La transacción que pondría en manos de un operador privado la administración y operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM) provocaría millonarias pérdidas económicas y de miles de empleos en las regiones donde ubican los principales aeropuertos regionales de Puerto Rico, afirmó hoy, miércoles, el economista José Alameda.

El también profesor universitario compareció hoy ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que evalúa la mencionada transacción.

También comparecieron el conocido economista José Antonio Herrero, el experto en aviación Harry Narváez Munet, el abogado y asesor legislativo, Mario Pabón Rosario y un panel de dirigentes sindicales, todos en oposición a la privatización del LMM.

Según Alameda, el contrato de arrendamiento a largo plazo, como calificó a la transacción, resultará en profundizar la concentración de riqueza y actividad económica en la zona metropolitana de San Juan, en perjuicio de las ya marginadas restantes regiones de la Isla.

Estimó, utilizando un modelo econométrico, que de otorgarse el contrato, en los próximos 14 años la región del Oeste, donde está ubicado el Aeropuerto Borínquen de Aguadilla, perderá un promedio de $230 millones, mientras que la región sur, donde ubica el aeropuerto Mercedita, perderá $147 millones, como resultado de una reducción de vuelos y las limitaciones de desarrollo que impone el acuerdo.

Proyectó, por otro lado, que la economía de esas regiones perderán 3,285 empleos en el Oeste y 1,451 empleos en el Sur.

 Alameda destacó además que el contrato propuesto está en contradicción con los planes que han preparado distintas agencias del gobierno para el desarrollo de las regiones del país, particularmente aquellas donde está alguno de los 11 aeropuertos regionales.

“Esta alianza público privada es un contrato exclusivo para beneficiar el Luis Muñoz Marín. Los planes para las regiones se limitan”, dijo el economista.

Mientras tanto, el experto en aviación levantó numerosas interrogantes sobre la capacidad del operador propuesto para manejar la instalación y su capacidad para cumplir con los requisitos de seguridad que imponen las agencias federales.

 “No creo que el gobierno de Estados Unidos permita el reto que esta nefasta transacción significa para la Seguridad Nacional de Estados Unidos”, dijo.

Pabón, por su parte, afirmó que ninguna de las tres condiciones que ha puesto el gobernador Alejandro García Padilla para aceptar la transacción, es posible con el contrato existente. Fue una por una para demostrar su imposibilidad.

Sobre la permanencia de los trabajadores afirmó que “con la privatización según propuesta, no será posible garantizar la permanencia de los empleos deseada por esta administración. Para llegar a esa conclusión, cuestionó: “¿dónde podría la Autoridad de Puertos localizar a los empleados del LMM que se queden en la agencia, si ya la agencia tiene más empleados de los que necesita?”.

Rechazó también que no habrá aumento en las tarifas y afirmó que el contrato solo dispone para una congelación por cinco años, tras los cuales la empresa podrá decretar alzas, de acuerdo con el incremento en el índice de precios.

Respecto a la protección de los aeropuertos regionales, sostuvo que el contrato no solo limita el desarrollo de estos, sino que establece incentivos y mecanismos para atraer los vuelos al LMM, en perjuicio de los regionales.

El economista Herrero estimó, mientras tanto, que “el análisis financiero del proyecto, según está estructurado, produce una pérdida a la Autoridad de Puertos de $1,084.2 millones, valorados al valor actual, por los 40 años”.