La Cámara de Representantes aprobó esta tarde, tras un pequeño debate, un proyecto de ley (2326) que autoriza que agentes de las distintas agencias federales en Puerto Rico hagan arrestos por la comisión de delitos estatales mientras dure una declaración de estado de emergencia decretada por el gobernante de turno.

La medida, que enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal, se aprobó en votación partidista, con el rechazo de las minorías. Obtuvo 34 votos a favor y 12 en contra.

El representante popular Luis Vega Ramos tildó la pieza legislativa de “un acto de arrodillamiento colonial” y la comparó con “una bola rápida, cuál juego de la Serie del Caribe”.

“¿Qué problema viene a resolver esto?, ¿qué problema ha habido en la reciente emergencia de los terremotos que ha requerido la activación indiscriminada de los agentes del orden público federal para que arresten por cualquier cosa? La contestación es ninguna. Ese no ha sido el problema que hemos tenido en las pasadas semanas”, cuestionó Vega Ranos.

“Con que la gobernadora diga que hay una emergencia, hoy puede ser por los temblores, mañana puede ser por terrorismo, pasado mañana puede ser por el corona virus, el día después porque los marcianos vienen… por cualquier razón que al gobernador o gobernadora le dé por declarar una emergencia por tiempo indefinido todo agente federal tendrá la autoridad para arrestar sin tener que consultar a nadie, para detener y privar de su libertad, aunque sea temporeramente a cualquier persona en Puerto Rico”, expresó.

El portavoz de la delegación novoprogresista y autor de la medida, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo que la propuesta busca aliviar la carga a los agentes del orden público del País.

“Les guste o no les guste somos una colonia y estamos bajo la jurisdicción del gobierno federal y ellos toman decisiones en Puerto Rico por encima de lo que ellos pretendan decir o pretendan hacer. Este no es un proyecto ideológico es para ayudar a los agentes del orden público en Puerto Rico que sabemos que hay unas limitaciones, el gobierno no tiene el dinero necesario para abrir academias y estamos buscando alternativas”, indicó Rodríguez Aguiló.

“Esto no me lo inventé , esta iniciativa se está llevando a cabo en más de 30 estados en Estados Unidos”, agregó el legislador de la Palma.

Por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón expresó que “al fin y al cabo, el gobierno federal decidirá si añade el deseo, petición y el casi ruego que se está haciendo de parte de la mayoría parlamentaria porque no hay forma de obligar a las autoridades federales a cumplir con esto”.

El proyecto de ley, que pasa al escrutinio del Senado, reconoce como agentes del orden público a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (Home Land Security), Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Cuerpo de Alguaciles Federaes, Administración para el Control de Drogas (DEA), Guardia Costera, Servicio de Inmigración, Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Servicio Secreto, Inspector General, Servicio Diplomático, Patrulla Fronteriza, Servicio Forestal, Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración Federal de Drogas, Inspectores del Servicio Postal, Policías de la Administración de Veteranos, la Administración de Servicios Generales, Departamento de la Defensa y del Servicio Postal.