El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, determinó este viernes archivar la querella radicada contra el comité político del gobernador Pedro Pierluisi y el comité de acción política (PAC), Salvemos a Puerto Rico, por falta de pruebas.

En su determinación, el funcionario detalló que la determinación se tomó “al no haberse encontrado evidencia de que Salvemos a Puerto Rico y el Comité Pedro Pierluisi, Inc. o Salvemos a Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista (PNP) hayan coordinado gastos entre sí”.

La querella que motivó la intervención del contralor electoral fue presentada el 28 de julio de 2020 por Jorge L. Dávila Torres, quien fuera director de campaña de la contrincante primarista de Pierluisi, Wanda Vázquez.

Su denuncia apuntó a que “Salvemos a Puerto Rico se formó con la intención de influenciar un proceso electoral local en Puerto Rico apoyando la elección de Pedro Pierluisi como candidato a gobernador en las primarias del PNP, por lo que debió registrarse ante la Oficina del Contralor Electoral y no en el Federal Election Commission. Igualmente, alegó que Salvemos a Puerto Rico estaba siendo financiado por dos corporaciones, Foundation for Progress, Inc. y Fundación Pro Igualdad, Inc., que fueron incorporadas en el Departamento de Estado sin proveer en su registro la información requerida por la Ley General de Corporaciones. Ante esa situación, el querellante solicitó a la Oficina del Contralor Electoral que prohibiera que el dinero donado por las referidas corporaciones fuera gastado en las elecciones de Puerto Rico para evitar que dinero de procedencia no identificada pudiera influenciar a los electores en el proceso de primarias del PNP”.

Pese a que se archivó esta querella, el PAC ha estado sumido en controversias. De hecho, su presidente y amigo de Pierluisi, Joseph “Joey” Fuentes Fernández, se declaró culpable en el foro federal y fue sentenciado a 14 meses en prisión por ocultar de dónde provenían los fondos depositados en las entidades fatulas.

Como parte del proceso investigativo, el contralor electoral destacó que la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico “no prohíbe que un aspirante, candidato o personal del Comité le sugieran a un tercero que aporte dinero a un comité de gastos independientes que le favorece, como lo fue SPR, ni tampoco prohíbe que un candidato o personal de su comité le sugieran a alguna persona allegada que organice un comité de gastos independientes para favorecer su candidatura. De la misma forma, la Ley 222 no prohíbe que un recaudador obtenga donativos, simultáneamente, para un comité de campaña de un candidato y para un comité de gastos independientes que apoye al mismo candidato. La Ley 222 lo que prohíbe es que los comités de gastos independientes incurran en gastos coordinados con otro comité”.

Por tal razón, Vélez Martínez expuso que la Legislatura debe promover enmiendas que regulen más a estos comités.

“Corresponde a la Asamblea Legislativa evaluar si las actividades de los recaudadores deben estar sujetas a alguna regulación del estado. El recaudador es aquella persona que solicita y reúne contribuciones de muchas otras personas con el objetivo de recaudar cierta cantidad o nivel de dinero que, posteriormente, es presentada como un solo paquete a un comité político. En instancias los recaudadores fungen, además como cabilderos”, sentenció.