Aun cuando peritos del Negociado de Ciencias Forenses confirmaron que los restos humanos hallados el 21 de septiembre a orillas del río Patagonia, en Humacao, corresponden al niño Dylan Caleb Vega -de dos añitos- y se identificó la causa de muerte del menor, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico necesitan compilar evidencia más robusta a fin de evitar cualquier tropiezo en etapas posteriores a nivel judicial.

Así lo manifestó el capitán Teddy Morales, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, al explicar que tomando en consideración los derechos constitucionales que tienen los acusados “a un juicio justo, rápido y económico” las autoridades, en común acuerdo, han decidido fortalecer sus pruebas.

Por derecho constitucional a toda persona imputada de delito se le debe garantizar no estar detenido preventivamente por un término mayor de seis meses (180 días) sin que se celebre un juicio en su contra. Esta protección constitucional a los acusados inicia desde que se encarcela a la persona procesada por no prestar fianza y está al amparo del Artículo II, sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado.

“Estamos viendo momentos históricos a consecuencia de la pandemia y todos estos términos se están viendo perjudicados… recientemente, hemos visto unas excarcelaciones, unos hábeas corpus, que trastocan lo que es el derecho procesal. En ese sentido Justicia tiene que hacer radicaciones de manera oportuna y consciente de esta envergadura”, dijo Morales.

La semana pasada este diario publicó una investigación en la que se evidenció que la limitación de servicios que ofrecen los tribunales durante la pandemia del COVID-19 –procedimientos que en algunas instancias se paralizaron hasta por cuatro meses– ha provocado un retraso sin precedentes en el organismo judicial, incluyendo que en los primeros seis meses de la cuarentena impuesta por el gobierno se haya tenido que liberar mediante el recurso de habeas corpus a 316 confinados sumariados a los que se les expiró el plazo de detención preventiva en espera de juicio. Esta cifra histórica -que comprende del 16 de marzo hasta el 15 de septiembre- es casi cinco veces más o un 470% por encima de todas las excarcelaciones de este tipo que se dieron en el mismo periodo en el 2019, las cuales suman 66.

Según el capitán Morales, aun cuando hay prueba forense contundente, a nivel procesal Justicia necesita concertar unos detalles sobre unos testigos y otras pruebas adicionales.

Dylan es hijo de una mujer que fue imputada junto a su novio de cometer robo agravado a una pareja de envejecientes. A la pareja -identificada como Leslie Pagán Díaz y José Santiago Maymí, se le radicaron cargos el 22 de septiembre. Precisamente fue durante el proceso de interrogatorio sobre ese caso criminal que Santiago Maymí ofreció información a los agentes judiciales sobre el paradero del niño, quien había sido reportado desaparecido por su padre biológico esa misma semana. Santiago Maymí ha intentado desligarse de los hechos con el argumento de que solo ayudó a la madre del niño a deshacerse del cuerpito.

Se le preguntó al capitán Morales si el hombre figuraría como testigo del Ministerio Público, pero respondió que no podía confirmar o negar la información.

“Es parte de la investigación”, expresó quien tampoco quiso revelar la causa de muerte del pequeño. “No obstante podemos decir que no es una muerte natural”, agregó.

¿El niño murió antes de ser lanzado cerca del río?, le cuestionó la prensa a lo que el agente de ley y orden contestó diciendo lo siguiente: “Esos son elementos precisos que los diremos en su momento dado”.

¿Se le hará justicia al pequeño Dylan? , se le inquirió. “Completamente, el pueblo puede estar seguro de eso”, aseguró.

Vuelven a posponer la vista preliminar del caso de robo

De otra parte, el juez Héctor Hoyos Torres, del Tribunal de Humacao, se vio nuevamente obligado a posponer la vista preliminar contra la progenitora de Dylan y su padrastro, ambos imputados de cargos de robo agravado y violaciones a la Ley de Armas.

Durante la vista, celebrada por video conferencia, solo asistió de manera remota Santiago Maymí, pues el juez explicó que Pagán Díaz está enferma. El hombre es representado por la licenciada Luz Porrata Cotto de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

En cambio, hay una controversia con la defensa de Pagán Díaz pues el abogado de oficio que fue asignado por el tribunal al caso, el licenciado Ángel M. Font, expresó en sala que objetará la orden de representar a al mujer pues es el segundo caso de esta índole que le asignan en menos de un mes.

“Es imposible que habiendo más de 30 abogados que ven casos criminales me toca a mi un caso tan rápido. Voy a objetar esa designación”, le dijo al juez.

De hecho, este sería el segundo intento de que se le asigne un abogado de oficio a la mujer pues, según explicó el juez Hoyos Torres, el caso le fue designado inicialmente al abogado Milton Martínez el pasado 20 de octubre. En cambio, la orden de representar a la mujer indifente fue revertida “porque este abogado se comunicó con el tribunal e informó que hacía varios años, desde 2013, que vive en el estado de la Florida por lo que solicitaba que se dejara sin efecto dicha designación”.

Por solicitud de los fiscales Pedro Anca y Janitza Alsina y a fin de agilizar los procesos el juez citó a las partes para el 5 de noviembre a una vista de estado de procedimientos en la que se debe informar si el licenciado Font continuará representando a la mamá de Dylan o si le fue asignado otro abogado.

Mientras, la vista preliminar fue pautada para el viernes 13 de noviembre a las 10:00 de la mañana.