A pocos días de entrar en vigor la orden del gobierno federal en el que se le exigirá a todos los pasajeros provenientes del extranjero que llegan en avión a los Estados Unidos -o sus territorios- a realizarse una prueba de detección de COVID-19, el Departamento de Salud de Puerto Rico aumenta las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín con personal adiestrado para manejar a personas que presenten comportamiento hostil o violento.

La medida local se desarrolla con la inserción de un grupo de inspectores, recientemente graduados de la academia de la Unidad de Investigaciones de Salud, cuyo fin es dar apoyo al personal epidemiológico y de la Guardia Nacional que desde julio tienen la tarea de recopilar información de todos los pasajeros que llegan a la Isla, a la vez que se les orienta sobre las regulaciones estatales que existen para contener el COVID-19 en el territorio.

“En particular, este grupo de trabajo se encargará de esas personas que tienen dificultad en el comportamiento… de cierta manera se enfocarán en explicar lo que conlleva la orden ejecutiva y cuáles son los procedimientos en Puerto Rico referente a suministrar información a través de una declaración de viajero y al monitoreo que se les dará a través de SARA ALERT”, explicó Jesús Hernández, sobre las labores que el equipo de trabajo, compuesto por 30 investigadores, comenzó desde hoy en el aeropuerto internacional.

Aludió que la medida de seguridad surge luego de que el pasado 28 de noviembre un turista que llegó a Puerto Rico tuvo que ser arrestado después de protagonizar un incidente violento en el área de control del COVID-19 del aeropuerto.

Trascendió que el hombre, identificado como Adrien Williams, tuvo que ser sometido a un arresto civil en el terminal B, luego de agredir en el rostro a uno de los funcionarios de Salud que lo instó a que tenía que colocarse una mascarilla para cumplir con las regulaciones locales. De hecho, en las redes sociales circularon vídeos alusivos al violento evento.

“Tuvimos a esa persona que no quiso cumplir con llenar la información que se le requería ni con el uso de mascarilla. Se trató de orientar sobre los requerimientos pero tuvo que ser arrestado… ese tipo de cosas son las que queremos evitar”, manifestó al explicar que la iniciativa es costeada con fondos de la Ley Cares que ascienden a $1,326,000 en un año.

“¿Qué de diferente tiene esto a lo que se había hecho? La realidad es que se está adiestrando al personal en unas áreas que anteriormente no se había educado y que incluyen técnicas o mecánicas de arresto. Ahora el personal está más ágil, más vigilante y protegido. Se trata de saber manejar a esas personas que no son cooperadoras”, agregó al señalar que la prioridad inicial es educar a los pasajeros y hacerles entender que se trata de un proceso en el que se busca “salvar vidas”.

Hernández acotó que otra tarea de los inspectores -algunos de ellos armados- es localizar a las personas que no pueden ser localizadas por el grupo de vigilancia que dirige la epidemióloga Miriam Ramos.

“Persona que incumpla con SARA ALERT y apague la aplicación o no responda llamadas o mensajes son localizados por nosotros. Igual ocurre con aquellas personas que arrojan positivos y no quieren seguir el protocolo impuesto por los grupos epidemiológicos en los municipios que dirige la doctora Fabiola Cruz”, indicó.

Asimismo, el grupo está vigilante a identificar documentos que pudieran ser fraudulentos.

“Podrían identificar documentos dudosos, entre estos algún ‘travel declaration’ con información falsa, lo que conlleva a que se fijen penalidades de delitos graves, o documentos como son los de laboratorio que, ciertamente, causan duda o preocupación y que pudieran culminar en una investigación a fondo”, sostuvo Hernández.

Dentro del grupo de inspectores hay ingenieros, bioquímicos, abogados, entre otros profesionales.

Ese es el caso de Jean Manuel Meléndez, recientemente graduado de derecho, quien dijo sentirse preparado para lidiar con cualquier pasajero hostil que llegue a Puerto Rico.

“Muchos llegan en buen ánimo, pero siempre hay sus excepciones y estamos para asistir a ese tipo de pasajeros hostiles, cuestión de que todo fluya en orden”, dictó.

Por su parte, Kiara Vázquez, dijo que lo que la motivó a participar de la iniciativa es salvaguardar la salud de los puertorriqueños. “Se trata de velar por la salud pública de nuestro pueblo”, indicó.

De otra parte, Hernández expresó que el presupuesto asignado a la unidad es “moderado”, por lo que ha solicitado a las agencias pertinentes del gobierno que aumenten los recursos de la división que, actualmente, cuenta con 70 inspectores. El destacamento, que antes de la pandemia operaba bajo el nombre de Unidad de Sustancias Controladas, tiene un presupuesto asignado de $1,070,000, además de la asignación de fondos de la Ley Cares.

“Definitivamente, es un asunto que estamos en diálogo con agencias pertinentes. Nosotros en esta oficina estamos para salvar vidas y mucha gente lo desconoce. Nos conocen ahora por el impacto a negocios y ordenes ejecutivas, pero nosotros también velamos por el desvío de productos farmacéuticos; trabajamos con los productos no aprobados por la FDA o Salud que se distribuyen, por ejemplo, en las gasolineras; investigamos la práctica ilegal de la medicina; y asistimos las investigaciones de Salud Ambiental, entre otras cosas”, detalló.

Nuevas exigencias a viajeros que llegan a Estados Unidos

De otra parte, el próximo martes 26 de enero entra en vigor la orden emitida por el gobierno federal que exige una prueba negativa de COVID-19 a todos los pasajeros aéreos que llegan a Estados Unidos o sus territorios (lo que incluye a Puerto Rico).

La prueba debe haberse realizado tres días antes de la salida del vuelo desde el país del que viajen los pasajeros y se hace hincapié en que hay que presentar constancia de una prueba con resultado negativo o una documentación que demuestre su recuperación del COVID-19 a la aerolínea antes de abordar el avión.

Este dictamen se había impuesto antes a todos aquellos que llegaran a suelo estadounidense provenientes del Reino Unido.

La medida, también sugiere la recomendación de que los pasajeros se sometan a una nueva prueba de tres a cinco días después de la llegada al territorio estadounidense y permanecer en cuarentena durante siete días después del viaje.

“Esta estrategia es consistente con la fase actual de la pandemia y protege de manera más eficiente la salud de los estadounidenses”, dijeron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en un comunicado.

Si el viajero es residente legal de los Estados Unidos y tiene más de dos años debe cumplir con la disposición, explicaron los CDC.

El gobierno de Puerto Rico, como parte de sus protocolos, exige a viajeros que lleguen a la Isla presentar una prueba negativa al coronavirus. Actualmente, al País llegan 5,000 pasajeros diariamente, una cifra que en Navidades aumentó a entre 8,000 y 9,000.

Anteriormente, las autoridades admitieron que el 78% de los pasajeros que llegan a la Isla no entregan resultados negativos de pruebas de COVID, aunque destacaron que el 95% de los viajeros son monitoreados por el Sistema SARA ALERT, ya sea por mensajes de textos, llamadas telefónicas o correos electrónicos. Este esfuerzo es realizado por 50 rastreadores en el que participan tecnólogos médicos, enfermeras y 189 guardias nacionales.

Primera Hora pidió el dato actualizado y hubo un compromiso del personal del Departamento de Salud para entregarlo prontamente.

Cabe señalar que en el aeropuerto hay instaladas 11 cámaras termográficas en las áreas de llegada de todos los terminales. Estas cámaras buscan puntos de calor o detectan la temperatura de cada individuo sin que tengan que detenerse, inclusive cuando caminen en grupo. Cuando la cámara detecta 100.3 grados Fahrenheit suena una alarma y sale en los monitores una alerta con al foto y vídeo de la persona para que personal del sistema de vigilancia la pueda identificar y realizar una verificación secundaria.