Tanto la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), como los grupos magisteriales agrupados en el Frente en Defensa de la Educación Pública (FADEP), anunciaron por separado, que consignaron hoy sus objeciones al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) en la vista de argumentaciones finales sobre el caso de la quiebra de Puerto Rico ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

Los gremios magisteriales intercambiaron acusaciones sobre las posturas asumidas en el proceso que podría culminar con un fallo de la jueza Taylor Swain el próximo mes de diciembre .

“Los maestros son el grupo de servidores que van a recibir el peor trato, de concretarse este plan, los maestros activos no solo sufrirán las congelación de sus pensiones, sino que también se les retrasará su edad de retiro”, reclamó el presidente de la Asociación, Víctor Bonilla Sánchez.

El líder magisterial indicó en conferencia de prensa, que el retraso en la edad de retiro de los maestros activos sería de entre 8 a 10 años luego que los abogados del gremio, Melisa López Díaz y José Luis Barrios presentaran esta mañana sus objeciones en la última vista de confirmación del PAD, luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sometió el caso.

“En la mañana de hoy la Junta sometió su última postura y sometió el PAD según propuesto, dando por terminadas las vistas de confirmación del Título III de la quiebra del gobierno de Puerto Rico”, dijo Barrios. Las vistas de confirmación, celebradas mediante videoconferencia, comenzaron el pasado 8 de noviembre y culminaron hoy.

“Nosotros presentamos en más de una ocasión nuestras objeciones claras basadas en derecho, así como aquellas objeciones que están más allá que tienen que ver con política pública, donde la Junta excede sus facultades al imponer esta congelación. Sometimos nuestros argumentos y nuestro caso ayer lunes y estamos esperando que la juez los acoja”, sostuvo el abogado. Dijo que esperan que Taylor Swain emita el fallo por escrito, lo que podría ocurrir a finales de la semana próxima.

Barrios indicó que la JSF insistió hoy con su propuesta de elevar de 60 a 63 años la edad de retiro de los maestros, además, de eliminarles el beneficio de continuar acumulando dinero para su eventual retiro.

Dijo que el impacto en la congelación de la pensión podría traducirse para algunos maestros hasta en un 44 por ciento de la reducción de su beneficio final de pensión. El letrado añadió que de confirmarse el plan tal y como lo sometió la Junta, entraría en vigor 14 días después que la jueza emita su decisión.

Bonilla Sánchez indicó por su parte, que si la jueza le diera el visto bueno a la propuesta de la JSF se afectarían unos 18 mil maestros. Actualmente, en el sistema público laboran unos 26 mil educadores.

“Aunque su retiro no se congele a los que entraron después de 2014, la realidad es que su fecha de retiro se atrasa. De alguna forma, unos más y otros menos, pero todos se van a afectar”, dijo la secretaria general interina de la AMPR, Sybaris Morales Paniagua.

Sostuvo que de concretarse el PAD a la fecha de ser confirmado, aquellos maestros que no cumplan con los requisitos para jubilarse verán la congelación inmediata de su retiro y su nueva edad de jubilación será 63 años. “A partir de ese momento tampoco estará disponible la posibilidad de una pensión por incapacidad, de necesaria y tampoco podrán comprar tiempo”, dijo Morales Paniagua, pero aclaró que aquellos que cumplan con los criterios para retirarse “no perderán ese derecho”.

Bonilla Sánchez también dijo que de ser aprobado el PAD, “todo aquel que tenga menos de 45 años entrará automáticamente al Seguro Social, en una fecha aún no establecida y los que tiene 45 años o más, podrán entrar llenando y sometiendo dentro del término que otorgue el gobierno, una solicitud a esos fines”.

Por su parte, el vicepresidente interino de la AMPR, José Eligio Vélez Castro reclamó que “la Asociación trató negociar en mejor trato frente a la Junta, pero el esfuerzo fue plagado de mentiras y desinformación por otros grupos como la Federación de Maestros y el FADEP”.

Ripostan la Federación y el FADEP

“Desde inicios de semestre el magisterio repudió masivamente en las urnas el intento de la Asociación de Maestros y AFT (American Federation Teachers) de imponernos lo que hoy la Junta pretende implementar”, dijo en declaraciones escritas la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, en representación del FADEP, integrado también por los grupos magisteriales, ÚNETE y EDUCAMOS.

“Presentamos ponencias contra el PC 1003 en la legislatura, cabildeamos, protestamos adentro y fuera del Capitolio y finalmente, acudimos al tribunal. Ahora, esperaremos a conocer la determinación final de la jueza en o antes del 15 de diciembre. Estamos orgullosas del trabajo realizado por nuestra defensa legal, a nombre no solo de nuestros representados, sino que de prevalecer se beneficiará todo el magisterio activo (sobre 20,000 docentes), todos los pensionados del gobierno y los empleados del Sistema de Retiro de Maestros”, sostuvo Martínez.

“Durante la vista ante la jueza Taylor Swain el 17 de noviembre de 2021, la licenciada Jessica Méndez Colberg presentó una argumentación magistral en defensa de cero recortes a pensiones tanto actuales, como futuras y del ajuste por el costo de vida a las pensiones por los siguientes 25 años”, señaló, Migdalia Santiago de EDUCAMOS.

“Nuestra representación legal argumentó ante la jueza la ambigüedad de la Ley 53-2021, que generó precisamente que la Junta de Control Fiscal pidiera a la corte que interpretara y determinara el alcance de la misma”, indicó por su parte, Liza M. Fournier, presidenta de UNETE.

Martínez reclamó a su vez, que “la ausencia de una ley habilitadora que congele el sistema de retiro por beneficios definidos, o derogue el ajuste por el costo de vida a las pensiones son muestra de la intención legislativa de cero recortes, aplica tanto a pensiones actuales, como futuras y la garantiza la continuidad del ajuste del costo de vida (COLA) a las pensiones”. Agregó que el reclamo de “cero recortes, va dirigido tanto a pensiones actuales, como futuras”.

Dijo así mismo, que aunque la Junta recurra al argumento de “campo ocupado”, no existe Ley Habilitadora, tal como requiere la sección 314 de PROMESA para congelar, recortar pensiones o eliminar el ajuste a las pensiones por el costo de vida. Reclamó además, que el PAD en su totalidad no es confirmable ante la ausencia de ley habilitadora.

“La corte no tiene la autoridad de restringir prospectivamente, como pretende hacer la Junta, que los legisladores aprueben legislación futura que beneficie a los participantes del Sistema de Retiro para Maestros”, sostuvo que fueron parte de los argumentos finales que su representación legal presentó al cierre de las vistas. “Los educadores merecen más. El pueblo de Puerto Rico merece más”, indicó Martínez que fue el pedido de su equipo de abogados, encabezado por licenciado Rolando Emanuelli, al solicitarle a la jueza Taylor Swain que deniegue la solicitud de la JSF.