En el caso de la Secretaria de Justicia sería directamente al FEI”, dijo el martes el legislador novoprogresista, quien encabeza la investigación cameral.