Al destacar que solo el 13% de las carreteras del país están en buen estado, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó el nuevo plan fiscal para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en el que exige “reforzar las tarifas de los peaje y de las multas mediante modestos aumentos de precios anuales”.

Según explicó el ente en un comunicado de prensa emitido este miércoles, “para compensar los déficits que resultan de años de inversión insuficiente, las tarifas deben aumentar un 8.3% cada año para compensar y ponerse al día con la falta de aumentos desde el actual año fiscal 2022 hasta el año fiscal 2024. Para el año fiscal 2025, el aumento anual disminuirá a la inflación más el 1.5%”.

La Junta no tradujo este cargo estipulado en dólares y centavos hacia el conductor. Solo informó que desde el 2005 no se hacen ajustes a las tarifas de los peajes “por lo que (la ACT) es incapaz de mantener las autopistas con peaje en las condiciones que los conductores y las empresas de Puerto Rico esperan y merecen”.

Otra medida incluida en el plan fiscal de la ACT es que la entidad traspase la administración del Tren Urbano a la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI).

Según la Junta, este plan fiscal fue aprobado “para mejorar el sistema de transportación, promueve inversiones significativas para mejorar la condición del sistema vial de Puerto Rico, estabiliza las finanzas de la corporación pública y permite que la ACT salga de la quiebra”.

Entre otras cosas, requiere que se tomen medidas fiscales que generen $6,000 millones en ingresos adicionales que redunden en mejorar las condiciones de las carreteras del país.

Los miembros del ente fiscal estipularon en su declaración que la Isla no cumple con los estándares nacionales de calidad, seguridad y fiabilidad de las carreteras, porque la inversión que se ha realizado es “insuficiente”. Por ello, indicaron que desarrollaron un plan fiscal que “crea una base financiera sólida para garantizar la reparación, el mantenimiento y las inversiones futuras para asegurar la movilidad de los residentes y permitir que las empresas trasladen su mercancía de forma eficiente”.

La propuesta principal se basa en “aumentar regularmente las tarifas para garantizar un mantenimiento adecuado y continuo”.

Sin embargo, se destacó que la ACT no aplica estos aumentos, provocando que el precio de las tarifas se aleja cada vez más de la inflación y del costo de mantenimiento de las carreteras.

Además, se destacó que se deben maximizar los fondos federales.

“Puerto Rico no puede progresar en su actual recuperación hacia un crecimiento económico sostenible si los puertorriqueños no tienen buenas carreteras por las que transitar”, dijo el presidente de la Junta, David Skeel, en declaraciones escritas.

Añadió que “el sistema de transportación debe ser objeto de una importante reforma para reducir la congestión, apoyar la seguridad en las carreteras y fomentar el desarrollo económico. El Plan Fiscal de la ACT define las reformas necesarias para situar a la ACT en una base fiscal saludable y proporcionar a Puerto Rico un sistema de transportación moderno y eficiente”.

En esta transformación, se le pidió a la ACT que separe la responsabilidad de la construcción y el mantenimiento de las carreteras con peaje a las que no tienen, al crear una Oficina de Administración de Peajes que se encargue exclusivamente de las autopistas con peaje.

De inmediato, ese informó que “el plan fiscal faculta a la ACT para ejecutar un programa de inversión de capital de $11,600 millones en carreteras y tránsito entre el actual año fiscal de 2022 y el 2051, dando prioridad a restablecer el sistema de autopistas a un buen estado de mantenimiento”. Este logro señalado depende del aumento en los peajes propuestos para cada año. Mientras, se indica que para las carreteras sin peaje, se ha autorizado una transferencia anual del gobierno para cubrir sus gastos de operación y atender sus necesidades de capital.