Al defender el voto por la estadidad en el plebiscito de noviembre, el representante José Enrique Meléndez y la candidata al Senado Zoé Laboy argumentaron que la anexión a Estados Unidos traería a la Isla más recursos federales para atender el problema del crimen.

Ambas figuras novoprogresistas se ampararon en el acceso a los fondos para señalar que el Estado Libre Asociado (ELA) representa un problema de seguridad, pues impide que Puerto Rico reciba la misma cantidad de recursos que obtienen los 50 estados para trabajar con temas como el narcotráfico.

"Nuestra seguridad es constantemente perjudicada por el estatus político actual, ya que las ayudas federales otorgadas no atienden completamente las necesidades de la realidad en que vivimos”, manifestó en un comunicado Meléndez, quien aspira a la reelección.

“En Puerto Rico, la incidencia en asesinatos es cinco veces mayor a la media del resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos, y sobre el 70% de los mismos están relacionados con el narcotráfico, pero somos los últimos al recibir los fondos federales”, añadió el legislador.

Laboy sostuvo que el estatus actual, establecido en 1952, es “un impedimento al progreso y el desarrollo” del país.

Tanto Laboy como Meléndez apoyaron las alianzas que mantiene el gobernador Luis Fortuño con las autoridades federales para atender la criminalidad, y afirmaron que la estadidad es la única alternativa de estatus que garantiza ese tipo de colaboración.