La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) se opone a la derogación de la Ley de Reforma Laboral, como se propone a través de los proyectos del Senado 91 y 123, por entender que un “cambio tan drástico” tendrá un impacto desfavorable en el desarrollo de nuevos empleos con la llegada de empresas internacionales a Puerto Rico, al tiempo que recomendaron al gobierno a enfocar esfuerzos en crear leyes que flexibilicen la obtención de permisos y costos de utilidades.

“Eliminar una ley que ha traído flexibilidad a la relación patrono-empleado, manteniendo los derechos adquiridos bajo las leyes laborales anteriores, no propicia la competitividad que el país necesita”, opinó el presidente de ASORE, José Vázquez Barquet, uno de los deponentes que asistió hoy a la vista pública de la Comisión Senatorial de Derechos Humanos y de Asuntos Laborales donde se discuten los Proyectos del Senado 91 y 123 que buscan derogar la Ley 4 de Reforma Laboral y establecer la Ley para la Protección y Ampliación de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras de Puerto Rico. La comisión es presidida por la senadora Ana Irma Rivera Lassén.

La Reforma Laboral aumenta el tiempo probatorio y reduce el periodo de vacaciones a los empleados del sector privado.

Según el deponente de ASORE, la Ley 4 es una reciente (se creó hace cuatro años) y desde su aprobación la isla ha pasado por situaciones atípicas como lo fueron los huracanes de 2017, el verano de 2019, los terremotos y la pandemia.

“Precisamente, por todos estos eventos, de los cuales nadie tiene el control, las estadísticas actuales relacionadas con el empleo en el País no necesariamente representan los efectos de la Ley 4. Es decir, a nuestro juicio, por lo reciente, el efecto real de la Ley 4 no es medible, más aún cuando el empleo se ha visto afectado por los eventos antes mencionados. Según datos del Departamento del Trabajo, la tasa de empleo ronda en 40%, con un porcentaje alto de personas que no está en el sector y por ende se disminuye el porcentaje para evaluar de forma justa una reforma laboral tan amplia. Por lo que, la derogación de la Ley 4 no debería ser el norte, sino su revisión”, sostuvo Vázquez Barquet.

Defendió a la industria de restaurantes alegando que el sector se distingue por el aoto número de empleos que genera a tiempo parcial y por ser la primera experiencia de trabajo de jóvenes universitarios y de madres y padres solteros. Alegan que la aprobación de la Ley 4 trajo consigo un aumento en horas de trabajo para empleados a tiempo parcial. Además, sostienen que luego de aprobada la Ley 4 muchos patronos mantuvieron los mismos beneficios que tenían bajo la ley anterior.

“Como ya varios deponentes han señalado antes esta distinguida Comisión, llamamos la atención que derogar la Ley 4 conllevaría que los pequeños comerciantes tendrían que pagar las horas extra al doble, cuando bajo la referida ley podían pagar tiempo y medio. En el momento histórico de pandemia como el que estamos viviendo esto representa un golpe económico para los pequeños comerciantes”, subrayó.

Vázquez Barquet, dijo que favorece que se realice un análisis “sosegado” de la Ley de Reforma Laboral para “evaluar cómo puede mejorarse para todas las partes y así lograr un cuerpo de ley balanceado, flexible y que nos ayude a ser competitivos, siempre velando por el bienestar de nuestros trabajadores”.

Sugirió también crear una mesa de trabajo con el sector privado , la cual agrupa a 35 comercios privados. La senadora Rivera Lassén le indicó que la Coalición está convocada para deponer sobre el asunto el 14 de abril.

Juristas Laborales favorecen la derogación

Por su parte, el presidente de la Asociación de Juristas Laboralistas de Puerto Rico, el licenciado Carlos Mondríguez Torres, se mostró a favor de la derogación de la Reforma Laboral, una ley que describió como “nefasta” y que ha hecho “mucho daño a la clase trabajadora de Puerto Rico”.

“Nuestra Asociación de Juristas, sin duda, apoya este proyecto (del Senado 91)... no hay razón para trastocar los derechos de los trabajadores, por eso apoyamos ambos proyectos”, acotó.

Señaló que la Ley 4 no cumplió sus objetivos bases de abonar a la recuperación económica de la isla y promover el crecimiento de la producción y aumentar la tasa de participación laboral en Puerto Rico. Agregó que tampoco cumplió las expectativas de aumentar la mediana de ingreso familiar y reducir la pobreza.

“Es innegable que, entre 2017 y 2019, no se ha recuperado la actividad económica ni el mercado laboral como pretendía lograrse con la aprobación de la Ley Núm. 4-2017. Durante ese periodo de tiempo, la producción se redujo dos punto setenta y nueve por ciento (-2.79%). Esta cifra es mayor al descenso de dos punto cuarenta por ciento (- 2.40%) observado en el PNB real durante los tres años anteriores (2014-2016) a pesar del incremento en las transferencias del Gobierno de Estados Unidos como resultado del Huracán María y del crecimiento preliminar anticipado para el año 2019”, lee parte de la ponencia de Mondríguez Torres.

De hecho, puntualizó que la reforma laboral en el sector privado “lejos de resolver la crisis de insolvencia fiscal la agravó, puesto que un trabajador despedido con la facilidad con la que ahora puede ser despedido, o sin derechos, o inestable en su empleo, desembocará irremediablemente en la ola migratoria cada vez más grande que marcha hacia los Estados Unidos donde no se están recortando sus derechos”.

El Proyecto del Senado 91, de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, propone derogar la reforma laboral y el Proyecto del Senado 123, de la autoría de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe y Rivera Lassén, establecería la Ley para la Protección y Ampliación de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras.