Tras el embate de los huracanes Irma y María se ha desarrollado en la Isla un alza en la cantidad de personas que han acudido al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a registrarse como contratistas.

Datos entregados a Primera Hora indican que desde el pasado 1 de octubre hasta la fecha 339 individuos radicaron la solicitud para ingresar al registro que les permite a estos profesionales operar legalmente en Puerto Rico.

El aumento, en comparación con el mismo periodo durante el 2016, es de 105 solicitudes más.

“Creemos – a base de lo que las mismas personas comentan al registrarse- que el aumento se debe a que para poder acceder a fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) se requiere una licencia o certificación emitida por el Estado y en ese caso somos nosotros en DACO los que las otorgamos”, comentó Michael Pierluisi, secretario de la agencia.

El Registro de Contratistas incluye a aquellos obreros o empresas que se dedican a la construcción de residencias, así como a realizar medidas, modificaciones, alteraciones, instalaciones y reparaciones esenciales en edificaciones dedicadas a la vivienda. 

También incluye a las personas con negocios dedicados a tratamientos de techo y a los handyman que hacen labores de carpintería, albañilería y otras reparaciones análogas.

Aunque las querellas a contratistas o los chiriperos que han aprovechado los trabajos de reconstrucción en la Isla – tras el embate de los ciclones - se han mantenido en el límite promedio por región, Pierluisi recomienda al consumidor mantener el ojo visor para evitar ser defraudado. 

“Las querellas radicadas desde Irma hasta la fecha (15 de febrero) – a base de la ley 146- es de 53 casos. Esto no es un número alto y tampoco podemos decir que están relacionadas a trabajos de reconstrucción por el daño de los huracanes”, dijo el secretario del DACO al explicar que también pudiera tratarse de otros sucesos ocurridos antes del azote de los fenómenos atmosféricos pues los consumidores tienen dos años para someter sus querellas ante la agencia.

En cambio, dijo que el panorama a futuro pudiera cambiar pues muchas de las labores de construcción o reparación están en una etapa inicial. En este sentido, agregó, hay que tener cuidado con los posibles “estafadores”.

“Lo más importante es que los consumidores tomen sus precauciones y entre ellas una de las más importantes es que pidan referencias y recomendaciones de los contratistas. También pueden verificar en el Registro de Contratistas datos sobre esa persona”, dijo en referencia al enlace http://daco.pr.gov/consumidores/Pages/Registro-de-Contratistas.aspx.

Agregó que también pueden corroborar mediante un servicio en línea a través de https://serviciosenlinea.daco.pr.gov/Pages/Public/PortalEntitySearch.aspx?ObjectTypeCode=3027 si la persona a contratar tiene alguna querella en la agencia.

“Otra cosa que recomendamos es que se haga una búsqueda en el portal de tribunales.pr para verificar si esa persona tiene algún caso criminal pendiente”, destacó.

Dijo que entre las quejas comunes de consumidores querellantes se incluye los casos de contratistas que, tras cobrar al cliente, no culminan el trabajo y después se desaparecen del panorama, dificultando su localización.

“También están las denuncias de casos de que después que les hacen el trabajo, al final no resulta lo que se suponía y el contratista no quiere modificar el proyecto”, dijo Pierluisi al aconsejar no pagar por adelantado “hasta que todo esté claro y por escrito”.

Añadió que el rol de DACO es uno adjudicativo, pero en muchas ocasiones refieren casos a la policía para una posible investigación criminal.

La gestión de la agencia en el proceso incluye que el caso sea discutido por un juez administrativo quien, tras evaluar la prueba, emite una resolución.

“Dependiendo la causa, es la acción. Desde devolver dinero hasta otorgar daños sufridos. En algunos casos si el contratista incumple con la resolución de DACO vamos en auxilio al tribunal para que se ordene ese cumplimiento”, expresó.

Dependiendo la falta, se podría incluso revocar licencias a comerciantes y emitir multas de hasta $10,000.