Entre críticas a cómo opera la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara discutió hoy una medida que busca dar más opciones al conductor a la hora de comprar el seguro de responsabilidad obligatorio (SRO).

“Esto no le va a costar un solo centavo más a los consumidores, que van a seguir pagando $99 y que podrán escoger la compañía que le ofrezca mejor servicio”, resumió el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras, autor del Proyecto de la Cámara 1841 y vicepresidente de la Comisión.

Esta medida procura garantizar que todo consumidor tenga la oportunidad de escoger el proveedor de SRO de su preferencia, incluso cuando compra el marbete en una colecturía.

En la actualidad, si el consumidor no indica de forma explícita que quiere otra aseguradora, la póliza se activa automáticamente con la ASC, una entidad que, aunque fue creada por ley en 1995, es privada y está compuesta por un grupo de aseguradoras que suscriben pólizas de autos en Puerto Rico.

 Además, si al momento de adquirir el marbete no se tiene prueba de que ya se compró el SRO, el consumidor tiene que pagar de nuevo los $99 y esperar a que su aseguradora tramite un reembolso.

 Para evitar estas situaciones y “garantizar un ambiente de justa competencia”, según se lee en la exposición de motivos, el proyecto propone crear un “formulario de selección” para que cada consumidor marque la aseguradora de su preferencia, incluida la ASC.

 Con cambios como este, se establecerían “condiciones equitativas” que no hay en este momento y que podrían animar a otras aseguradoras a entrar al mercado de SRO, anticipó la deponente Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese).

Por su parte, tanto el vicepresidente de Point Guard Insurance Agency, Luis López, como el presidente de Guardian Insurance, Raymond l. Fournier, consignaron su apoyo a la intención de la pieza legislativa, aunque propusieron una serie de enmiendas técnicas.

Además, Fournier consignó que la medida beneficiaría particularmente al pequeño y mediano comerciante que realiza inspecciones y vende marbetes, porque retendría el 5% de la prima pagada cuando actualmente no recibe remuneración por estas transacciones.

A la vez, ese cargo de 5% sería beneficioso para el Departamento de Hacienda, cuyas colecturías también tendrían derecho a retenerlo.

 “Se va a generar un movimiento económico que es bueno parar el País. Va a haber arrendamiento de locales, contratación de ajustadores y un sinnúmero de transacciones que es lo que necesita el País en este momento, que la economía se mueva”, expuso Pernas.

Rivera Ruiz de Porras estimó el beneficio al erario entre $10 a $12 millones, mientras que las compañías presentes se aventuraron a pronosticar una inyección de $15 millones anuales, en caso de que el proyecto se convierta en ley.

Competencia para mejorar el servicio

En cuanto a la motivación para someter la medida, Rivera Ruiz de Porras indicó que “cuando estaba el monopolio de las ASC, tardaban mucho en las reclamaciones. Muchos peros, mucha papelería”.

 “Al generarse la competencia, todas estas compañías tratan de agilizar el proceso porque quieren que ese cliente se mantengan con ellos”, explicó.

 De hecho, según indicó, ASC ha perdido una tajada de 20% a 25% del mercado de seguro obligatorio. “Y no tengo duda de que otras compañías van a querer entrar”, opinó.

En contra la ASC

Por su parte, la ASC se opuso a la medida en una extensa ponencia, pero se excusó de comparecer en la vista pública.

 Uno de sus argumentos en contra apunta a que la ASC considera que no está en igualdad de condiciones con el resto de las aseguradoras que venden el SRO, debido a que el Estado le impone "una realidad administrativa y operacional diferente a la de cualquier otra aseguradora tradicional".

 Además, las enmiendas a la ley vigente colocarían a la ASC "en una posición de desventaja que la llevaría a la insolvencia financiera", según se lee en la ponencia suscrita por su presidente, José L. Blanco Latorre.

 Por último, la ASC arguyó que el formulario de selección propuesto agregaría un trámite burocrático que "fomentará retrasos y deficiencia en los servicios en los punto de venta de marbetes, particularmente en las colecturías".