Un panel de expertos en municiones se pronunció hoy, martes, en contra de dos proyectos de ley para encaminar nuevas modificaciones en la Ley de Armas de Fuego y criticaron sobre todo una medida para procurar que todos los proyectiles legales en el país estén codificados.

La mira de esos peritos se centró, entre otras propuestas, en lo expuesto en el Proyecto del Senado 8, que fomentaría la obligatoriedad de municiones codificadas con microestampados mediante un sistema que pusieron en entredicho y que, además, según destacaron, resulta sumamente oneroso.

"Ese sistema no es funcional en balas con base de plomo, según técnicos forenses", dijo el perito en balística Julio Vélez, al testificar en vista pública de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado.

El sistema en cuestión, patentizado en los Estados Unidos, "excluye proyectiles con alcance de más de 1,116 pies por segundo y se limita a balas subsónicas y de alto peso", argumentó Vélez en la audiencia presidida por el senador Miguel Pereira.

Vélez indicó que el sistema se presta para "carpetear" injustamente a los que compran municiones legalmente al impulsar un "escrutinio oneroso y sin base legal", que además ha sido altamente cuestionado en los Estados Unidos, donde "18 estados lo han propuesto, pero no lo han aprobado".

A los reparos expuestos por Vélez en contra del Proyecto 8 del Senado se unieron la instructora de tiro Sandra Barreras, el armero Víctor González García, presidente de AAA Gun Club, y el licenciado Manuel Cruz.

La medida en cuestión propone, entre otras cosas, que se incluyan en el registro electrónico (de armas) las transacciones de municiones codificadas, que los vendedores autorizados lleven constancia de las ventas de las mismas y que se requiera la disposición, previo al 1 de julio de 2014, de toda munición no codificada, salvo que forme parte de una colección de armas.

González García sostuvo que que "al momento no existe ninguna compañía que manufacture municiones que haya aceptado dicha tecnología", no solo por lo costosa, sino por lo difícil de apareamiento de proyectil y casquillo.

Agregó que la Codificación de Municiones (ACS por su siglas en inglés, según registrado en EEUU) es un sistema en el que "queda la interrogante de parte del consumidor, al no poder constatar los números de código que se le están vendiendo, si en realidad son los que dicen ser". Se refirió a que el proceso mecanizado de impresión de balas no está exento de fallos en la condificación", al margen de que el sistema permite repetir numeraciones y no se descarta que dos personas tengan un proyectil con el mismo código.

Barreras, por su parte, se expresó en contra del Proyecto del Senado 6, para imponer responsabilidad vicaria por facilitar armas a personas sin licencia. "Si ya nuestro ordenamiento jurídico provee para que cualquier persona pueda reclamar judicialmente a quien le ocasione daño, no entendemos de qué forma abonan (al país) las enmiendas propuestas".

La también campeona de tiro, con 32 años de experiencia en este deporte, consideró innecesaria la medida porque ya la ley vigente estipula que en el país "nadie puede vender de forma legal armas y/o municiones a personas sin licencia. Además, "con tantas trabas, requisitos y dificiltades para obtener una licencia, es obvio que una persona con licencia no debe estar envuelto con armas ilegales", opinó Barreras.

El Proyecto 6, sin embargo, fue bien recibido en principio por la Policía, por entender que se cimenta "en una política pública a favor de las víctimas de delitos, al reparar económicamente a las mismas del daño que son objeto, por acciones ilegales". En una ponencia presentada por portavoces del superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, opinaron que la medida representaría "un disuasivo para aquellas personas naturales o jurídicas que pongan a la disposición de una persona sin licencia de armas, un arma de fuego, con el peligro que esto implica y sepan que pueden responder por dicha acción, no solo en lo penal, sino también en el ámbito civil".

Mientras, la licenciada Estrella Mar Vega, asesora legal de Pesquera, dijo a este medio que la Policía no ha completado el estudio del Proyecto 8, por lo que no tienen todavía una posición formal sobre la medida.